Rondônia

Después de amenazas, ejército desembarca en Cerejeiras

Tropas da Força Nacional desembarcam em Vilhena

Era 9 de noviembre cuando llegó al área Zé Bentão (parcela de la hacienda Santa Elina, en Corumbiara – RO, retomada por los campesinos) una comitiva del Incra, compuesta por el superintendente regional Carlino Lima, la ouvidora agraria regional Márcia do Nacimento Pereira, el coronel de la Policía  Militar Marcio Araújo Pinto, el delegado agrario Lucas Torres Ribeiro, además de diversos otros policías civiles y militares fuertemente armados con fusiles y ametralladoras, en un total de 5 vehículos.

Había sido acertada una fecha para que comparecieran al campamento, pero no era aquella.

Según el relato de los campesinos, Carlino Lima, arrogantemente, afirmó que no estaba allí para oír a nadie, y dijo que a partir de entonces, él y el Incra “eran los dueños de las tierras de la hacienda Santa Elina, que fue comprada con dinero del tesoro nacional”. Dijo también que él y el Incra irían a determinar las reglas, que irían a hacer una “pre selección” y quién no se encajase en el perfil sería excluido.

El Comité de Defensa de las Víctimas de Santa Elina – Codevise llama la atención para el hecho de que es justamente eso que denunciaban hace mucho: el Incra pretende desalojar las familias de las áreas Zé Bentão y Maranata, tierras de las cuales los campesinos y familias remanecientes de la batalla de 1995 son los legítimos dueños.

El Codevise aún denuncia que “varias personas habrían comprado lotes y otros serían beneficiados por el Incra sólo por ser de la base de actuación de politiqueros”, y que “el Incra está prometiendo lotes en la hacienda Santa Elina en todos los campamentos esparcidos en Rondônia”.

Aún durante el pasaje de la comitiva en el área Zé Bentão, en una maniobra denunciada por los campesinos, la ouvidora agraria Márcia hizo circular una lista cuyo encabezamiento presentaba la frase: “desocupación pacífica del inmueble para futuro asentamiento”.

Los campesinos también protestaron contra la presencia policial, que a todo momento amenazó e intentó intimidar las familias ostentando sus armas, y se manifestaron contra la tentativa de desalojo:

“Exigimos que el Incra respete la organización interna del área. Exigimos que el corte de la tierra sea respetado, siendo 296 lotes de 8 alqueires, 4 alqueires más de reserva en bloque (sin contar las tierras de la hacienda Maranata y Nossa Senhora Aparecida que aún no fueron cortadas). Exigimos que todas las personas que hoy viven y trabajan en sus posesiones tengan derecho de continuar en esas tierras produciendo. Y exigimos que cese cualquier intimidación por parte de la policía.

No estamos dispuestos a perder todo lo que conquistamos con mucha lucha, sudor y sangre y por eso resistiremos a cualquier tentativa de desalojo. Y si ocurrir un conflicto, el Incra, la ouvidoria agraria, el gobierno federal y estadual y la policía serán enteramente responsables por lo que suceda de malo a las familias de campesinos.”

Ejército prepara operación

El Comité de Defensa de las Víctimas de Corumbiara – Codevise informó en nota datada de 27 de noviembre que “tropas del ejército brasileño y Fuerza Nacional están estacionadas en la ciudad de Cerejeiras, otras unidades de la Aeronáutica que cuentan con helicópteros y aviones están en Vilhena para participar de operaciones en la región sur del estado. Una de esas acciones sería realizar la retiradas de las más de 260 familias que en diciembre conmemoran un año de la realización del corte popular y posesión de las tierras por los remanecientes de las víctimas de Santa Elina y campesinos sin tierra. Desde julio de 2010 estas familias retomaron las tierras tras 15 años de promesas y engaños.

