En la semana de 27/05 a 02/06 el reportaje de A Nova Democracia estuvo en Pau D’Arco y en el municipio vecino, Redención, en el sur del estado de Pará, acompañado de representantes de la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) y de la Asociación Brasileña de los Abogados del Pueblo (ABRAPO) dos días tras la odiosa masacre promovida por la policía de Jatene/PSDB que ejecutó 10 campesinos a mando del latifundio.

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En las dos últimas décadas, desde la Heroica Batalla campesina de Santa Elina, en 09 de agosto de 1995, marco de la lucha por la tierra en nuestro país, las hordas del latifundio – pistoleros y fuerzas de represión del viejo Estado – incrementan la política de genocidio en el campo contra campesinos, pueblos indígenas y remanentes de quilombolas. A esta lista se suma el asesinato a  sangre fría de 19 campesinos en la Masacre de Eldorado dos Carajás (PA) en 1996, la “Operación Paz en el Campo” que torturó más de 200 campesinos que ocupaban la Hacienda Forkilha, también en Pará el año de 2007, y la reciente Masacre de Pau D’Arco, localizada a menos de 300 kilómetros del municipio de Eldorado dos Carajás. Ese histórico es representativo de la situación de agudización  de la lucha campesina por la tierra y contra el latifundio en el Norte del país, que concentró, en los años de 2015 y 2016, el mayor número de asesinatos y tentativas de asesinatos del país relacionados a  “conflictos agrarios”, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

En  Pará, AND recogió testimonios de familiares de las víctimas, abogados populares y campesinos en lucha por la tierra, que denunciaron la grave situación y describieron el bárbaro crimen.

A mando del latifundio

Eran 6h de la mañana de 24 de mayo. 28 campesinos ocupaban desde pocos días atrás un área adueñada por los pretensos propietarios de la hacienda Santa Lúcia, en Pau D’Arco. Para protegerse de la lluvia, los campesinos se abrigaron en la mata, a las márgenes de una carretera de tierra que corta la hacienda. Fue cuando dos autobuses escolares con cerca de 30 policías civiles y militares llegaron al local. Los agentes de la PM y de la DECA (Comisaría de Conflictos Agrarios) se aproximaron de los trabajadores silenciosamente y, al divisarlos, comenzaron a disparar en dirección a ellos mientras los campesinos corrían en todas las direcciones.

— Ellos llegaron tirando. No dieron oportunidad para nadie protegerse. Las primeras personas que fueron muertas, fueron los siete primeros, que fueron cuatro sobrinos nuestros, de nuestra familia, más tres que no formaban parte. Dejaron los otros tres por último: Ronaldo, Antônio y  Jane — dice la esposa de una de las víctimas, que prefirió no identificarse, refiriéndose a Jane Júlia de Oliveira, presidente de la asociación que representaba los campesinos del área.

En la acción, diez campesinos fueron asesinados por la policía: Hércules Santos Oliveira, Ronaldo Pereira de Souza, Antônio Pereira Milhomem, Bruno Henrique Pereira Gomes, Regivaldo Pereira da Silva, Wedson Pereira da Silva Milhomem, Nelson Souza Milhomem, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva y Jane Júlia de Oliveira.

—  Jane llevó un tiro en la canilla izquierda y el tiro muestra que fue disparado para hacerla caer en el suelo. Golpearon bastante en su rostro y dijeron para mi cuñado y para mi marido que aquello era para que ellos viesen el sufrimiento de ella  antes de morir. Después la agarraron y le dieron siete tiros en la espalda. Zurraron mi cuñado y dieron un montón de tiros en su rostro. Por último, agarraron mi marido y le dieron dos tiros en el pecho, del lado izquierdo bien en el corazón, y uno en la nuca — prosiguió relatando la esposa de una de las víctimas.

Al día siguiente de la masacre, una comisión formada por representantes del Ministerio Público Federal, Ministerio Público Estadual, Comisión Pastoral de la Tierra, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras organizaciones, estuvo en el local de la masacre para intentar entender en qué circunstancias los trabajadores habían muerto. Hasta aquel momento, el monopolio mediático publicaba en sus informativos sólo la versión de la Secretaría de Seguridad del estado de Pará y de la DECA, que rápidamente después de la masacre presentó a los periodistas un puñado de pistolas garruchas y espingardas oxidadas alegando que habrían sido recibidos a tiros.

— Un intercambio de tiros y no salió nadie del otro lado herido. ¿Será que realmente hubo un intercambio de tiros? Tiro a  quema ropa, tiro en la cara, eso no es enfrentamiento. Ellos fueron sí ejecutados, y fue todo mandado, porque ellos no iban a invadir el área sin ser mandados por alguien — relató el señor Manoel, padre de una de las víctimas.

En Pau D’Arco nuestro equipo levantó detalles del terror promovido por el latifundio contra los campesinos en los días que antecedieron la masacre.

