Los milicos comieron la carne y el oportunismo roe los huesos

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Los milicos comieron la carne y el oportunismo roe los huesos

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El testimonio del facineroso Paulo Malhães, coronel retirado del ejército brasileño, a la Comisión de la Verdad, confirmando sus declaraciones al monopolio mediático es de una tamaña frialdad que sólo puede ser atribuida a alguien que tiene absoluta certeza de la impunidad. Al declarar que mató y torturó tantos cuantos fueron necesarios y al describir los métodos más que inhumanos de cómo se deshacía de sus víctimas, el torturador revela con su libertad para reafirmar las monstruosidades practicadas y para insultar la conciencia mínimamente democrática, que el régimen militar solamente dejó el primer plano del poder y que su naturaleza y esencia siguen vigentes.

No sin motivo, que, solamente a los treinta años del fin del régimen militar, están siendo confirmadas las denuncias de los presos políticos y de los familiares de los asesinados y desaparecidos durante el periodo del fascismo explicito impuesto a la nación y al pueblo por el imperialismo yanqui, por los latifundistas y gran burguesía locales. Los milicos anticomunistas, fascistas y corruptos, devoraron la carne de muchos de los opositores a su odioso régimen y al imperialismo que mantiene y reproduce el sistema de miseria y hambre, semifeudal y semicolonial, aún en plena vigencia en el país.

Devoraron la carne y largaron las osamentas en lugares, solamente por ellos sabidos, pero que poco a poco fueron siendo descubiertos hasta ser colocados sobre la mesa de los oportunistas del PT y PCdoB, que hace once años asumieron el viejo y genocida Estado brasileño como sus gerentes de turno, en el designio de mantener la explotación y opresión del pueblo, así como la subyugación nacional. Confesando su infame papel de nuevos lacayos del imperio, Lula y Dilma, teniendo sobre su mesa las osamentas de los mártires de nuestro pueblo, pasaron a roerlas extendiendo y prolongando la tortura a sus familiares al posponer su soñado deseo de ver identificados los huesos de sus entes queridos para, finalmente, sepultarlos de forma decente y humana. En esto se puede verificar hasta donde se rebajan los cobardes, pues ni siquiera son capaces de hacer algo que es una simple cuestión humanitaria. Esto porque, cobrar de renegados la justicia pendiente sería una tola ilusión. Finalmente, ¿qué se puede esperar de un agente patronal como Lula y de una delatora como Dilma?

La barbaridad en números

Trescientos y cincuenta y cuatro personas, torturadas y sumariamente ejecutadas y cuyos cadáveres continúan desaparecidos, estos son los datos de la Comisión de Muertos y Desaparecidos, presentados por el jurista Fabio Conder Comparato cuando confrontado con las declaraciones de militares, según los cuales la “Comisión de la Verdad” creada por la gerentona  Dilma Rousseff sería parcial, pues estaría investigando sólo un lado de la contienda entre los militares golpistas de 1964 y sus oponentes. Comparato completó sus declaraciones a la Revista Piauí número 64, adicionando los siguientes datos: 20 mil presos políticos, muchos torturados hasta la muerte; 10 mil personas que respondieron a interrogatorios policías militares; 707 denunciadas y procesadas criminalmente por crímenes contra la seguridad nacional; 130 proscritos; casi 5 mil funcionarios públicos dimitidos.

Según el Ministerio Público Federal, por lo menos 12 asesinados por el régimen militar fascista pueden haber sido enterrados en la fosa clandestina del cementerio Don Bosco, en el barrio de Perus (São Paulo), de donde fueron retiradas, hace 22 años, 1.049 osamentas.

En el caso de la Guerrilla del Araguaia han valido más los esfuerzos de los parientes de los desaparecidos en buscar los locales indicados por testigos informales y en el accionar de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, órgano conectado a la OEA y acogido en Costa Rica, para localizar los cuerpos de los cerca de 70 guerrilleros del entonces revolucionario Partido Comunista del Brasil desaparecidos en la región.