En los últimos meses el Incra y la Fetagro retomaron esos ataques, amenazando las familias que trabajan y producen en las tierras, de ser desalojadas. Las policías militar y civil han realizado investigaciones de liderazgos y trabajadores objetivando su prisión y persecución. Miembros de la Fetagro y representantes del Incra también han realizado un amplio trabajo de alcahuetería de activistas y liderazgos campesinos junto a la policía.

La situación es grave, están preparando una ola de prisiones y persecuciones a los campesinos de Santa Elina. Un delegado que estuvo en el área dijo que harían como en el sur de Pará, en alusión a llamada operación “Paz en el Campo” llevada a cabo por la entonces gobernadora Ana Júlia Carepa (PT) en el desalojo de 1.100 familias de la hacienda Forkilha en noviembre de 2007. En esta ocasión cerca de 200 campesinos fueron detenidos y torturados por la PM y doce activistas que participaron de la movilización para la toma del área fueron asesinados posteriormente por pistoleros al servicio del latifundio.

El gobierno Dilma Roussef (PT) ya dejó claro que esta es su política agraria, o sea, financiar el agronegocio exportador de materia prima barata y concentrador de tierras con miles de millones, y criminalizar los campesinos que luchan por la tierra de forma combativa. Hace años Lula prometió que asentaría las víctimas de Santa Elina, pero nunca hizo nada. Ni siquiera una delegación de campesinos que permanecieron acampados en Brasilia por más de 23 días en agosto de 2007. Después de tanto esperar, las familias decidieron retomar las tierras y exigen el reconocimiento de su posesión.”

Campesino es secuestrado y torturado por policías

Denuncia de la LCP – Liga de los Campesinos Pobres de Rondônia y Amazônia Occidental vehiculada en resistenciacamponesa.con el día 23 de noviembre de 2011 informa que, el día 18 de noviembre, el campesino Luiz Antunes fue cobardemente torturado por policías civiles y militares del municipio de Buritis, en  Pará, Río Alto.

Luiz retornaba de la ciudad cuando fue acorralado por tres camionetas sin identificación próximo a su lote. Cerca de 15 policías armados salieron de los vehículos y, sin ninguna explicación o preguntas, lo derrumbaron, pisaron en su garganta e iniciaron sesiones de asfixia con bolsa de  plástico, zurra con cachiporras y con un mango de hoz. Con eso, ellos pretendían que el campesino asumiera la culpa por delitos ocurridos en la región del Proyecto de Asentamiento Río Alto y lo torturaron durante dos horas.

Después de la sesión de torturas, los policías llevaron Luiz al hospital municipal para que sus graves heridas fueran tratadas y no denunciase la tortura, e hicieron circular en internet la noticia de que el campesino “había corrido de moto al avistar los vehículos y que sus heridas eran causadas por una caída que había sufrido durante la fuga”. Y como si no bastara, Luiz aún permaneció detenido por dos días en la comisaría de Buritis antes de ser liberado.

Luiz Antunes es habitante del mismo asentamiento en que los dirigentes de la LCP, Élcio Machado y Gilson Gonçalves, fueron bárbaramente torturados y asesinados en diciembre de 2009. Hasta hoy los responsables por estos crímenes siguen impunes.

Pistoleros y policías desalojan familias

Escrito por LCP de Rondônia y Amazonia Occidental  

En el día 8 de noviembre las familias de Barro Branco, área localizada en el municipio de Chupinguaia, fueron cobardemente atacadas por, por lo menos, 15 pistoleros y policías militares. Las pocas pertenencias de las familias fueron destruidas y las personas se refugiaron en la mata.

Es la repetición de una serie de atentados contra esas familias, que hace más de 8 años viven y trabajan en el área Barro Branco. Ellas ya habían sido desalojadas en septiembre de este año. En la ocasión, los campesinos perdieron sus tierras, sus casas, producción y todo lo que habían construido o reformado fue quemado y destruido. Un representante del Incra llegó a dar un sopapo en el rostro de un campesino que resistía al desalojo.

Los campesinos tuvieron que acampar en el borde de una carretera y tentaban  reorganizarse para retomar el área cuando fueron nuevamente atacados.