Según informaciones dadas a AND por familiares de las víctimas y por el abogado José Vargas Júnior, que asistía los campesinos antes de la masacre, el delegado de la DECA, Valdivino Miranda da Silva Júnior, ya venía enviando mensajes amenazadores por la aplicación Whatsapp a la líder Jane Júlia semanas antes de la matanza. También en consonancia con los testimonios recogidos, los campesinos que ocupaban el área ya habían sido desalojados por la judicatura, pero volvieron al local semanas después.

El latifundio de 5.694 hectáreas, conocido como hacienda Santa Lúcia, en tesis, es propiedad del hijo y de la viuda del fallecido latifundista Honorato Babinski, identificados como Honorato Babinski Filho y Maria Inez Resplande de Carvalho. Hace poco más de un año, ellos contrataron la “empresa de seguridad privada” YELMO para administrar la “seguridad” de la hacienda, lo que tensionó el conflicto con campesinos. Hasta entonces, los trabajadores recibían un discreto apoyo de la Federación Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura Familiar (FETRAF), conectada a la CUT.

Después que los ánimos se exasperaron, la FETRAF divulgó una nota pública en la cual retiraba el apoyo a los campesinos que ocupaban parte de la hacienda Santa Lúcia, y más: la nota atacaba los trabajadores en tono de delación y criminalización. El texto fue duramente criticado por las organizaciones que defienden la lucha por la tierra en la región y habría sido la seña para la ejecución de la masacre de Pau D’Arco.

Según los relatos recibidos por el equipo de AND, un consorcio de latifundistas del sur de Pará ya planeaba la ejecución de una masacre en la región con el objetivo de desmovilizar la lucha por la tierra, que ha avanzado bastante sobre las tierras del latifundio en el eje entre Marabá y Conceição del Araguaia. El aislamiento de los campesinos que ocupaban parte de la hacienda Santa Lúcia habría encorajado ese consorcio y Pau D’Arco fue el blanco escogido por los latifundistas.

— Nosotros descubrimos que esa masacre fue ejecutada por un consorcio de latifundistas, de usurpadores de tierras, que contrataron esos policías para ejecutar esa acción, y para que ella sirva de ejemplo, para todas las otras ocupaciones de la región — dice el abogado Felipe Nicolau, Presidente de la ABRAPO.

— Comenzamos a entender algunas cosas al día siguiente a la masacre, cuando comenzamos a oír los relatos de personas conectadas a las fuerzas de seguridad, entre otros testimonios. Supimos que participaron de la masacre, no sólo los equipos de la Policía Civil y de la Policía Militar, pero también los guardias de la empresa YELMO — explica Darci Frigo, presidente de la CNDH e integrante del grupo de ouvidores que fue a Pau D’Arco al día siguiente a la masacre.

En el traslado de los cuerpos hasta las sedes del IML en las ciudades de Redención y Parauapebas, la policía y demás instituciones del viejo Estado siguieron dando evidencias de su complicidad con el latifundio y el pistolerismo en la región. Los cuerpos que fueron llevados para Parauapebas fueron transportados en la carrocería de una pick-up y llegaron al IML con diversos hematomas, lo que según abogados que investigan el caso, fue una estrategia para driblar la pericia y justificar las marcas de las torturas sufridas por los campesinos antes de ser ejecutados sumariamente.

— Algunos cuerpos vinieron dentro de un único saco, ya en estado de descomposición, y todo el mundo angustiado e indignado con eso. Ellos habían garantizado para nosotros que los cuerpos vendrían en urnas, y que irían a mandar embalsamar, pero eso no aconteció — denunció Doña Giodete, ex-esposa de una de las víctimas.

En el día del entierro de las víctimas, más amenazas e intimidaciones. Según relatos de abogados y de familiares de los campesinos asesinados, el latifundista Honorato Babinski Filho, conocido como Noratinho, estuvo en el cementerio con matones que fotografiaron las personas que comparecieron al local.

— Fotografió mi hijo, también el hijo de Antônio, después salió comentando que estaba yendo a tomar una cerveza porqué  ya había hecho su trabajo, que ya había tomado fotos de las personas que estaban en el cementerio. Eso para mí es amenaza — denunció Doña Giodete.

— Lo que quedó claro allí, es que el servicio que estaba hecho, era el servicio de reconocer quiénes eran los parientes de las víctimas. — afirmó el abogado Felipe Nicolau.

— Y la policía que orquestó la masacre y que actuó de esa forma, es la policía especializada en conflictos agrarios, la DECA, habiendo inclusive testigos relatando que oyeron la voz del delegado de la DECA de Redención, Valdivino Miranda, en el momento de los asesinatos de los campesinos — completó el abogado.

— Esa comisaría, la DECA, es la misma comisaría que invadió un campamento de la Liga de los Campesinos Pobres aquí cerca, en la hacienda Cipó, y agredió campesinos y quemó casas. Esa hacienda Cipó también es de la familia Babinski, así como la Santa Lúcia y otra hacienda para allá de Santa Maria de la Barrera. Es todo de ese latifundio que hace lo que quiere porque tiene la policía en el bolsillo, tiene dinero para comprar facilidades del Estado — denunció Pelé, dirigente de la LCP del Pará.

