A mediados de marzo, familiares de víctimas de la gerencia militar fascista de Argentina entraron con un proceso civil en Buenos Aires contra los bancos extranjeros que no se cansaron de prestar dinero para financiar el "Proceso de Reorganización Nacional", nombre fantasía del brutal régimen militar que vigoró en nuestro mayor vecino entre 1976 y 1983, y que quedó marcado sobre todo por el entreguismo más sin vergüenza y por los miles de secuestros y asesinatos que cometió.

A mediados de la década de 1970, los grandes bancos internacionales tenían los cofres llenos de petrodólares ociosos, y su necesidad de multiplicar los activos prestando dinero a intereses exorbitantes para generales aparentemente nacionalistas puede ayudar a explicar la perpetuación de muchas dictaduras militares alrededor del mundo. Fue el caso de Argentina.

Pero el combativo pueblo argentino continúa dando señales de que no acepta las maniobras para mitigar el pasado de terror, realizadas por los falsos demócratas desde que ellos hicieron buenos acuerdos de gentlemen con los generales y restablecieron los ciclos electorales capitaneados por latifundistas y burgueses.

Ejemplos son la Ley de Amnistía brasileña de 1979, impuesta por los tiranos, que habría "perdonado los dos lados" (como si la lucha armada contra la opresión fuese motivo de penitencia), y los indultos concedidos a los asesinos argentinos en 1989 y 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem.

La acción ahora impetrada por los familiares de las víctimas de la represión en Argentina se basa en los principios jurídicos que rigen a llamada "responsabilidad corporativa por complicidad", cuyos antecedentes remontan al tribunal de Nuremberg, donde fueron condenados los generosos empresarios alemanes que donaban dinero a la policía política de Hitler, y que nortean también el proceso que las víctimas del régimen de apartheid en Sudáfrica mueven actualmente en Nueva York contra sus verdugos.

La ayuda financiera prestada por los bancos extranjeros citados en el proceso iniciado en Buenos Aires no sólo facilitó el yugo de las clases dominantes a través de los milicos sobre el pueblo argentino, pero también reforzó la máquina asesina comandada por oficiales formados en USA.

Más específicamente, los reclamantes presentaron pruebas de que los préstamos concedidos por la banca internacional contribuyeron decisivamente para mantener la junta militar en el poder, garantizando su acceso a millones de dólares en momentos en los cuales el régimen se metió en extremas dificultades financieras, y asegurando el mantenimiento de una gerencia militar criminal hasta que la gran burguesía y latifundistas porteños se entendieran sobre la mejor manera de perpetuar su dominación sin el constreñimiento de los uniformes y patentes.

Milicos salvos por los banqueros

Los préstamos de los bancos entraban en Argentina vía YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la empresa estatal petrolífera del país, atrás de la cual la junta militar escondía — sólo para quien no quisiera ver — el hecho de que el dinero era en realidad para financiar el Estado terrorista. Más de 70 instituciones bancarias prestaron dinero para la YPF entre 1976 y 1983, entre ellas el Bank of America, Citibank, Banco de Boston, Lloyds, Banco di Roma y hasta el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), uno de los cinco brazos del Banco Mundial. La propuesta original del BIRF era financiar la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial, pero, como se ve, acabó aún financiando la saña cruel de militares y capitalistas en los mares del sur.

En 1999 Menem vendió la YPF para la multinacional española de energía Repsol por una pichincha, pero no fue la feliz compradora quien asumió los gravámenes de lo que se tomó prestado años antes. Tal vez los españoles hayan alegado que nada tenían con esto. Finalmente, el dinero no llegó a ser utilizado para explotación, refino y venta de petróleo, pero sí para secuestrar, matar y desaparecer con los cuerpos de quien se atrevió a luchar contra el esquema armado entre la élite argentina, sus milicos y el capital sin fronteras.

Las políticas económicas de la gerencia militar, volcadas para facilitar la rapiña voraz por parte del capital externo y la distribución de migajas en dólares para las clases dominantes locales, llevaron a la caída acentuada de la demanda externa por productos argentinos y al fuerte declino de la actividad industrial. Entre 1976 y 1980, el déficit fiscal fue del 7,4% del PIB, y del 14,6% entre 1981 y 1983. Sin la financiación de banqueros extranjeros, los golpistas tendrían las manos atadas por la paralización de todo el aparato estatal. Tendrían que parar de matar, torturar y entregar el patrimonio de Argentina para el capital internacional. Pero, en vez de eso, el presupuesto militar creció más que el doble entre 1975 y 1983.

