El día 26 de abril de este año, el Ministerio Público Federal (MPF) ajuició una nueva acción contra Carlos Brilhante Ustra. Él y el delegado Alcides Singillo están siendo acusados de ocultar el cadáver del estudiante Hirohake Torigoe, militante de la Alianza Libertadora Nacional, asesinado en 1972, en São Paulo.

Actualmente, el MPF está investigando cerca de 170 casos de desaparecidos políticos. Además de eso, el procurador de la república Ivan Cláudio Marx estuvo recientemente en la Argentina, donde se reunió con representantes del Ministerio Público de aquel país y del Uruguay. Ellos están buscando una cooperación para investigar los crímenes cometidos por la Operación Cóndor. En su retorno al Brasil, el procurador concedió una entrevista exclusiva a A  Nova Democracia, explicando los detalles de la actuación del MPF en el frente de batalla de la punición a los torturadores de la gestión militar.

AND: ¿Cuáles los casos el MPF está investigando actualmente?

IM: Hasta el final del año pasado, el MPF tenía 170 casos envolviendo crímenes cometidos durante la dictadura militar, principalmente en Río de Janeiro y São Paulo. Además de una investigación más amplia en Marabá (PA) sobre la Guerrilla del Araguaia. Allá nosotros ya ingresamos con dos acciones. La primera se refiere a cinco desaparecidos, y la segunda a uno. Pero aún hay más de 60 desaparecidos en el caso del Araguaia, que estamos estudiando para investigar las responsabilidades.

AND: Explique en qué consiste el trabajo del Grupo Justicia de Transición.

IM: Lo que el Grupo hace es intentar fomentar la idea de la necesidad de actuación penal en el contexto de la justicia tradicional y estudiar los mecanismos jurídicos para que las denuncias sean hechas. A partir de este estudio, decidimos comenzar por los crímenes permanentes porque ellos no están sujetos a la amnistía y prescripción. Habiendo la concordancia del procurador del local de los hechos – que es quien tiene el poder de denunciar -, nosotros prestamos todo el asesoramiento jurídico y auxiliamos en la formación de las piezas procesales. Cuando necesario, nosotros también hacemos la divulgación de esa acción, no sólo para haber una visibilidad, pero también para demostrar que es una actitud del MPF y no de un procurador aislado o del que está firmando la pieza. Eso trae cierta garantía personal al procurador de la República del local.

AND: ¿El MPF está trabajando con la tesis de crimen permanente?

IM: En la pieza procesal fundamentamos la necesidad de punición por la existencia del crimen permanente, que no está sujeto a prescripción y amnistía. También argumentamos que se trata de un crimen contra la humanidad, que es imprescriptible en el sentido de la amnistía, porque está dentro del concepto de ataque sistemático a la población civil, demostramos todos los conceptos aceptados internacionalmente que definen eso como crimen contra la humanidad. También fundamentos la obligatoriedad de cumplimiento a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la “Guerrilla del Araguaia, Gomes Lund y otros”. Nuestros argumentos son tres y engloban otros crímenes como homicidio, ocultación de cadáver y tortura – que podría ser procesado por lesión corporal, ya que no había crimen de tortura en la época. Nuestras investigaciones envuelven otros crímenes, pero por razones de pruebas no hubo denuncias aún.

AND: ¿Cual el impacto el señor cree que los juicios de la Operación Cóndor, en la Argentina, pueden tener en el Brasil?

IM: Existen algunos crímenes dentro de la Operación Cóndor que fueron secuestros. Uno de ellos es el caso de secuestro de la Mônica Binstock y de Horacio Campiglia, en 1980, en el Aeropuerto del Galeão, que habría sido perpetrado por agentes argentinos con la connivencia y probablemente la participación de brasileños. Ese proceso está dentro de la mega-causa de la Cóndor en la Argentina.

El MPF pretende reabrir ese caso. Hubo un pedido de archivamiento por el MPF, con base en la prescripción, en 2009. Sin embargo, hay margen jurídico para pedir la reapertura porque el pedido de re archivamiento  era confuso, definiendo que la prescripción quedaba condicionada a la decisión del STF en la extradición 974, que envolvía Manuel Cordero [fue coronel del ejército uruguayo, pero actuó en la Argentina, durante el Plan Cóndor], era un pedido de extradición de la Argentina. El STF acabó defiriendo el proceso de extradición por entender que el crimen de secuestro era permanente. Entonces, por este fundamento se puede reabrir la causa.

