Traducido por Enrique F. Chiappa

Aparentando la intención de impedir al Congreso de cometer otro crimen contra el pueblo y la ampliación de la impunidad reinante que abren los cofres públicos a la corrupción, jueces federales de 19 estados y del Distrito Federal, además de las entidades representativas de la magistratura, se movilizan a lo largo de mayo e inicio de junio repudiando la propuesta de enmienda constitucional que concede foro privilegiado a ex parlamentares, ex gobernantes, inclusive intendentes, y ex jueces.

Mientras que los magistrados se articulaban para derrumbar la enmienda, la gerencia FMI-PT determinaba por medio de las casas que homologan todo (Cámara y Senado) 49 decretos, 18 leyes y 12 medidas provisorias, además del decreto legislativo concediendo aumento de 28,5% para la remuneración de Luiz Inacio, José Alentar y ministros, diputados y senadores, que en el inicio de la legislatura solo no aumentaron 93% sus subsidios debido a los protestos del pueblo.

El decreto legislativo aumentó de R$ 12.847 para R$ 16.512,09 la remuneración de diputados y cenadores. La de Luiz Inacio subió de R$ 8.885 para R$ 11.420; la de los ministros y del vicepresidente de la República de R$ 8.362 para R$ 10.748,43. El bache abierto para el pueblo tapar con su sudor es de R$ 601 millones por año, sin considerar 1.090 diputados estaduales y cerca de 50 mil concejales, cuyos subsidios son proporcionales a los de los diputados y senadores.

El presidente de la CAE, Aloizio Mercadante (PT-SP), dijo que decidir sobre el propio salario es "absolutamente incómodo e inconveniente", que no había otra salida a no ser, confirmar la decisión de la Cámara, donde el proyecto fue votado primero. El beneficio es retroactivo a 1º de abril.

Peligro inminente

La enmienda que amplía el foro privilegiado lleva el número 358 y ya fue aprobada por la Cámara y puede entrar en la pauta de votación del Senado a cualquier momento. Su autor es José Jorge, senador que antecedió Dilma Roussef como ministro de Minas y Energía en la gerencia Cardoso y concurrió por el PSDB a la vicepresidencia de la República, teniendo Geraldo Alckimin encabezando la candidatura. Al tomar conocimiento de que la extensión del foro privilegiado a ex intendentes fue disimuladamente introducida en un texto complejo sobre el Poder Judiciario, no hay quien no se sienta libre de cosas mucho peores, si el PSDB tuviese vencido el pleito presidencial.

La salvación está en que las actividades del Legislativo han sido retardadas en función de dos comisiones de información sobre el llamado "apagón aéreo", así como de investigaciones a cerca del presidente del Senado, Renan Calheiros con la empresa Mendes Júnior, a las operaciones Hurricane y Navaja, llevadas a cabo por la Policía Federal, culminando con la democión del Ministro de Minas y Energía, con la prisión de jueces, parlamentares y otros.

Manifiesto

La Asociación de Jueces Federales- AJUFE expidió manifiesto resaltando que "el foro privilegiado ha servido históricamente, como instrumento de impunidad, una vez que los tribunales de recursos y superiores no son estructurados para procesar y juzgar acciones ordinarias, mas apenas recursos. Causa preocupación a la magistratura federal no solo el mantenimiento, sin mayor discusión del foro privilegiado, como igualmente las tentativas de ampliarlo.

La Propuesta de Enmienda Constitucional 358/2005, si aprobada, extenderá el foro privilegiado a ex autoridades, o sea a personas que no ejercen más el cargo o función que justificaban el foro privilegiado, y todavía a las acciones de improbidad administrativa. Aprobada la propuesta, es previsible el surgimiento de la crisis de los Tribunales de Recursos y Superiores, con abarrotamiento por los nuevos casos que, por deficiencia estructural, quedarán destinados al olvido. Será igualmente condenado a la inutilidad el importante instrumento de la acción de improbidad administrativa, salvo en relación a autoridades administrativas de menor jerarquía, o sea, coincidentemente a los casos de menor relevancia".

Desnacionalización

El funcionamiento de los plenarios en marcha lenta no indica, entretanto, alivio en la acción anti-pueblo. Como 25 otras medidas provisorias todavía no convertidas en ley, está en plena vigencia, por ejemplo, la MP 366, de 26 de abril de 2007, creando el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, y que constituye una de las más torpes maniobras de la gerencia FMI-PT para la desnacionalización de la Amazonía, al perpetrar el desmonte del Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables – IBAMA y del Ministerio del Medio Ambiente.

