En febrero de este año, AND ya había reproducido en su edición nº 86 la denuncia de la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) de Rondônia y Amazonia Occidental: “Confúcio y Dilma preparan expulsión de campesinos”.

O despejo contou com 100 militares, 12 agentes do Noe e 2 delegados da PF

Ya en enero, la LCP apuntaba que “Confúcio Moura aprobó, a través del Consejo Nacional de los Sistemas Estaduales de Investigaciones Agropecuarias – Consepa1, la elaboración de un ‘plan de manejo para el área de Preservación Ambiental Río Pardo y Flona  Bom Futuro” y que con eso preparaba el terreno para “expulsar más de 5 mil trabajadores de las tierras para entregar las riquezas naturales para grandes madereras y grandes mineras con el extraño argumento de ‘preservación ambiental’”.

A partir de entonces, la vida del pueblo de Río Pardo ha sido un tormento. Las familias de campesinos, pequeños y medios productores que hace más de 13 años viven, trabajan y producen en aquella área de aproximadamente 97 mil hectáreas, sufren constante amenaza de expulsión. Decenas de soldados del ejército brasileño circulan en toda la región ostentando su aparato de guerra.

En la mañana de 13 de septiembre, ocurrió una tensa reunión entre habitantes de la Flona (Floresta Nacional) Bom Futuro; Jucy Gomes, representante de la APA (Área de Protección Ambiental) Río Pardo; Ana Rafaela, representante del ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad); y João Caetano, de la Ouvidoria del Ministerio del Desarrollo Agrario.

Tal reunión tenía como objetivo comunicar a las cerca de 40 familias habitantes de la Flona Bom Futuro que serían desalojadas. Vestidos con chalecos militares y fuertemente escoltados por soldados del ejército, los representantes del viejo Estado leyeron el texto del Laudo de Interdito Proibitório nº 8568/73 de 2009, que determinaba el día 17 de septiembre como fecha límite para que todos los habitantes de la Flona dejasen sus respectivas propiedades y permaneciesen acampados “dentro del perímetro urbano del distrito durante unos treinta días sin ningún destino final” [fuente: periódico Folha dos Municipios].

Indignados, los habitantes cercaron los representantes de las ONG y protestaron vehementemente contra la nueva tentativa de expulsión de las familias de la Flona Bom Futuro.

En 19 de septiembre, cumpliendo determinación del juez Cláudio Henrique Fonseca de Pina, de la 5° Vara Federal, fue puesta en marcha la llamada “Operación Éxodo”, para expulsar de forma violenta los habitantes de la Flona. Según determinación del juez, la operación deberá remover todas las familias dentro de diez días.

La operación cuenta con un efectivo de cien militares del 6º BIS (Batallón de Infantaria y Selva) de la Frontera de Guajará  Mirim, 12 agentes del NOE (Núcleo de Operaciones Especiales) del servicio de patrulla de las carreteras federales, ocho agentes y dos delegados de la Policía Federal. Toda la acción de expulsión de las familias es coordinada por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, órgano vinculado al Ministerio del Medio Ambiente. La Ouvidoria Agraria Nacional y Sistema de Protección de la Amazônia también integran la operación.

De acuerdo con reportaje publicado en el periódico Folha dos Municipios, que circula en varias ciudades de Rondônia, hasta el día 20 de septiembre, ocho familias ya habían sido removidas del área, “tiradas a la intemperie sin el debido cumplimiento del TAC entre Gobierno Estadual y habitantes”. Aún de acuerdo con ese reportaje, “las familias están siendo obligadas a alojarse (sic) en las dependencias de la única escuela existente en la ciudad del Río Pardo causando la paralización total de las aulas, además de ser entregada para cada familia una lona plástica y una cesta básica con capacidad de alimentar solamente por un día para cada familia retirada”.

Otro despejo violento

O cerco policial à fazenda durou mais de 40 horas

El día 11 de septiembre ocurrió el desalojo violento de más de 80 familias acampadas en el latifundio Riacho Doce, en Seringueiras, región este de Rondônia.

La operación contó con policías militares del Goe (Grupo de Operaciones Especiales) del 2º BPM; militares del Servicio de Radio-Patrulla de Ji-paraná, Alvorada, San Miguel, Seringueiras y San Francisco; policías del Servicio Reservado del 2º BPM; integrantes del Cuerpo de Bomberos de Ji-paraná, Agencia de Defensa Sanitaria Agrosilvopastoril del Estado de Rondônia – Idaron y Secretaría Municipal de Salud de Seringueiras. Márcia do Nacimento, representante de la Ouvidoria Regional del Incra, también integró la operación.

Para impedir la acción policial, los campesinos colocaron fuego en uno de los puentes que dan acceso a la hacienda. Después de más de 40 horas de cerco policial, liderazgos del campamento decidieron desocupar el área.

Policías ocuparon el campamento y dieron proseguimiento al ataque contra los campesinos. Sin aguardar que las familias retirasen sus pertenencias de las barracas, policías militares iniciaron la destrucción de las viviendas.

Según reportaje publicado en jornalrondovale.con, “muebles, mantenimientos y máquinas de uso agrícola fueron destruidos”. Uno de los habitantes del área, Sr. João, denunció en este reportaje:

“Yo fui a la casa de un vecino mío y lo ayude a retirar los muebles y deshacer su casa para que después él pudiera ayudarme en a desmontar la mía. Mi esposa se encuentra en el municipio de Cacoal acompañando un pariente que está enfermo, salí y dejé la ventana abierta para que ellos viesen que allí había gente viviendo, pero aún así los policías militares no lo respetaron y pasaron con la máquina por encima de todo, acabaron con todo, maderas fueron destruidas, máquinas de pasar veneno, mantenimientos de sostén de la familia, hasta mi cercado de creación de cerdos fue destruido y mis cerdos están sueltos, no sé ni donde ellos están. Llegué y la casa no tenía más nada, todo mi sueño, mi trabajo fue destruido”.

De acuerdo con denuncias de los campesinos, las familias quedaron a la intemperie y no había transporte para llevarlas ni siquiera a un alojamiento provisional. “Algunos animales presos en los corrales murieron de hambre y sed por qué el plazo dado para retirar el ganado no fue cumplido por la policía”. Las familias tampoco tienen acceso a agua potable y alimentación [Fuente: jornalrondovale.con].

Las familias denuncian que el latifundio Riacho Doce está situado en un área de 2.500 hectáreas de tierras públicas adquiridas con documentos fraudados. En denuncia publicada por la Comisión Pastoral de la Tierra de Rondônia en 13 de septiembre, las familias se encontraban acampadas en el área hace más de cinco años, viviendo y trabajando en las tierras.

Área de campesinos ocupantes amenazada

Con informaciones de la CPT de Rondônia

Otra comunidad de veinte familias de la zona rural de Vilhena, región este de Rondônia, también sufre amenaza de desalojo. El área localizada en la Gleba Matriz y sector Teniente Marques es tierra pública situada en la divisa con el estado del Mato Grosso, en la BR 174.

Según denuncias de los moradores, el programa “Luz Para Todos” del gobierno federal estaba siendo implantado en el área cuando fue interrumpido. Solamente así supieron de la existencia de un mandato de reintegración de posesión contra ellos, en favor de un latifundista conocido como Aquiles Menegol.

Los campesinos ocupantes están muy aprensivos y reivindican su derecho de posesión de las tierras en que viven y trabajan, algunos a dos, otros hace más de seis años.

Traducciones: [email protected]