La gran ventaja es que la marcha de este proceso en la Argentina puede traer nuevas pruebas, inclusive quiénes fueron los brasileños que apoyaron ese y otros secuestros. Esos casos pueden venir a ser procesados por el MPF, como los secuestros de brasileños ocurridos en la Argentina.

AND: Once de los 17 desaparecidos brasileños en el exterior pasaron por la Argentina. ¿El MPF puede pedir el juicio de los responsables por estos actos en el exterior?

IM: Lo más fácil es procesar los crímenes ocurridos en el Brasil. Pero, de hecho, el MPF tiene atribución para procesar los crímenes cometidos contra brasileños en el exterior. Sin embargo, hay algunas condicionantes que la ley penal impone, por ejemplo, que el agente ingrese en territorio nacional. Entonces, si conseguimos identificar quién secuestró a Tenorinho (Box 3), por ejemplo, y que hubo la participación de brasileños, la actuación del MPF sería más fácil.

Ahora en casos donde sólo hubo participación de extranjeros, queda un poco lejos de nuestras posibilidades, pero no son imposibles. La prioridad aún es procesar los hechos ocurridos en el Brasil o identificar la participación de brasileños en secuestros y otros crímenes cometidos contra brasileños en el exterior.

En el caso de Tenório, esa investigación ya existe en la Argentina. La investigación está a cargo del fiscal Miguel Ángel Osório y allá con mucha más facilidad de que en Brasil, los agentes argentinos serán procesados y posiblemente condenados. Sin embargo, aunque en este proceso, el fiscal identifique pruebas contra brasileños, habrá un problema, porque si los brasileños viven en el Brasil, el país no permite la extradición. Con relación a los brasileños, quien tiene mayor poder de actuación es el MPF brasileño.

AND: En el caso Tenorinho, ¿cómo están las investigaciones?

IM: No existe una investigación en el Brasil. Claudio Vallejos fue oído en el Brasil, por el MPF, yo participé de la audiencia. Era una investigación para saber lo que aconteció, no era criminal. Pero a partir de eso, puede surgir una investigación penal sobre este caso.

La declaración no refiere que él habría sido confundido con alguien, pero que él fue confundido con subversivo, que él parecía sospechoso. Y en las declaraciones actuales de Vallejos, la prisión de él habría sido comunicada a la instancia brasileña.

La investigación argentina está mucho más avanzada. Cláudio Vallejos ya fue extraditado, no por este hecho, pero por otro. La extradición fue autorizada el año pasado por el STF y él fue entregado a finales de marzo. Pero el fiscal argentino Ángel Osório también está pidiendo la condenación de Vallejos por el secuestro de Tenorinho. Aún no tuve acceso a la marcha de ese caso.

La semana pasada, estuve reunido con Osorio, una fiscal uruguaya, un diputado federal argentino, el Consejo de Magistratura argentino y Baltasar Garzón, juez español, que está prestando un servicio para el parlamento argentino. Garzón participó de la reunión con el intuito de prestarnos auxilio en relación a la tentativa de los Ministerios Públicos del Cono Sur para investigar los hechos del Cóndor. Porque realmente ese enlace en las investigaciones es necesario, inclusive a causa de esas dificultades que nosotros tenemos en procesar un argentino que haya cometido un crimen y ellos de procesar los brasileños.

AND: Usted también está acompañando el caso João Goulart. ¿Cómo están las investigaciones?

IM: El caso João Goulart es un poco específico. En 2007, la Fundación João Goulart hizo una representación en el MPF, que resultó en la instalación de un procedimiento civil y otro penal, ambos en Porto Alegre.

El procedimiento penal que visaba identificar la posible ocurrencia de un crimen fue archivado por el MPF bajo el argumento de que estaría prescrito y la judicatura aceptó. La investigación civil, que objetiva descubrir la verdad sobre ese hecho, continúa. Ella está a cargo de una compañera en Porto Alegre.