El Senado Federal encontró tiempo para inmiscuirse en la política interna de Venezuela, aprobando requerimiento de censura al Presidente Hugo Chávez por haber tirado del aire la RCTV, una de esas inmundas emisoras de televisión que manipulan el noticiario en América Latina.

La intrusión llevó Chávez a revidar, afirmando que el Parlamento brasileño aje como papagayo de USA. El gerente Luiz Inacio se aprovechó para volver a la escena, apaciguando la situación y llevando al olvido una de sus más graves declaraciones: "Si yo pudiese acabaría con el IBAMA" -pronunciada cuando se irritó con la demora en la construcción de las usinas hidroeléctricas Jirau y Santo Antonio, obviamente por conglomerados trasnacionales. El pretexto es la posibilidad de un nuevo apagón eléctrico, anunciado por Dilma Rousef, antes de ser alzada del ministerio de las Minas para la Casa Civil para garantizar que el PAC Programa de Aceleración del Crecimiento se escurra por la alcantarilla por falta de energía.

Tierras de alquiler

Además de la cuestión de las usinas- cuya montaje y operación obviamente será entregada a corporaciones trasnacionales asociadas a una o otra empresa naranja tipo Odebrecht- Luiz Inácio ha encontrado inmensas dificultades para explicar a los patrones las razones de la lentitud con que se da curso a la ley de Gestión de Florestas Públicas (nº 11.284/06), sancionada en 2 de marzo del año pasado:

La gerencia FMI-PT se comprometió a repasar para empresas privadas, para la explotación económica, 11 florestas nacionales, siendo 10 en Pará y una de Rondonia. Estas florestas deberán ser alquiladas exclusivamente a empresas privadas, sin la menor posibilidad de acceso para el trabajador brasileño, individualmente.

Las presiones para la privatización de las florestas vienen del área de cosméticos y de la construcción civil, interesadas en maderas y oleos, habiendo también bancos privados interesados en participar – directamente o vía concesión de empréstitos – de proyectos de "desarrollo sustentable".

Fracasos

La edición de cerca de 79 normas legales por la gerencia FMI-PT en abril y mayo no constituye indicación, entretanto, de que habrá al final algún resultado práctico para el pueblo. De las 18 leyes promulgadas de 1 de abril a 1 de junio, apenas cuatro no tuvieron origen en medida provisoria: la de nº 11.478, que instituye el Fondo de Inversiones en Participaciones en Infraestructura; la 11.476, que reglamenta las profesiones de enólogo y de técnico en enología, y la ley 11.475 que incluye en el Sistema Rodoviario Nacional el acceso de la BR-293 la frontera de Brasil con Uruguay, en el municipio gaucho de Quarai. Las demás leyes ya habían entrado en vigencia, como aquella que creó el Instituto Chico Mendes, vaciando el IBAMA.

El Programa de Aceleración del Crecimiento, anunciado en enero como gran iniciativa para apalancar el desarrollo no ofreció, pasados cuatro meses de su lanzamiento, cualquier motivo para conmemoración. De los R$ 15,8 billones de inversiones prometidos para este año con recursos del Presupuesto, apenas R$ 818 millones, o 5,2%, salieron definitivamente del papel.

Anunciado como solución para todos los problemas nacionales hasta 2010, el tal PAC enfrenta problemas de toda orden, inclusive en el Legislativo y en el Judiciario. La medida Provisoria más problemática es la 349, que permite la transferencia de recursos del patrimonio liquido del Fondo de Garantías por Tiempo de Servicio FGTS para el fondo de inversiones que financiará proyectos en las áreas de energía, estradas, puertos, ferroviaria, saneamiento. Inicialmente, la MP prevé la transferencia de R$ 5 billones, pero este valor puede llegar a 80% del patrimonio líquido del FGTS, que hoy es de R$ 21,2 billones. No en tanto, la MP no prevé ningún seguro para el caso de que la inversión fracase.

La verdad es que, con ella la gerencia FMI-PT avanza sobre el bolso del trabajador, sin ofrecerle la menor garantía de que esos recursos volverán algún día para el FGTS. Hay grandes resistencias en votarla.

Y que decretos.

