Traducido por Enrique F. Chiappa

Habitantes del Canal de Anil, en Jacarepaguá, fueron atacados por la municipalidad de Río de Janeiro dos días después del término de los juegos Panamericanos. Ocho casas fueron derrumbadas, pero la resistencia organizada evitó otras 31 demoliciones. Juez concedió liminar suspendiendo la acción de la tropa de choque de Cesar Maia, nítidamente al servicio de la especulación inmobiliaria.

Cuando terminaron los Juegos Panamericanos la municipalidad de Río retomó su proyecto de expulsión del proletariado de las nuevas áreas de especulación inmobiliaria. El primero de agosto, dos días después del fin del Pan los agentes del municipio invadieron el Canal de Anil, en Jacarepagua, para destruir 37 casas previamente escogidas. Sin embargo, los dos camiones repletos de operarios con macetas y la Guardia Municipal no fueron suficientes. La resistencia popular se impuso y apenas ocho casas fueron atingidas, y cuatro permanecen erguidas.

Respondiendo a la agresión, los habitantes tentaron perforar los neumáticos de los vehículos invasores y levantaron barricadas con piedras y troncos de árboles para impedir la entrada de los tractores. La responsable por el Programa Morar Sin Riesgo de la municipalidad, María Helena Salomão, fue expulsa del barrio por la población a los gritos de mentirosa .

El día siguiente, 2 de agosto, la Alcaldía volvió al ataque. Esta vez encontró una resistencia todavía más organizada: parlamentares diversos integrantes de los más variados movimientos sociales, además de la defensora pública María Lúcia Pontes y del jurista Miguel Baldez, coordinador del Consejo Popular, enfrentaron la tropa de choque de Cesar Maia. Ningún otro inmueble fue atingido. Como AND ya había adelantado en su edición anterior, en el inicio del año la Alcaldía había demarcado 542 casas para ser destruidas.

El reportaje pasó los días 2 y 3 de agosto en el Canal de Anil y conversó con aproximadamente 50 habitantes. Se trata de una favela localizada en el Barrio de Anil cuyo nombre viene de una planta que existía allí que era usada para teñir tejidos. Las casas fueron siendo construidas en las márgenes de un canal de 2,4 kilómetros de extensión. En el comienzo las construcciones son mejores y la calle principal es asfaltada. De la mitad hasta el final apenas barro — y las casas, en su mayoría, pasan a ser de madera. La localidad termina con la Vila Panamericana.

Algunos moradores vendieron sus inmuebles y se fueron. Una señora que quería retornar a su tierra natal encontró en la oferta de la alcaldía una oportunidad. Otro recibió el dinero y va construir en un terreno que posee en la Zona Norte. Pero, por lo que oí, estas son excepciones.

Muchos habitantes reclamaron de los bajos valores ofrecidos y hubo hasta el caso de quien tuvo destruida su casa sin haber sido consultado por la municipalidad. Sucedió con María da Penha Pinheiro, que vivía en el Río das Pedras, de alquiler, mientras su casa en el Canal de Anil estaba interdictada por la Defensa Civil, mas para donde pretendía volver luego. Alas 9h 29 del viernes 3, ella entró en la Asociación de Moradores, nerviosa y asustada:

— ¡ Derrumbaron mi casa y nadie me dijo nada! ¡No tengo como pagar el alquiler! ¿Para donde voy con mis tres hijas? — Preguntaba repetidamente.

Resistencia popular

Los habitantes se organizaron para resistir a la invasión. Rápidamente levantaron barricadas con troncos, neumáticos y piedras para impedir la entrada de los tractores. Simultáneamente, los diputados federales Brizola Neto y Edson Santos, además del consejal Eliomar Coelho y del diputado estadual Marcelo Freixo estuvieron en el Canal de Anil, posicionándose favorablemente a los moradores. Además, María Lúcia Pontes, defensora pública del Estado de Río de Janeiro, Miguel Baldez, abogado e integrante del Consejo Popular y Leonardo Chaves, subprocurador General de justicia, estuvieron en la localidad.

