‘Nueva ley de tierras’: demagogia para cesar lucha por la tierra e impulsar latifundio

‘Nueva ley de tierras’: demagogia para cesar lucha por la tierra e impulsar latifundio

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Traducción Enrique Chiappa

 

La absurda alteración en la ley de tierras impuesta por el gobierno de generales y del fascista Bolsonaro, en esta otra de sus demagogias, cuyo supuesto objetivo es agilizar y desburocratizar la concesión de posesión de tierras, agudizará aún más la lucha por la tierra en el campo.

La Medida Provisional (MP) 910/2019 firmada por Jair Bolsonaro fue publicada en 10 de diciembre de 2019 y trata de la regularización agraria en todo territorio nacional. La medida dice respeto a todas las tierras públicas federales que no estén en uso, mientras la ley antes englobaba sólo el área de la Amazônia Legal. La concesión de los títulos de posesión a los ocupantes pasa a ser una decisión del Ministerio de la Economía con apoyo del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Oficialmente, se proyecta que serán distribuidos cerca de 600 mil títulos de propiedades rurales para ocupantes de tierras públicas de la Unión y asentados de la “reforma agraria”. ¿Pero sería esa la real destinación de los títulos?

En entrevista al AND, un representante de la Comisión Nacional de las Ligas de los Campesinos Pobres (LCP) afirma que tal vez este sea el mayor robo de tierras en la historia reciente de Brasil. Él declara también que las posibilidades de algún campesino pobre o sin tierra ser beneficiado se deshace delante de las condiciones impuestas por el viejo Estado.

 

Imposiciones para regularización

 

El área pasible de ocupación, que un día ya fue de 300 hectáreas (ha), fue ampliada en 2017 para hasta 1,5 mil ha y el valor actual pasa a ser de 2,5 mil ha. Eso significa que una sola persona puede, según estos nuevos parámetros, detener 2,5 mil campos de fútbol en tierras. La comprobación de ocupación para los que se encajan en estos parámetros es, por ejemplo, una declaración del ocupante, no siendo más necesaria una visita de verificación.

Pero, los parámetros para declararse titular son poco accesibles, como es el caso de la exigencia de la condición de comprobación de “práctica de cultura efectiva, ocupación y explotación directa, mansa y pacífica, por sí o por sus antecesores”, hecha por medio de detección remota cuyos valores se aproximan de R$ 150 mil para una porción de 2,5 mil ha, como constatado en un servicio prestado mediante licitación al Estado por una empresa privada en 2017. Consecuentemente, el acceso a tal servicio, necesario para regularizar la tierra, es restricto a quién tiene capital disponible, es decir, latifundistas y capitalistas burocráticos.

Otro parámetro que, además de incierto, es un posible generador de futuros conflictos, es la exigencia constar en el Registro de alta Ambiental Rural (CAR). Ese registro ya es altamente contestado, pues el CAR se basa en auto declaración, lo que abre la posibilidad de declarar una parcela ya dada de alta. Actualmente hay en el CAR 10 millones de sobrepuestos. Siendo que de los más de 4 millones de inmuebles dados de alta, aproximadamente 3,7 millones (95%) poseen algún tipo de sobre posición con otros inmuebles. De estos, cerca de 24,8 mil inmuebles están en Tierras Indígenas Homologadas o Unidades de Conservación de Protección Integral (fraude de escrituras de latifundistas, sobre todo).

La nueva ley también posibilita la posesión de la tierra para aquellos que las ocuparon en hasta 2014, siendo pasible de que, en casos de venta directa por el valor máximo de la tierra desnuda, la ocupación pueda haber ocurrido hasta diciembre de 2018. La fecha límite anteriormente era 2008.

Esta disminución de la exigencia en la fecha en la cual la tierra fue ocupada significa la legalización de hechos ya constatados, como es el caso de los fraudes de escrituras en tierras indígenas. En consonancia con una investigación presentada a finales del año de 2019 por el Consejo Indigenista Missionário (Cimi), en 2018 el aumento de invasiones en tierras indígenas registrados fue para 111 y, sólo de enero a septiembre de 2019, ese número subió para 160 invasiones.