Y más: las consecuencias de la sangría del endeudamiento público son sentidas hasta hoy por el pueblo argentino. La deuda externa del país saltó de US$ 6,5 millones en 1976, año del golpe para US$ 31,7 millones en 1983, año de la llamada "redemocratización" (ver box), siendo que dos tercios de este total correspondían a deudas bancarias, y súmese a eso los más de US$ 5 millones en títulos argentinos que también estaban en poder de banqueros yanquis y europeos. En una triste ironía, fue con títulos del gobierno que Argentina intentó comprar la resignación de los castigados de otrora, bajo la falacia de la "reparación", como si los males causados pudieran ser resarcidos.

Esto fue decidido por el Estado argentino en 1997, pero el valor de la papelada indemnizatoria sólo fue calculado en 2002. Poco después, los Títulos de Consolidación de la Deuda Pública usados para saldar lo impagable entraron en el proceso de renegociación de la deuda externa de Argentina durante la grave crisis que el país atravesó en el inicio de esta década, y perdieron dos tercios de su valor. O sea: en el fin de las cuentas, las víctimas directas de la tiranía militarizada ayudaron a pagar a los bancos internacionales los intereses de la deuda asumida por los milicos exactamente para masacrar el pueblo.

Siguiendo la agenda del imperialismo

Pocos días después que los argentinos impetraron la acción contra la banca extranjera, a finales de marzo, más precisamente el último día del mes, el festival internacional de documentales "Es Todo verdad" exhibió en Río de Janeiro la película "Ciudadano Boilesen", del director Chaim Litewski. Se trata de la historia de Henning Albert Boilesen, danés que vino para Brasil en 1942, con 24 años, y acabó haciéndose presidente del Grupo Ultra después de naturalizarse brasileño e ingresar como contador en la Ultragás.

Pero estará redondamente engañado quien piense que el argumento para la obra fue la historia apelativa del inmigrante descapitalizado que trabajó duro y acabó patrón. No. Lo que dio una película fue un registro menos sentimental de su biografía. El documental muestra como Boilesen fue uno de los hombres que más donaron dinero para la gerencia militar fascista de Brasil los años 1960 y 1970. Según algunos de los entrevistados por Chaim Litewski, el virtuoso danés, hombre de fibra y de tratos, tenía por hábito "dar una pasadita" para espiar las sesiones de tortura del Doi-Codi de São Paulo. Por sus conexiones con la represión, acabó muerto por la lucha armada en 15 de abril de 1971, en una acción conjunta de la ANL (Acción Libertadora Nacional) y del MRT (Movimiento Revolucionario Tiradentes).

Boilesen no fue el único empresario que dio dinero para los militares brasileños lubrificar la máquina de la represión; fue sólo el más desvergonzado, el más sádico. Entre aquellos que prefirieron hacerlo en las sombras, están nombres como el del propio hijo del fundador del grupo Ultra, el "gran emprendedor" Pery Igel.

Otro respetable hombre de negocios que abrió la billetera para los milicos fue Sebastião Camargo, fundador del grupo Camargo Corrêa, para sorpresa de los desavisados que por poco no cayeron en la labia del senador Agripino Maia, cuando el doctor intentó explicar la fortuna que la constructora lanzó en los partidos políticos brasileños: "La donación que la constructora Camargo Corrêa hizo a mi partido, como lo hizo en el plano nacional, para diversas campañas municipales, como a otros partidos, debe haberlo hecho por entender que la democracia tiene que ser sostenida, estimulada y que la democracia es gobierno y oposición". Sabemos bien qué tipo de democracia agrada a la Camargo Corrêa.

Es probable que el documental "Ciudadano Boilesen" ni siquiera llegue a la mayoría de las salas de cine de Brasil, hoy controladas por tres grandes grupos de entretenimiento más acostumbrados a las nuevas versiones de películas B de la década de 1980.

Es una pena. El tema de la financiación de la represión interesa, y mucho, al pueblo brasileño. Aún más ahora, que el Fórum de Ex-Presos Políticos del Estado de São Paulo acusó la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), de utilizar una lista elaborada por el Departamento de Orden Política y Social, el Dops, con los nombres de personas prohibidas de ser empleadas en las fábricas de empresas afiliadas a la entidad patronal. Que la Fiesp tenía sus listas nadie tiene duda. La novedad, si la gran "lista negra" haya existido, quedaría por cuenta de una unión de esfuerzos más sistemática entre la Fiesp y los órganos de la gerencia militar fascistas.