Se verifica, una avalancha de normas legales para el área de educación, pero sin reflejos positivos para el pueblo. En abril, fueron bajados decretos instituyendo el Programa de Apoyo a Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales, la implementación del Plan de Metas Compromiso Todos por la Educación y definiendo los Parámetros anuales de operación del FUNDEB y reformulando el Programa "Brasil Alfabetizado". Todo no pasa, sin embargo de promesas mezquinas a profesores y alumnos para un futuro distante.

Para minar las resistencias de los atendidos por la Seguridad Social a la creación de la Super-Receta la gerencia FMI-PT alteró siete diplomas legales promulgados entre 2005 y 2007 a fin de crear para ellos una Gratificación Específica Previdenciaria -GEP, en el valor de R$ 238,00, pero apenas a partir de 1º de julio de 2008.

Por el decreto 6.083/07, el Ministerio de Planeamiento recolocó 17 de los más altos cargos (DAS) de la Secretaría de Gestión para el Ministerio de Deportes, por causa de la realización de los Juegos Panamericanos, en Río de Janeiro, hasta 31 de diciembre de 2007, no obstante el certamen va terminar mucho antes de esa fecha. Esto, entretanto, marcó apenas el principio de amplia reforma regimentar, con vasta distribución de funciones gratificadas, introducida en 12 de abril por el decreto 6.081, lo mismo ocurriendo con el Ministerio de Hacienda (decreto 6080).

Fue aprobada también la medida provisoria 345/07, que "crea los instrumentos necesarios para el funcionamiento de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, que podrá actuar en servicios ostensivos; cumpliendo mandatos de prisión y de oficios de soltura; guarda, vigilancia y custodia de presos; servicios técnico-periciales; y registro de ocurrencias policiales".

Estados aparte

En consonancia con resoluciones tomadas en el ámbito de la ONU – Organización de las Naciones Unidas, el gerente Luiz Inacio firmó el decreto 6085, promulga el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratamientos o penas Crueles. Según este documento, habrá, en cada Estado Miembro de la ONU, un Subcomité de Prevención, que funcionará a costo de aquel organismo internacional.

Fue promulgado también, acuerdo sobre beneficio de la justicia gratuita entre los Estados-Partes del MERCOSUR , ratificando entendimientos mantenidos en Florianópolis por representantes de la gerencia Cardoso, que disponen entre otras cosas, sobre el tratamiento igualitario y la competencia para conceder el beneficio de la justicia gratuita.

Antes de viajar a Inglaterra para ver el amistoso de la selección brasileña de fútbol, Luiz Inacio hizo cuestión de promulgar el acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado con Argentina en 2005 y bajar un decreto con la finalidad de atender las recomendaciones del Consejo de Seguridad de la ONU en relación a Irán, convocando los Estados-Partes a se abstener de "nuevos compromisos en lo que se refiere a la concesión de donaciones, asistencia financiera y préstamos a aquel país".

Ardiles con transparencia

Pocos saben de la existencia, desde 18 de diciembre de 2003 de un Consejo de Combate a la Corrupción, organismo de la Controladoría General de la Unión que, como todo colegiado, hace cuatro años no dice para que vino. Ese Consejo, supuestamente "compuesto paritariamente por representantes de la sociedad civil organizada y representantes de Gobierno Federal", perdió una bellísima oportunidad, entre otras, para justificar su existencia a cada denuncia surgida, por ejemplo, en las comisiones parlamentares de averiguación del Correo, del Mensalón y varias otras. El decreto 6075 establece que, además de los 20 consejeros, el presidente de la República también designará otros 20 suplentes. No determina, sin embargo plazo para la elaboración de informes de su trabajo y divulgación para el pueblo.

Para abrir cargos en la administración pública a los desempleados apadrinados por la llamada base de apoyo, el gerente Luiz Inacio expidió decretos alterando la organización de la Advogacía General de la Unión, así como reformando las estructuras y los cuadros del Ministerio de Defensa, Secretaría Especial de Puertos, Receta Federal, Hacienda, Medio Ambiente y Consejo Nacional de Tecnología.

Otro decreto aprobó la Política Nacional sobre Alcohol, disponiendo sobre medidas para reducción del uso indebido del alcohol y su asociación con la violencia y la criminalidad, pero sin llegar, de lejos que fuese, a reprimir la desvergonzada propaganda para la intensificación de esa droga por la juventud, mismo que ella sea responsable por 80% de las muertes en accidentes de tránsito.