 

Ocupación ‘mansa y pacífica’

El secretario de Asuntos agrarios del Ministerio de la Agricultura, Nabhan Garcia, afirmó, en ocasión de la divulgación de la MP, que quién merece regularizar la tierra es “aquel que está más de cinco años viviendo, trabajando, produciendo de manera mansa y pacífica. Él merece”.

Esa afirmación no está sólo en las hablas de ese secretario que ya fue líder de los “ruralistas”, pero presente en diversos artículos de la nueva legislación, donde consta que uno de los requisitos a los que solicitan la posesión es: “ocupación mansa y pacífica: aquella ejercida sin oposición y de forma continua”.

Esta medida, que es parte de un proyecto corporativo para colocar la masa campesina sometida organizadamente por el viejo Estado, quiere aislar las masas campesinas de sus organizaciones de lucha. Aún en entrevista al AND, el representante de las LCPs declara:

— Ellos dicen que la ocupación de la tierra tiene que ser mansa y pacífica, ¿y cual posesión de los campesinos es considerada mansa y pacífica? Ninguna. Ningún juez considera la posesión de los campesinos mansa y pacífica. Ese es otro elemento para poder atacar los campesinos y para engañar una parte diciendo “no, usted va a tener el derecho”, pero concretamente acaba con la posibilidad de que esos más de 300 millones de ha, que son tierras públicas, sean pasados a sus verdaderos dueños, que son los campesinos, indígenas y quilombolas.

Y la demagogia será acompañada de represión, como afirma el representante de las LCPs:

— La desesperación y agresividad de esa medida corresponden, desde el punto de vista de la lucha, a la declaración de guerra con la Garantía de la Ley y de la Orden. Usted no tendría cómo hacer una medida de esas si no tuviera las Fuerzas Armadas en el campo – remata.

 

El caso de Rondônia y el robo de tierras por el latifundio

Medidas como esa, que supuestamente amplían el acceso a la tierra para los pequeños campesinos y a los sin tierra, en general hacen reproducir el latifundio y la situación de penuria de los campesinos. Un caso ilustrativo es la colonización de Rondônia.

Con la creación del estado de Rondônia, se inició allí un intenso proceso de colonización. El régimen militar fascista, en los años 1970, lanzó el Programa de Integración Nacional (PIN) que, en consonancia con el geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, tenía como objetivo regularizar y facilitar el monopolio de la tierra por grandes corporaciones agropecuarias y empresas extranjeras de extracción de materia prima vegetal y mineral, asociados al propósito de “aliviar las tensiones sociales” causadas por las ocupaciones de tierra por los campesinos en todo el país.

Durante este proceso, monopolios latifundistas, juntamente con campesinos, se establecieron en la región. Sin embargo, la prioridad fue para los que tenían condiciones de realizar deforestación, es decir, capital disponible para impulsar los emprendimientos (latifundistas y corporaciones del capitalismo burocrático e imperialistas). Para el latifundio, bastaba declarar que nadie había reivindicado legalmente el área que esa le era dada. Además de eso, la expansión también se dio a través de la falsificación de incontables títulos de tierra.

En consonancia con el investigador, el proceso de favorecimiento de los latifundistas se dio también por medio de acciones coercitivas del Estado o a través de las acciones armadas emprendidas por los grandes propietarios contra los pequeños y medios campesinos. El apoyo a los campesinos por parte del Incra, por su parte, fue lento y restricto.

La investigadora Ellen Cristina Francisco, también analizando el estado de Rondônia, muestra que a partir del programa “Tierra Legal”, impuesto por Lula en 2010 (y que es la base de esa nueva ley propuesta por el fascista Bolsonaro), es posible verificar un aumento del 133% de registros declarados de grandes propiedades, con números pasando de aproximadamente 54,7 millones ha para cerca de 127,7 millones ha de área total bajo control del latifundio, de los años de 2003 a 2010.

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