Los dos primeros días de la invasión, 1 y 2 de agosto, fueron los más tensos. Acompañando los moradores, Brizola Neto, Edson Santos, Eliomar Coelho y Miguel Baldez llegaron a entrar en las casas para impedir las demoliciones.

— Si quisieren derrumbar, tendrá que ser con nosotros dentro. Los agentes de la alcaldía amenazaban:

— Vamos derrumbar.

Y Miguel Baldez, con 73 años de edad:

— Entonces derrumben, ¡pero tendrán que arcar con las consecuencias!

No derrumbaron. De las 37 casas previstas para demolición, el municipio consiguió destruir apenas seis.

Existe una discusión con respecto a la finalidad del dinero encaminado por el gobierno federal, por medio del Ministerio de los Deportes, para la Alcaldía trabajar en el Canal de Anil. Los parlamentares y los habitantes resaltan una posición ambigua del ministro Orlando Silva, que habría dicho que los R$ 3 millones, provenientes del Fondo de Amparo al Trabajador, deberían ser usados para "urbanizar la comunidad". Sin embargo, en declaraciones públicas el ministro dijo que el dinero sería usado para la remoción de la favela.

Durante los días que permanecimos en el Canal de Anil, quedó perfectamente evidenciado, que el deseo de la mayoría, es continuar viviendo allí. Los que aceptan salir piden por lo menos condiciones justas.

— Con 5, 6 mil no es suficiente para comprar nada, siquiera en otra favela — argumentan

Causa extrañeza también el repentino interés de la Alcaldía por el área, como dice el pescador Jorge Pereira Lopez, de 46 años.

— Vivo aquí hace 36 años. Mi hijo estudia aquí cerca. En 1974, aquí era una senda. No había nada. Teníamos que buscar agua en otro barrio y era muy difícil transportarla. Yo vivía en una casita de madera y lo que construí aquí demoró mucho tiempo. Enfrentamos muchas inundaciones, inundaciones en que el agua subía 2 metros y teníamos que subir en el techo para no morir. Y la alcaldía nunca hizo nada — afirma.

— Uno no puede más estar tranquilo. Cuando tengo que salir de casa para ir a trabajar, no consigo parar de pensar en mis hijos. Ellos prometen volver en cualquier momento y esa casa es la única que tenemos para vivir — dice una moradora refiriéndose a las constantes amenazas de los agentes del municipio que amenazaban:

— Nosotros vamos volver y no va sobrar piedra sobre piedra. Los diputados no van permanecer para siempre.

Lucha de clases

El presidente de la Asociación de Moradores, Francisco Alberto dos Santos, viene trabajando día y noche para resistir a los ataques de la alcaldía. En la sede de la asociación él dice que existe una clara disputa de clases por la tierra.

— Es rico contra pobre en la lucha por derecho a vivienda. Los ricos, las grandes constructoras, están queriendo ocupar el espacio de los pobres. Y esta difícil para el pobre que está siendo sofocado, exprimido — evalúa.

Gracias a una acción promovida por la Asociación de Moradores, el juez Afonso Henrique Ferreira Barbosa, de la 2ª jurisdicción de la Hacienda Pública, concedió liminar que impide al municipio continuar con las demoliciones en el Canal de Anil. En el despacho, distribuido el 3 de agosto, el juez enfatiza el derecho a vivienda que consta en el artículo 5° de la constitución Federal y subraya:

"Estamos aquí, delante de residencias de personas pobres que viven allí por varias décadas, sin la menor condición de adquisición de inmueble en otra área, si es que esta realmente fue adquirida, considerando la ausencia de título de dominio, tratándose de comunidad construida precariamente, con la tolerancia del Estado e, inclusive, con la concesión de algunos servicios públicos básicos, en un completo reconocimiento de la dificultad de solución del problema".

