En la noche de 03/08, la hacienda Vera Cruz fue ocupada por cerca de 40 familias organizadas por la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) del Norte de Minas y Sur de Bahía. Este latifundio, situado en Verdelândia (MG), forma parte de las tierras que fueron robadas de los ocupantes de Cachoeirinha en la década de 1960.

Los campesinos anunciaron que harán el corte popular de las tierras tomadas del latifundio, distribuyéndolas entre los campesinos pobres de la región y conformando el área Revolucionaria Nueva Cachoeirinha, declara la nota del Comité de Defensa de la Revolución Agraria (CDRA) de 07/08.

“La Revolución Agraria está haciendo justicia en las tierras regadas por el sudor y sangre de los campesinos y va a tomar todas las tierras de los latifundistas y entregar para todos los pobres del campo!”, exaltó el CDRA.

Según denuncias de los campesinos contenidas en el mismo documento, en la madrugada de 04/08, un bando de pistoleros, juntamente con policías militares, atacó el campamento efectuando disparos con armas de grueso calibre contra los campesinos, que se escondieron. Nadie salió herido en el ataque criminal.

El grupo que atacó el campamento habría sido encabezado por un hombre identificado como “Alexandrão”, que sería un contratado del latifundista Manoel Patrício de Souza Gomes, pretenso propietario de las tierras. La grave denuncia aún relata que el hijo del latifundista habría participado del ataque.

Las familias afirmaron que seguirán luchando por el sagrado derecho a la tierra y resistiendo a los ataques y amenazas de los bandos armados del latifundio y de las fuerzas policiales del viejo Estado.

En el mismo día de la ocupación del latifundio, la PM de la gestión provincial de Fernando Pimentel/PT estuvo presente en el campamento intimidando las familias y registró un boletín de ocurrencia a servicio del latifundista Manoel Gomes.

“Pero nada de eso nos va a impedir de seguir adelante, porque la población de Cachoeirinha está con nosotros y conoce toda la verdad de esas tierras robadas”, concluye la nota, convocando los medios comerciantes y propietarios a apoyar los campesinos que son los responsables por el desarrollo del comercio y de la producción en la región.

Amenazas de desalojo

En Matias Cardoso, decenas de familias del Quilombo de la Lapinha están amenazadas de desalojo. Desde 2006, los quilombolas ocupan 22 hectáreas de la hacienda Casa Grande resistiendo a las ofensivas del latifundio y del viejo Estado.

El mandado de reintegración de posesión fue emitido por la Vara Agraria a favor de la empresa Facendas Reunidas Vale do São Francisco (FAREVASF), que pretende expulsar los quilombolas para concretizar la venta de las tierras al Instituto Estadual de Florestas (IEF).

La hacienda Casa Grande fue comprada por el IEF, a pesar de haber un acuerdo establecido en 2007 entre la Vara Agraria del Tribunal de Justicia de Minas Gerais, la FAREVASF – pretensa propietaria de las tierras – y las familias, que llevó a la ocupación de las tierras.

El IEF es un órgano del viejo Estado que ha sido denunciado por los movimientos populares de la región debido a la persecución que promueve contra la pequeña y media producción campesina, bajo el pretexto y discurso de “defensa del medio ambiente”.

Las familias quilombolas reafirman su disposición en seguir luchando por su territorio para que puedan continuar trabajando y viviendo con dignidad.

Retorno y amenaza de remoción

Cerca de 45 familias de la Comunidad Canabrava en el municipio de Buritizeiro también están amenazadas de desalojo.

Los campesinos retomaron las tierras de la hacienda Canabrava el día 04/08, de las cuales habían sido expulsados ilegalmente el día 18/07 por la PM del gerente provincial de Fernando Pimentel/PT. La acción ocurrió con la orden provisoria de reintegración de posesión suspensa por la judicatura.

Según denuncia de apoyadores del AND en el Norte de Minas, esta acción criminal de la PM preparó el terreno para que, dos días después (20/07), un grupo de pistoleros, comandados por el latifundista Adriano Pinto Coelho Gonzaga – nieto y heredero de Breno Gonzaga antiguo propietario del latifundio – invadiera la comunidad, colocando fuego y pasando con un tractor encima de lo que restaba de las casas y pertenencias de los campesinos.

‘Justicia’ suspende proceso

La “Justicia” federal en Ponte Nova suspendió el proceso criminal contra 22 personas y las multinacionales Samarco, Vale, BHP Billiton y VogBR  por el crimen lesa-patria premeditado en la represa de Fundão, en Mariana, en 05/11 de 2015.

En la ocasión, 19 personas murieron y millones de metros cúbicos derramaron de la rotura, alcanzando el Río Doce y llegando al mar en Espíritu Santo.

Los abogados de las empresas pidieron la anulación del proceso alegando que una quiebra de sigilo telefónico ultrapasó el periodo judicialmente autorizado. Una vez más queda expuesto el carácter del judicial como guardián de los privilegios del latifundio, de la gran burguesía y del imperialismo en nuestro país.

En nota publicada en noviembre de 2016, Gerson Lima, de la Liga Obrera, ya denunciaba: “La judicatura podrida y todas  instituciones burguesas son también cómplices de los crímenes de las mineras. La Samarco (Vale y BHP Billinton, de propiedad del Bradesco y otros parásitos grupos financieros) chantajea los comerciantes locales diciendo que va a dejar de operar caso tenga que pagar por la destrucción, intentando, con eso, colocar el pueblo contra el pueblo, colocarse como víctima y continuar saqueando la región y destruyendo progresivamente la vida de las personas y el medio ambiente, todo para embolsar más y más superlucros”.