El silencio como cuestión de Estado

No cabe duda de que el silencio en torno al paradero de los restos mortales de las víctimas del régimen militar y de las circunstancias en que fueron muertos, se trata de una verdadera cuestión de Estado. Por lo tanto una confirmación de ser las fuerzas armadas la columna vertebral de este viejo y genocida Estado, sea ella con cuál máscara se presente: una dictadura fascista declarada o un régimen demo-liberal. La verdad es que todos los gerentes, desde Sarney a Dilma Rousseff, hicieron acuerdo con los militares para impedir que la verdad fuese conocida y, más que eso, que no hubiese punición de los torturadores y asesinos del régimen militar. El Supremo Tribunal Federal, cumpliendo su parte en la “red del silencio”, derrumbó, en Brasilia, la acción de inconstitucionalidad impetrada por la Orden de los Abogados. Para la OAB, la Ley de Amnistía no beneficiaba agentes del Estado torturadores. Esa fue también la comprensión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2010 recibió la denuncia contra el Estado brasileño y, después de oír la acusación y la defensa hecha por un abogado del Ministerio de la Defensa, divulgó la sentencia. Por unanimidad, la Corte condenó el Estado brasileño “por graves violaciones a los derechos humanos”. Y concluyó que las disposiciones de la Ley de Amnistía brasileña que impiden la investigación de “graves violaciones a los derechos humanos” son incompatibles con la convención de la OEA, de la cual el Brasil es signatario. De este modo, no podrían servir de obstáculo para la investigación no sólo de los desaparecidos en el Araguaia como también de todos los otros casos de torturas y asesinatos.

Costurando el pacto del silencio

La periodista Consuelo Dieguez, de la Revista Piauí (edición nº 64), cuenta como fueron las articulaciones para la creación de la “Comisión de la Verdad” sin el carácter punitivo. El gobierno entonces actuó y aceleró el envío al Congreso del proyecto sobre la “Comisión Nacional de la Verdad”. Durante un almuerzo en un restaurante de culinaria árabe, en Brasilia, el ex-diputado José Genoíno, hoy asesor del Ministerio de la Defensa, contó como ella fue creada. La propuesta fue discutida por primera vez en 2008 y habría colocado en lados opuestos dos ministros del gobierno Lula: de la Defensa, Nelson Jobim, y de los Derechos Humanos, Paulo Vanucchi.

Inicialmente, Vanucchi habría ganado la situación. De la forma como la medida fue presentada a Lula, la dicha “Comisión” surgía con el objetivo no sólo de investigar las violaciones de los derechos, pero tendría también poderes de juzgar los crímenes del Estado. Los comandantes militares reaccionaron y se reunieron con Nelson Jobim y le dijeron que no aceptaban la medida. Jobim llevó a Lula la propuesta de los comandantes: investigación sí, pero nada de juicios. Y dejó claro al presidente que se dimitiría del Ministerio de la Defensa si la propuesta fuese rechazada. El presidente concordó con Jobim y Vanucchi, amigo personal de Lula, acabó dejando la Secretaría Especial de los Derechos Humanos.

Genoíno trabajó en el proyecto junto con Jobim y el jefe del Estado-Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general José Carlos de Nardi. “Sistematizamos una serie de leyes de comisiones de la verdad para llevar a los diputados”, contó el ratón Genoíno. Las primeras reuniones fueron con los líderes de la oposición: Antônio Carlos Magalhães Neto, del DEM, Duarte Nogueira, del PSDB y Rubens Bueno, del PPS. El DEM, que tenía más resistencias a la creación de la comisión porque muchos de sus integrantes apoyaron el régimen militar, aprobó la propuesta. Las negociaciones fueron más fáciles con el PSDB porque el proyecto contaba con la simpatía del ex-gerente federal Fernando Henrique Cardoso, de quién Jobim había sido ministro de la Justicia.

Testimonios de militares a la “Comisión” ya confirmaron que Rubens Paiva fue torturado y asesinado, pero aún no hay informaciones sobre el paradero de sus restos mortales. Reportaje del periódico O Globo afirma que el cuerpo fue enterrado en una playa, desenterrado, enterrado nuevamente y, finalmente, lanzado al mar. La “Comisión” pretende oír nuevamente el general Belham, que tendría esa información, pero no quiere más hablar sobre el asunto.

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