A continuación, cita el artículo 3º de la misma Constitución, que dice: "Constituyen objetivos de la República Federativa de Brasil: erradicar la pobreza y la marginalización y reducir las desigualdades sociales y regionales; promover el bien de todos, sin preconceptos de origen, raza, sexo, cor, edad, edad y cualquier otra forma de discriminación"

Por fin, el juez Afonso Henrique pregunta "¿Si los objetivos de nuestra República son estos, tan magnánimos, como pretender la demolición de casas residenciales de personas pobres con la justificativa de que son irregulares (sin licencia y sin proyecto de construcción), sin antes se proceder a una inspección y a la evaluación de los inmuebles?"

Y el magistrado concluye su sentencia: "La solución rápida e indolora para la sociedad carioca no puede ser la de cerrar los ojos y la demolición de centenas de casas, donde viven hombres, mujeres, niños, viejos, y enfermos, expurgando los pobres, oprimidos y sin cualquier auxilio del Poder Público".

Los habitantes comentan que los terrenos vecinos al Canal de Anil fueron comprados por las constructoras Carvalho Hosken y Agenco, esta última responsable por la construcción de la Vila Panamericana. La Carvalho Hosken fue una de las principales donadoras de la campaña del alcalde César Maia, que está en el cuarto mandato de la alcaldía de Río. En la desocupación de la comunidad Arroyo Pavura, en Barra de Tijuca, por lo menos tres de las 67 familias fueron pagas con cheques de la Carvalho Hosken. El año pasado, quien pagó para que las familias del Canal del Cortado, en Recreio, abandonasen sus casas, fue la Río Massa Engenharia, dueña del terreno anexo a la comunidad.

Para el sub — procurador — General de Justicia del Estado de RJ, Leonardo Chaves, la acción del municipio en Canal de Anil fue absurda.

— Una actitud cobarde del municipio, del gobierno del Estado y el Federal. Ya habían dicho públicamente que no habría remoción. Ahí esperan pasar el Pan y hacen eso — dice Chaves, que pretende entrar con una acción hasta el próximo martes.

El diputado Marcelo Freixo va encaminar un oficio al Comandante — General de la Policía Militar, Ubiratan Angelo, cuestionando lo que la PM estaba haciendo en el local sin orden judicial.

— ¿A mando de quién? ¿Del alcalde? — quiere saber, ya que la policía militar está subordinada al gobierno del estado.

Además, Freixo va conversar con el Secretario Municipal de Habitación para saber que criterios fueron utilizados en la evaluación de las casas, cuantas fueron efectivamente pagas y si existió cuidado en negociar con los propietarios e inquilinos. Existen relatos de casas vendidas sin el conocimiento del propietario. Otras denuncias de moradores muestran que el propietario había concordado, pero que el inquilino no había sido avisado. Un alquiler en el Canal de Anil cuesta en media R$ 200,00 por mes.

La imprenta de ellos

En los meses que precedieron el ataque del municipio, las corporaciones de los medios de comunicación divulgaron sucesivamente que los moradores del Canal de Anil estaban en situación de riesgo y que deberían ser retirados a cualquier costo. En el día 17 de mayo, el diario O Globo publicó una foto de la región con gran destaque en la primera página, con el títular "Un canal contaminado de cloaca separa la extensa Favela de Anil de los edificios de la Villa Panamericana, donde estarán alojados atletas que disputarán los juegos".

En la página 19 hay otras cuatro fotografías, un reportaje principal y dos de apoyo. El título principal es "La polución en el territorio del Pan". El periodista Claudio Motta escribe: "Las principales instalaciones de los Juegos Panamericanos conviven con la polución. Vertederos clandestinos, degradación de ríos y lagunas, soltura de aguas servidas sin tratamiento, en los cuerpos hídricos y crecimiento desordenado de favelas fueron observados por un equipo de la Globo (.)"

En el parágrafo siguiente, el periodista registra: "Vista de arriba, la Villa Panamericana, en la Barra de Tijuca, es un condominio cercado por canales contaminados y vecino de dos favelas: Canal de Anil y Río das Pedras. Una de las mayores preocupaciones será evitar que las ocho mil personas que permanecerán en la Villa sientan olor de los gases sulfhídrico y metano".

Las constructoras interesadas en la región son grandes anunciantes de las empresas de las Organizaciones Globo y de las corporaciones del monopolio de la imprenta en general.

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