En el último 28 de febrero, el Ministro de Educación Fernando Hadad, visitaría las instalaciones del CEFET MG y proferiría una palestra sobre "Política para la Educación Tecnológica en el País".
Así que tomaron conocimiento del caso, los alumnos, junto al Comando de Luchas contra el IFET, organizaron una protesta contra el decreto nº 6095/2007 que decreta el fin de los Centros Federales de Educación Tecnológica y crea los IFET’s (ver AND nº 40 — Defender los CEFET’s cueste lo que costar). Ellos se dislocaron para el auditorio con fajas y carteles con el propósito de debatir y exigir la revocación del decreto.
Sin embargo, al saber de la presencia estudiantil en el auditorio de la escuela, el Ministro Haddad apenas recorrió rápida y discretamente algunas instalaciones del CEFET y, enseguida, partió sin mayores despedidas. Esta es la "democracia" del PT y su lógica de imponer "reformas" vía decreto, vetando cualquier debate.
UFG está prohibida, pero continúa cobrando tasas
Ana Lúcia Nunes
En el día 22 de febrero último el tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF- 1ª Región) confirmó el pedido — por parte del Ministerio Público Federal de Goiás (MPFGO) — de prohibición de la cobranza de tasas académicas por la Universidad Federal de Goiás (UFG).
Según el relator de la decisión, desembargador Federal Joao Batista Moreira, la cobranza es inconstitucional (Inciso IV, Art 206, Constitución Federal). "Por más nobles que sean los propósitos, no se ve posibilidad de dispensar la exigencia de la ley", afirmó el desembargador al proferir la sentencia.
En su sitio, a partir de 20 de febrero, la Universidad pasó a informar que hubieron problemas con las boletas y que ellas deberían ser retiradas en la coordinación de los cursos. Los estudiantes estaban sabiendo que la Universidad no cobraría más cualquier tasa.
Al retornar a las aulas, fueron sorprendidos por los coordinadores, repletos de papeles, entrando en las salas de aula para entregar boletas de cobranza. Al ser cuestionados sobre la prohibición de la justicia, los coordinadores afirmaron que "estaban apenas cumpliendo órdenes superiores", "la universidad todavía no había sido notificada" o "el Rector mandó que cobrásemos y quién no pagar no podrá estudiar". Algunos profesores relataron que la Pro-rectoría jurídica de la Universidad estaba presionando profesores y coordinadores para que incentivasen los estudiantes a continuar pagando la tasa.
La justicia federal precisaba notificar a la Abogacía General de la Unión (AGU) de la decisión sobre la cobranza de tasas y la AGU comunicaría a la UFG, pero como los abogados de la Unión están en huelga desde el inicio del año (vea materia Huelgas), la UFG apenas fue notificada el viernes siete de marzo, último día para pagar la tasa de la matrícula.
Aprovechándose de la situación, mismo sabiendo de la prohibición de la cobranza por el TRF, el rector de la UFG, Edward Madureira, optó por cobrar la tasa de R$ 50,0 de los alumnos hasta el último día.
De acuerdo con Mariane Guimaraes, la UFG tendrá que devolver todos los valores pagos por los estudiantes desde 2003. Los estudiantes deben dirigirse a la Defensoría pública, que tendrá un abogado designado especialmente para el caso, y requerir la devolución de los valores indebidamente cobrados por la Universidad.
El pedido de prohibición fue hecho por una Acción Civil Pública movida por la Procuradora del MPF Mariane Guimaraes, en 2002. En el año siguiente, el Movimiento Estudiantil Popular Revolucionario (MEPR) comenzó a organizar el "boicot a las tasas de matrícula". El movimiento consistía en entrar con acciones judiciales, exigiendo el derecho de matricularse sin el pago de tasas.
En el primer año, 2003, 11 personas participaron del proceso. En el año siguiente, el número llegó a más de 500 y se expandió para el Centro Federal de Educación Tecnológica (Cefetgo) — que dejó de cobrar tasas en el mismo año — y para la Universidad Estadual de Goias (UEG).
Después de un año, el MEPR — juntamente con estudiantes independientes, Centros Académicos y el Núcleo de los Abogados del Pueblo — organiza el boicot a las tasas, en varias universidades del país. Se estima que existan más de 100 acciones judiciales cuestionando la legalidad de la cobranza de tasas, con cerca de 2000 estudiantes envueltos. La materia está siendo analizada por el Superior Tribunal Federal (STF) que en breve, debe manifestarse sobre el caso.
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