Campesinos retoman Santa Lúcia

El día 13/06, más de cien familias campesinas reocuparon las tierras de la hacienda Santa Lúcia, con el apoyo de la LCP del Pará y Tocantins, volviendo a erguir el campamento y manteniendo la lucha por el sagrado derecho a la tierra.

“No podemos recular, por nuestros compañeros que se fueron, y tenemos que mostrar al latifundio que no puede ser cómo ellos quieren”, dijo el campesino Rosenilton Pereira de Almeida.

La campesina Geodete Oliveira dos Santos explicó la importancia de la retomada: “Ellos estaban luchando por un pedazo de tierra, entonces nada más justo de que yo estar aquí. Ellos pensaron que la lucha había acabado cuando mataron mi familia, pero no es así. Volvemos aquí para luchar más y para garantizar el derecho por esa tierra”.

Cuando el pueblo toma la tierra

Como parte de la documentación y registro de la lucha campesina en la región sudeste de Pará, el equipo de AND visitó el área Revolucionaria Osmir Venuto, en el municipio de Xinguara, a 90 km de Palo D’Arco. El área, donde viven hoy decenas de familias campesinas, fue conquistada tras mucha lucha.

La vida y producción registrada por nuestras cámaras en el área campesina contrasta con el campo devastado por el latifundio que rodea el local.

Los campesinos contaron a nuestro equipo sobre la lucha por la producción y todo que producen desde que conquistaron el derecho de tener su pedazo de suelo para vivir y plantar.

— Nosotros producimos mandioca, arroz, maíz, manga, caju, banana, acerola, coentro, cebolla, perejil, nosotros creamos cerdo. Muchacho, es mucha cosa! — relató uno de los campesinos del área, que, por la situación de constante persecución política y criminalización del latifundio en complicidad con el viejo Estado, prefirió no identificarse.

Y, sobre los mitos y las mentiras difundidas por el monopolio mediático con el objetivo de crear opinión pública hostil a la lucha campesina, el campesino argumentó: “Porque, aparentemente, quien nos juzga  no conoce el trabajo”. Y prosiguió: “Tierra muy buena! Da  tristeza ver esa tierra buena sólo con pasto, parada, refiriéndose a los miles de hectáreas de tierra inutilizada por el latifundio que cerca el área Revolucionaria.

En por los más de 400 km recorridos por el reportaje, registramos el modo como el latifundio se extiende por toda la región ejerciendo cómo principal actividad la pecuaria extensiva de corte para exportación. Eso en medio a la pobreza del pueblo que evidentemente, con total desatención de la salud, saneamiento y carreteras.

Poseedor del 5º mayor rebaño bovino del país, los datos de 2005 muestran que 70% de toda producción de carne de Pará fue destinada para exportación. Sumado a eso, en 2016, el estado de Pará ocupó la colocación de 7º mayor exportador del país, siendo  USA el principal destino.

Los campesinos denunciaron también la concentración de tierras resultado de la explotación del latifundio. En relatos prestados afirmaron que 3 alqueires (660 m2) son suficientes para una familia plantar y vivir, mientras el latifundio vecino al área tiene 43 mil hectáreas (más de 600 mil alqueires) para una única familia que no cuida.

En una breve conversación, una campesina nos contó su historia de vida:

— Yo ya trabajé muchos años de doméstica, trabajé muchos años para hacendero, y no tengo nada, lo que yo conseguí fue cansancio y fatiga, y no tengo nada, y el trabajador sólo es bueno cuando está sano. Si él sentir un dolor de cabeza, el patrón ya lo despide. Y yo quiero ser dueña de mí, y para mí ser dueña de mí misma, yo tengo que tener mi pedazo de tierra. Y prosiguió: — Porque nosotros sabemos producir! Nosotros sabemos plantar y producir. Dejen que nosotros nos gobernemos, porque si nosotros nos gobernamos no va a haber miseria. No va a haber un paquete de arroz valiendo 20 reales, un poroto valiendo 15 reales!

Muchos de esos campesinos del área Revolucionaria Osmir Venuto son remanentes de la Operación “Paz en el Campo” en la hacienda Forkilha, situada a 256 km de Xinguara. Esa criminal operación, ocurrida en octubre de 2007, fue llevada a cabo por la entonces gerente provincial Ana Júlia Carepa/PT y resultó  en el desalojo, agresiones y torturas de centenares de campesinos acampados en el local, además de la prisión de 22 de ellos.

Frente a los crímenes y toda intimidación del latifundio, los testimonios de los campesinos muestran su disposición de lucha y prueban que los crímenes del latifundio hacen aumentar la determinación y la lucha campesina por la tierra.

— Pero no es por causa de esas masacres que la lucha va a parar. La lucha va a continuar y el pueblo va a tomar más tierra. Tenemos que hacer una Revolución Agraria en este país para quitar el Brasil de la miseria. Para el pueblo poder plantar arroz, porotos, para que el pueblo de la ciudad pueda comer. Si el pueblo del campo no planta, el pueblo de la ciudad no come — declaró Pelé.