El tiempo pasó y, una década y media después de la masacre de Vigário Geral, la inmensa mayoría de los asesinos continua suelta y, por todo Brasil, nuevos baños de sangre continúan siendo promovidos por representantes del Estado, apoyados en la garantía de que crímenes contra el pueblo estarán siempre en el orden del día y destinados al olvido.

Os corpos das vítimas assassinadas por policiais em Vigário Geral no dia seguinte à chacina

Hace quince años, el día 29 de agosto de 1993, más de cincuenta policías integrantes de un grupo de exterminio conocido como los Caballos Corredores, invadieron la favela de Vigário Geral, asesinando 21 personas. Ellos se dividieron en tres grupos y esparcieron el terror por los callejones de la comunidad.

Fueron asesinados el estudiante Fábio Pinheiro Lau, 17 años, el metalúrgico Hélio de Souza Santos, 38 años, Joacir Medeiros, 69 años, el enfermero Guaracy Rodrigues, 33 años, el cerrajero José de Santos,47, Paulo Roberto Ferreira, 44, chofer, el ferroviario Adalberto de Souza, 40, el metalúrgico Cláudio Feliciano, 28, Paulo César Suenes,35, el gráfico Cléber Alves, 23, Clodoaldo Pereira, 21, Amarildo Baiense,31, el mecánico Edmilson Costa,23 , el vigilante Gilberto Cardoso de Santos, 61, la pareja Luciano y Lucinéia, 24 y 23. Enseguida ejecutaron Doña Jane, 58, su nuera, Rúbia, 18, el marido y la hija Lúcia, 33. Allá, murieron también, Luciene, próxima a completar 16 años y Lucinete, 27. Los niños, con edades entre 9 y 5 años, consiguieron huir, saltando para la calle de una altura de dos metros. Una de ellas saltó con un niño de seis meses en los brazos.

El día anterior, policías que habían matado al hermano de Flávio Pires da Silva, 23, conocido como "Flávio Negão" – jefe del tráfico en la favela – fueron hasta el principal punto de venta de drogas de la comunidad para recoger el dinero de la propina, paga para aliviar la represión. Llegando a la Plaza Catolé da Rocha, la patrulla fue sorprendida por un cerco de Flávio Negão y sus comparsas, que ejecutaron los cuatro PMs que estaban en ella. Como venganza, el día siguiente aconteció la matanza.

Caballos Corredores

Los Caballos Corredores eran policías del 9º batallón – en la época bajo mando del coronel Emir Laranjeira – y tenían ese nombre porque entraban en las favelas corriendo y tirando al azar. Las acciones criminales del grupo tenían total apoyo del coronel, uno de los idealizadores de la pandilla. En 1990, Laranjeira se eligió diputado por el PSDB y poco después, en 1991, se pronunció en defensa de los policías, integrantes de los Caballos Corredores, acusados de secuestrar y ejecutar once niños del barrio de Acari. El blindaje que el coronel-diputado daba al grupo nunca tuvo límites y en un episodio, una de las madres de Acari, Edméia Eusébio, fue intimidada por Laranjeira a comparecer a la comisaría para reconocer uno de los asesinos de su hijo, el cabo Paulo Roberto Borges da Silva. Tras esa intimidación, Edméia desistió del reconocimiento y fue para casa. Seis meses después fue asesinada.

A pesar de idealizador de los Caballos Corredores y de tener su nombre envuelto en diversos procesos criminales, como la lista del juego del bicho (quiniela) , Laranjeira hasta hoy está en la Asamblea Legislativa, así como otro acusado de tener relación con el grupo de exterminio, el ex-diputado Guilherme Godinho "Sivuca".

Quince años después

Esa fue apenas una de las formas de violencia practicadas por el Estado contra el pueblo de Vigário Geral y de varias otras comunidades pobres por Brasil. En Vigário, son precarias las condiciones de educación, salud, saneamiento y vivienda ofrecidas a los trabajadores. No existen puestos de salud en la comunidad. De quince años para acá, la población de Vigário casi duplicó, aún así el número de escuelas de enseñanza fundamental continúa el mismo y con una estructura más desgastada. No existen escuelas de enseñanza media en la comunidad. Siendo así, adolescentes necesitan salir de Vigário para estudiar, corriendo un inmenso riesgo de vida, debido a los constantes cambios de mando en el tráfico de la comunidad vecina, Parada de Lucas y, recientemente, allá mismo, en Vigário General.

El abogado João Tancredo, que defiende seis familias de víctimas de la chacina, dijo que "Hasta hoy solamente las víctimas y sus familiares fueron punidos. De los presos, 50 acusados envueltos en el evento, solamente siete fueron condenados y dos murieron por razones diversas. Y las familias ni siquiera recibieron alguna indemnización".

En 1993, la masacre de Vigário Geral chocó los brasileños. Pasaron 15 años y, desde entonces, nada cambió. Diversas otras masacres continúan aconteciendo en Río y por todo Brasil. En el campo, familias enteras de pequeños agricultores son agredidas, saqueadas y torturadas. Cada año que pasa aumenta tenebrosamente el número de campesinos ejecutados por el latifundio, con el total aval del Estado corrupto y fracasado. En Río de Janeiro, la masacre de la Candelária, la de Vigário, la de Acari y recientemente las matanzas de la Baixada, del Alemán – coordenada directamente por el Estado – y del Barbante, prueban que, cualquiera que sea el gerenciamiento, el Estado brasileño, lacayo del imperialismo, principalmente yanqui, siempre reprimirá el pueblo a hierro y fuego y, siendo así, no habrá comisiones de derechos humanos o medidas judiciales que irán a frenar ese proceso de criminalización y exterminio de la pobreza, en curso y a todo vapor.

A cada año, un nuevo masacre

Aún después de Acari, de Vigário General y de la Candelária en la década de 90, en este nuevo siglo, las cosas no están diferentes. En los últimos años, el pueblo brasileño presenció masacres en las mismas proporciones, o peores.

En la noche del día 31 de marzo de 2005, en diversos puntos de Nova Iguaçu y Queimados, en la Bajada Fluminense, cerca de 10 hombres, en su mayoría policiales, tiraron al azar contra trabajadores que andaban por la calle y que bebían en bares de la región. En total, 29 personas fueron muertas. Una de las víctimas fue decapitada. Poco más de un año después, en Duque de Caxias, también en la Bajada, integrantes de un grupo de exterminio, compuesto en su mayoría por policías, dispararon contra un grupo de personas que bebían en un bar, matando cinco de ellas e hiriendo otras tres. El crimen aconteció en el barrio Parque Fluminense.

En mayo de 2007, una operación de la policía en el Complejo del Alemán envolviendo más de mil hombres de varias comisarías, dejó un saldo de 19 muertos. Gran parte de las víctimas presentó señales de tortura y ejecución, sin embargo las acusaciones fueron ignoradas por la justicia burguesa, de acuerdo con los intereses de la clase que representa.

En la noche de 22 de agosto de 2008, miembros de la milicia ‘Liga de la Justicia’, formada por policías que tenían representación en la Cámara de Concejales y Asamblea Legislativa del Río, invadieron la favela del Barbante, Campo Grande, y comenzaron a tirar contra los habitantes. Siete personas murieron y, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen tuvo motivación electoral.

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