En relación al procedimiento penal, él no existe en el Brasil, por eso, como ciudadano extranjero, yo solicité la investigación de ese caso por la justicia argentina. Yo fui hasta Paso de los  Libres, en la Argentina, donde queda la Justicia Federal con calificación para investigar ese crimen, y solicité la investigación para verificar si realmente ocurrió el homicidio del ex-presidente brasileño e identificar los responsables. Esa investigación fue instaurada en seis de diciembre de 2011 y sigue en marcha. Inclusive con discusiones acerca de la viabilidad o no de la exhumación del cuerpo.

En resumen, nosotros tenemos una investigación civil en curso en el Brasil para identificar la verdad sobre los hechos y una penal en la Argentina para investigar los posibles culpables y castigarlos.

AND: ¿Cómo está la marcha de las acciones en curso en el Araguaia?

IM: La primera acción fue en marzo de 2012, contra el Mayor Curió, por el secuestro de cinco personas. El juez no recibió la acción entendiendo que el crimen estaba prescrito, amnistiado, y nosotros ingresamos con recurso en sentido estricto. Ese recurso lleva la causa para segunda instancia, para el Tribunal Federal de la 1ª Región, a menos que el juez se retrate. El juez, en verdad, despachó durante las vacaciones de la compañera porque la jueza titular estaba de vacaciones. Antes de juzgar la retratación, la jueza solicitó oír a Curió para que él se manifestase.

Antes de ella decidir, nosotros ingresamos con la segunda acción contra Lício Maciel, por el secuestro de una persona. Cuando nosotros entramos con esta acción, la jueza acabó recibiendo las dos denuncias. Eso fue en agosto de 2012. Lício hasta ahora no fue encontrado y el proceso corre contra él. El mayor Curió entró con habeas corpus contra ese recibimiento de la denuncia. Hubo una liminar suspendiendo la acción contra Curió, pero ella aún no fue juzgada. Esas fueron las dos acciones de Marabá.

Después, en abril de 2012, nosotros ingresamos con la segunda acción, que fue en São Paulo. Fue una denuncia que el juez no recibió por los argumentos de prescripción y amnistía. Nosotros recurrimos, el juez no se retractó, el proceso subió hasta el Tribunal de aquella región y hasta el momento fueron hechos dos votos contrarios a nuestra posición, favorables a la extinción de la acción penal.

Y nuestra cuarta acción fue recibida a finales del año pasado, también en São Paulo, en septiembre, y sigue en marcha actualmente. Estas son las cuatro acciones penales hasta el momento.

AND: ¿Sabemos que es un proceso largo, pero es posible mensurar cuántos años puede llevar?

IM: En realidad, en estos procesos inevitablemente la parte que pierde va a recurrir. Entonces, si el MPF pierde, nosotros recurrimos; si los denunciados pierden, ellos recurren. Y el final es el STF. En algún momento, esas acciones van a llegar al STF y él va a tener que manifestarse sobre cómo queda la amnistía en relación a los crímenes permanentes porque, inclusive, nosotros nos basamos en decisiones del STF en los casos de extradición para la Argentina, argumentando que ese crimen era imprescriptible. No hay como precisar el tiempo que eso puede llevar.

Si usted preguntase a algún fiscal argentino, en 2002, ellos difícilmente tendrían una visión positiva de la probabilidad de juicio de los casos que estaban abiertos en aquel momento. Sin embargo, diez años después nosotros tenemos todo lo que ya aconteció, con ex-presidentes condenados y presos. Es difícil saber lo que va a acontecer en el Brasil, pero nosotros esperamos que la semilla dé frutos.
La Operación Cóndor
Formalmente, el Brasil no firmó el acta de fundación de la Operación Cóndor, pero según informaciones levantadas por la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), el Brasil habría suministrado “inteligencia”. En 1975, cuando comenzaron las articulaciones entre los países del Cono Sur para reprimir, el Brasil ya era especialista en perseguir, matar y torturar los opositores de la gestión militar. El Servicio Nacional de Inteligencia brasileño creó el Centro de Informaciones para el Exterior (Ciex) y ofreció todo el apoyo a la articulación criminal que fue la Operación Cóndor. El conocido torturador Sérgio Fleury estuvo en misiones en la Argentina y en el Uruguay.

