El día 10 de noviembre el Tribunal de Justicia de Pará decretó la prisión preventiva de seis integrantes del MST bajo la acusación de ataque a haciendas del complejo de latifundios de la Agropecuaria Santa Bárbara, vinculada al grupo Opportunity, perteneciente al banquero y latifundista Daniel Dantas. La prisión preventiva del coordinador estadual del movimiento, Charles Trocate, ya había sido decretada y a ella se sumaron las órdenes de prisión de Edimilson dos Santos Gomes, Baltazar Luis de Souza, Jorseley Alves da Silva, Lourival Santos Ferreira, Moisés Lima Silva y Antônio Luiz de Souza.

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Latifundiários agradecem à Ana Júlia Carepa pela operação “terror no campo”

Las haciendas del complejo Santa Bárbara, que ya habían sido terreno de enfrentamientos entre campesinos y pistoleros en marzo/abril de este año, volvieron a protagonizar el escenario de la lucha por la tierra con una nueva embestida del latifundio en su desenfrenada campaña de criminalización de la lucha campesina.

LCP alerta sobre el agravamiento de la situación

La orden de prisión preventiva del coordinador del MST Charles Trocate fue decretada después de la resistencia de los campesinos, que ocupan una área del latifundio Santa Bárbara, a los ataques de los bandos de pistoleros “al servicio de las haciendas del grupo Santa Bárbara, de Daniel Dantas (…) manifestaban frente a las sedes” [nota de la Comisión Nacional de la Liga de los Campesinos Pobres]. Después de la resistencia de las familias campesinas, la gobernadora de Pará, Ana Júlia Carepa (PT), envió 200 policías para el área de las haciendas Maria Bonita y Rio Vermelho.

Una nota de denuncia publicada por la Comisión Nacional de la Liga de los Campesinos Pobres en noviembre último enumeró una serie de acontecimientos recientes que confirman una nueva embestida del latifundio contra el movimiento campesino, particularmente en el estado de Pará.

Citando una materia publicada en la página del MST en internet, la nota hace referencia a los constantes ataques de bandos de pistoleros a mando del latifundio y al servicio “del banquero y latifundista Daniel Dantas, conforme reconoce el propio Ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi. En la materia, el Ministro declara: ‘Tenemos informaciones de que algunas empresas registran la contratación de 20 vigilantes y 20 armas, pero en la práctica son reclutados más de 80 hombres que actúan de forma irregular con violencia’” [www.mst.org.br – 11 de noviembre]

Represión con el respaldo de la ley

El Diario do Pará de 12 de noviembre publicó en uno de sus titulares: “Con votación aplastante, TJE admite intervención en Pará”. En una votación que decidió con 21 votos a favor y 1 contrario, fue aprobado el pedido de intervención federal en el estado de Pará, “acusado por entidades de productores rurales de no cumplir órdenes judiciales de reintegración de posesión de haciendas invadidas y ocupadas por trabajadores sin-tierra.” El artículo del citado periódico prosigue: “El mérito del caso será ahora juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Caso el pedido sea acepto, la decisión del STF será encaminada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tendría que nombrar un interventor con la misión de cumplir las órdenes deferidas por la Justicia.”

En Minas Gerais, el Tribunal de Justicia condenó João Batista da Fonseca, de la Coordinación Nacional del MTL y presidente del PSOL en MG, y Wanduiz Evaristo Cabral, de la Coordinación del MTL y miembro de la Ejecutiva Estadual del PSOL/MG; así como, en primera instancia, la abogada y coordinadora del MTL, Marilda Ribeiro. La Comisión Nacional de la LCP acusa la justicia atribuyendo esas condenas a la “victoriosa lucha por la desapropiación de la Hacienda Tangará, en Uberlândia, ocurrida entre los años 1999/2000”.

Los últimos hechos son la comprobación de que los agentes del Estado burgués-latifundista intensifican su odiosa campaña de criminalización de la lucha por la tierra y del movimiento campesino combativo.

Preparativos para un baño de sangre

Primero fue la mal afamada “operación Paz en el campo” deflagrada por Ana Júlia Carepa, con respaldo de Tarso Genro y Luiz Inácio que ya dejó un rastro de más de 13 muertes en el sur de Pará. Enseguida vino presión directa de Gilmar Mendes por el cumplimiento cabal e inmediato de más de un centenar de órdenes de reintegración de “posesión” en favor del latifundio. Ahora se inician los preparativos para un nuevo genocidio en la misma región de Eldorado dos Carajás, donde hace 14 años las huestes del latifundio también pretendieron ahogar en sangre la lucha campesina.

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