Tampoco es novedad que muchos banqueros y los empresarios reunidos en la Fiesp hayan financiado la Operación Bandeirantes (Oban), que aniquiló muchos militantes de la lucha armada contra los "gorilas". Como se ve, los golpes y gerencias militares del Cono Sur no fueron fruto sólo de la voluntad de generales insatisfechos con los rumbos de sus naciones, como la historiografía oficial intenta hacer creer. Los regímenes de excepción contaron con el empujón y el mantenimiento dados por el gran capital, el de dentro y el de afuera, que normalmente operaban — y aún operan — siguiendo la programación del imperialismo yanqui.

Para no dejarse iludir

Este proceso que se inicia ahora en Argentina contra la banca internacional es de suma importancia para el esclarecimiento de los meandros de la dictadura militar y para responsabilizar los verdugos del pueblo. Es fundamental principalmente para que las nuevas generaciones sean conocedoras de la verdad de los hechos, teniendo acceso a las informaciones inconvenientes para la burguesía que ciertamente no irán a ser encontradas en la historiografía oficial.

Por otro lado, el desarrollar de los autos de esta acción contra los financiadores de la represión estará orientado por los principios del derecho internacional, estructura jurídica burguesa completamente desprovista de censo ético o de justicia. Tales principios, reunidos, constituyen la piedra angular para la expansión del capitalismo financiero y monopolista global, el mismo cuyas instituciones prestaron dinero para que los generales porteños secuestrasen y matasen miles de personas a su entender, y sin mayores inconveniencias legales.

Así, aunque el proceso movido por los argentinos sea de gran valía para la lucha de las masas, sus consecuencias jurídicas están predestinadas a no sobrepasar los límites del respaldo a la orden burguesa, delimitados por el péndulo legal de su propia jurisprudencia.

Los límites del encuadramiento de los bancos que prestaron dinero para la dictadura argentina en la tal "responsabilidad corporativa por complicidad" es una dificultad semejante a aquella enfrentada por João Vicente Goulart, hijo del ex presidente João Goulart, en su esfuerzo para responsabilizar a USA por la participación de la CIA en la deposición de su padre de la presidencia de Brasil y en la instauración de la dictadura militar en nuestro país.

João Vicente aún no consiguió ni siquiera llevar el proceso adelante, porque esto depende de la judicatura brasileña reconocer que la intervención de la CIA fue un acto de injerencia practicado a mando del gobierno yanqui, y no una acción aislada de agentes enloquecidos que decidieron por cuenta propia derrumbar un gobierno democrático de América del Sur. Por cobardía, esto aún no fue hecho, lo que demuestra  cuánto nuestro sistema legal sirve al compromiso semicolonial.

Si un día el hijo de Jango conseguir que el Estado brasileño accione judicialmente el Estado yanqui por sus crímenes cometidos aquí, es improbable que algo de concreto sea alcanzado en el ámbito del derecho de jurisdicción global, el derecho imperialista, aunque todas la evidencias estén ahí para quién quiera ver. De la misma forma, los reclamantes de Argentina necesitarán probar a un sistema jurídico viciado por las relaciones de poder establecidas entre el imperialismo y las clases dominantes locales que ellos propios sabían de las atrocidades practicadas por los generales a los cuales prestó millones de dólares. Ni por eso las iniciativas de João Vicente y de nuestros bravos vecinos son menos corajosas, o dejan de valer la pena.

Además del mito de que el derecho internacional puede de alguna forma servir a los intereses de los pueblos del mundo, cuando se habla en los regímenes militares fascistas en América Latina es preciso cuidado para no dejarse llevar por una otra ilusión, la de la llamada "redemocratización" de países como Brasil y Argentina.

Lo que sucedió en realidad fueron transiciones cuidadosamente planeadas, arreglos entre los militares, oligarquías, monopolios extranjeros y emisarios de USA, cuyo objetivo principal era no dejar fortalecer el verdadero proceso revolucionario, aquel protagonizado por las masas. Se instauró entonces un remedo de democracia, la de la pequeña política burguesa, del tipo espurio, donde los bancos continúan haciendo la fiesta de los ricos y penalizando los trabajadores, donde las reformas del capital vienen siendo llevadas a cabo bajo el manto indulgente de las farsas electorales.

Hoy, sin embargo, en medio de una nueva crisis general de superproducción relativa del capitalismo, el proceso revolucionario auténtico está en la orden del día de las clases oprimidas, que sólo a través de él estará libre de la represión y de sus financiadores, y conseguirá caminar rumbo a la democracia nueva.

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