La CNV divulgó una lista con 17 casos y afirmó que “investigará el destino final de los brasileños, incluyendo nombres y órganos responsables por sus muertes, y la búsqueda de informaciones sobre el paradero de sus restos mortales”. Pero, poco podrá ser hecho de efectivo, como en todos los casos investigados por la CNV. En cuanto vigorar la impunidad en el país, la Argentina continuará siendo la única posibilidad de justicia para las familias y sociedad brasileña.
Caso Jango

Oficialmente, el ex-presidente murió después de un ataque cardíaco, el día seis de diciembre de 1976, en la Argentina, en plena vigencia de la Operación Cóndor. Pero Jango continuaba siendo monitoreado por el aparato represor de la gestión militar.

Él estaba preparándose para volver al Brasil y, por eso, la familia y el Ministerio Público Federal sospechan de las causas reales de la muerte del ex-presidente. Las sospechas aumentaron cuando el informante de la represión uruguaya, Mário Neira, afirmó que una operación fue montada para envenenar Jango. Los remedios que el ex-presidente tomaba para problemas cardíacos habrían sido sustituidos por una substancia que aceleraba la frecuencia cardíaca, provocando una parada cardíaca. El remedio habría sido sustituido por un agente, infiltrado en el hotel donde Jango estaba hospedado.

La familia de Jango solicitó, en 2007, que el Ministerio Público Federal investigara el caso. Pero el proceso fue archivado en 2009, bajo alegación de prescripción de crimen. Antes, en 2000, una Comisión Externa de la Cámara Federal había sido montada para investigar la muerte del ex-presidente, concluida un año después sin ninguna conclusión.

El caso continúa siendo investigado por el MPF de Río Grande do Sul con el objetivo de establecer la verdad. Los procuradores están intentando conseguir nuevas pruebas y deben oír un médico que tuvo acceso al cuerpo de Jango antes del sepelio, en el Brasil.

El cuerpo de Goulart no pasó por autopsia para definir la verdadera causa mortis. La familia, sin embargo, afirmó que sólo autorizará la exhumación del cadáver cuando las investigaciones en otras áreas estén agotadas o cuando haya la certeza de que, después de tanto tiempo, el veneno aún podrá ser constatado en el cuerpo del ex-presidente.
Caso Tenorinho

Francisco Tenório Jr. desapareció en marzo de 1976, en Buenos Aires. Tenorinho, como era conocido, estaba en la ciudad en gira con Vinícius de Moraes, del cual era pianista.

Después de un show, él salió del hotel Normadie, en el centro de Buenos Aires, donde estaba hospedado para buscar una farmacia. Nunca más volvió.

Claudio Vallejos, torturador argentino que estaba viviendo en el Brasil, declaró que había participado del asesinato de Tenorinho. El pianista habría sido confundido con un militante. El error, según declaraciones de Vallejos, sólo fue descubierto cuando Tenório ya estaba casi muerto en el transcurso de las torturas sufridas. El ex-torturador afirmó que la única salida fue, entonces, asesinarlo.

En febrero de 2012, el procurador federal argentino, Miguel Ángel Osorio, entró con una acción penal para investigar la muerte de Tenorinho. Miguel Ángel es uno de los procuradores responsables por la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por argentinos durante la vigencia de la Operación Cóndor.
El cuerpo del pianista está desaparecido hasta hoy.
Entienda las acciones contras los torturadores

Sebastião Curió Rodrigues de Moura: Acción Penal nº 0001162-79.2012.4.01.3901, acusado de secuestrar cinco personas. Curió consiguió un habeas corpus y el proceso se encuentra tramitando en la justicia del Pará.

Carlos Alberto Brilhante Ustra y Dirceu Gravina: Acción Penal nº 0004204.32.2012.403.6181, acusados del secuestro de Aluízio Palhano. El juez de primera instancia se negó a acoger la acción. El Tribunal Federal de la 3ª Región, en São Paulo, en abril de este año también negó el recurso del MPF.

Carlos Alberto Brilhante Ustra, Alcides Singillo y Carlos Alberto Augusto: Acción Penal nº 0011580-69.2012.403.6181, acusados del secuestro de Edgar de Aquino Duarte. Los reos están siendo citados para aclaraciones.

Carlos Alberto Brilhante Ustra y Alcides Singillo: Acusados de la ocultación del cadáver de Hiroaki  Torigoe, en 1972. Acción tramitando en la justicia de São Paulo.

Lício Augusto Maciel: Acción Penal nº 0004334-29.2012.4.01.3901, acusado del secuestro de Divino Ferreira de Souza. El reo está siendo citado para aclaraciones.
Traducciones: [email protected]