Las familias de Barro Branco siguen organizadas y decididas a retomar sus tierras.

Victoria contra la criminalización del movimiento campesino

Con informaciones de la LCP de Rondônia y Amazonia Occidental   

En la edición nº 35 de AND, publicada en julio de 2007, era informada la absolución de los campesinos Wenderson dos Santos, conocido como Ruço, y Joel Gomes da Silva en un jurado popular. Ruço fue prisionero político durante cuatro años. Él pasó el fin de su detención en el mal afamado presidio Urso Branco, en Porto Velho, Rondônia, y la lucha por su liberación resultó en una campaña internacional que contó con la adhesión de personalidades democráticas, organizaciones sindicales y de lucha popular y de centenares de personas.

Edilberto Resende da Silva era acusado en el mismo proceso de porte ilegal de arma de fuego y de haber matado un pistolero del latifundista conocido como ‘Gallo Viejo’.

Pasados cuatro años de la absolución de Ruço y Joel, Edilberto fue para el banco de los acusados. Nuevamente él fue blanco de acusaciones infundadas y ataques del fiscal Adilson Donizete de Oliveira, que en su discurso trascendió el límite de lo ridículo al intentar asociar la lucha de los campesinos por la tierra a las Farc e incluso a la Al Qaeda.

Y una vez más fue probado que los campesinos eran inocentes de las acusaciones hechas por el latifundio, por el fiscal y por el mayor Ênedy Días de Araújo, invocadas en diversas oportunidades por el monopolio de la prensa.

Edilberto fue absuelto. Una importante respuesta de la lucha campesina frente a la odiosa campaña de criminalización de los luchadores del pueblo en Rondônia y en todo el país.

Paraíba

Liderazgo asesinado por pistoleros

José Gomes de Lima, liderazgo del MST y presidente de la Cooperativa Rural del Asentamiento Venâncio Tomé de Araújo, fue asesinado en una emboscada en Campina Grande – PB, en 25 de noviembre.

Su cuerpo fue encontrado por habitantes del poblado Curral Velho, en la región de divisa entre los municipios de Campina Grande y Boa Vista.

De acuerdo con relatos, José Gomes seguía de motocicleta con destino a su residencia en el asentamiento Venâncio Tomé de Araújo, cuando fue sorprendido por pistoleros en las proximidades de la Hacienda Quixaba.

Él fue asesinado con seis disparos de revólver calibre 38 que lo alcanzaron en la espalda y en la cabeza. Sus familiares denunciaron que hace varios días venía siendo amenazado de muerte por personas desconocidas en la región que cuestionaban la posesión de la tierra donde, él y 20 familias más, residen hace cerca de 11 años.

Mato Grosso do Sul

Cacique, mujer y niño asesinados

Con informaciones del blog del Sakamoto

En 18 de noviembre los guaraní-kaiowá denunciaron el asesinato del cacique Nísio Gomes, de una mujer y un niño de cinco años, por disparos de grueso calibre efectuados por pistoleros en el lugar conocido como Ochokue/Guaiviry, en las proximidades de la Vila de Tagi, al borde de la MS-386, entre Punta Porã y Amambai, en  Mato Grosso do Sul.

Según las denuncias, el cuerpo del cacique fue transportado del campamento en una camioneta y puede haber sido llevado para el Paraguay, cuya frontera queda a media hora del local.

El asesinato del cacique se dio después de una serie de amenazas hechas por latifundistas de la región. Días antes, un grupo del cual el cacique Nísio Gomes pertenece fue cercado por pistoleros fuertemente armados y sufrido serias amenazas de muerte.

En un periodo de ocho años, de 2003 a 2010, Mato Grosso do Sul concentró 55,5% de los casos de asesinatos de indígenas en el país. Según el Informe de Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Mato Grosso do Sul, preparado por el Consejo Indigenista Misionario – Cimi, fueron por lo menos 250 casos registrados.

Traducciones: [email protected]