Traducido por Enrique F. Chiappa
Cuatrocientos soldados de tropas regulares y especiales de la Policía Militar del Estado de Pará, comprendiendo Tropa de Choque, Comando de Misiones Especiales (CME), Poposseiros del sur ylicía Civil, Policía Rodoviária Federal y Ejército, 40 vehículos, cuatro helicópteros y un avión. Prisiones de campesinos, mujeres y niños, tortura y amenazas de muerte. Esta es la descripción de la situación actual del sur de Pará, más precisamente, en el área de más de 20 mil hectáreas adonde en 22 de setiembre último, campesinos pobres tomaron la Hacienda Forkilla. Una verdadera operación de guerra ordenada por la gobernadora Ana Julia Carepa (PT) que resultó en la detención de centenas de campesinos y persecución de liderazgos populares.
En la madrugada del lunes 19 de noviembre, los campesinos fueron sorprendidos en sus barracas por una verdadera operación de guerra. Muchas familias todavía dormían cuando las tropas del Ejército bloquearon la estrada BR-158, entre Redención y Santa Maria de las Barreras, en el sur de Pará y los efectivos de la Policía Militar, Civil y Rodoviaria, Ejército, fuertemente armados, de forma truculenta invadieron el área de la Hacienda Forkilla.
La operación, que fue cínicamente denominada por el gobierno como “Paz en el Campo”, es la aplicación de la política de terror contra los pobres del campo fomentada por el Estado burgués-latifundista en Pará. Las barracas de los campesinos fueron invadidas, sus ocupantes agredidos con sopapos en el rostro, culatazos de escopeta en el pecho y después desalojados a empujones, insultados y amenazados con armas grueso calibre apuntadas para sus cabezas.
Más de 200 campesinos fueron brutalmente agredidos y presos, colocados en una siniestra fila india y conducidos para un descampado, donde fueron mantenidos bajo la guardia de soldados armados con fusiles, escopetas y ametralladoras. Basta observar las fotos para concluir que se trataba de trabajadores, campesinos, gente simple de la región que, cansada de esperar por el cumplimiento de las promesas del gobierno, decidieron conquistar con sus propias manos el sagrado derecho a la tierra.
Falta de respeto y humillación; agredidos ante sus hijos, una escena indignante. Imposible no recordar la historia de Canudos, mil veces difamada por las tropas y portavoces de la semifeudalidad, adonde gente simple y brava impuso fragorosas derrotas a las tropas asesinas del Ejército de la antigua república, tratados como bandidos, fanáticos, del mismo modo agredidos y humillados.
Mandantes, portavoces y ejecutores
La operación de guerra contra el pueblo pobre de Pará fue precedida por una campaña histérica y calumniosa promovida por el monopolio de la imprenta. Particularmente en los editoriales y artículos del diario Folha de San Pablo y la revista Veja, tradicionales voceros de las proclamaciones de los grupos de poder desde los gorilas del régimen militar hasta la super-reaccionaria UDR, los latifundistas hicieron transbordar todo su odio y temor de las luchas de las masas campesinas. Una serie de artículos atacó y acusó sin ni siquiera una prueba.
El latifundio de Pará enviaba un recado claro a la gobernadora Ana Julia Carepa (PT), cuya gerencia reprimía insuficientemente al pueblo de Pará para asegurar su tranquilidad. Bastó la primera serie de artículos corruptos encomendados ser publicados, para que la gobernadora diese la orden de ejecución de la “operación paz en el campo”.
Aplicando fielmente la máxima fascista de repetir una mentira 100 veces pretendiendo que ella se venga a tornar verdad, el latifundio y sus compinches tratan de imputar a la lucha por la tierra el sello de acto criminal. Este artificio no es mérito de los servicios de seguridad y represión nacionales. Los más viejos y reaccionarios manuales de represión de las clases dominantes ya apuntaban que para lanzar la opinión pública contra los luchadores del pueblo, se debía primero descaracterizarlo, difamarlo, criminalizarlo para después desatar la más feroz represión.
Armas de guerra de los latifundios
Manipulando las informaciones, las publicaciones encomendadas por el latifundio continúan tratando a los campesinos y posseiros* del sur de Pará como “bandidos” y “bandoleros”. Después de la operación policial contra los campesinos en la Hacienda Forkilla, fue noticiada la aprehensión de un arsenal de armas pesadas (fusiles FAL, M-16, y Ruger, pistolas automáticas, y escopetas) encontrado en la Hacienda Estrela de Maceió, de la familia de P.C. Farias (ex tesorero de Collor), adonde terratenientes entrenaban matones (llamados por la imprenta de ‘guardias contratados’) , mas toda la conexión con este hecho, inclusive la foto del arsenal, fue colocada en la materia que hablaba de la Liga de los Campesinos Pobres y de la operación “paz en el campo”.
NAP acusa “Tropa de elite” del latifundio
Cuando se enteraron de lo ocurrido, representantes del Núcleo de los Abogados de Pueblo organizados en una comisión, se dirigieron hacia el sur de Pará con el objetivo de investigar las agresiones contra campesinos y dar apoyo jurídico a los detenidos.
Los abogados tomaron declaraciones que vinieron bajo la forma de desahogos indignantes y denuncias contundentes de las torturas aplicadas contra adultos, ancianos y niños. La comisión de abogados fue acompañada personalmente por el Ouvidor Agrario Nacional, Gercino José da Silva Fillo, de un representante regional de la Defensoría Pública y de varios miembros del INCRA-SR-27 (Marabá), entre ellos el representante oficial de la superintendencia regional de aquel órgano.
Después de esta primera misión de investigación y solidaridad a los campesinos, una nueva comisión de abogados retornó al sur de Pará, esta vez yendo a Redención y Concepción de Araguaya. Los abogados del NAP consiguieron visitar a los 22 campesinos que continúan presos y constatar todas las denuncias de torturas, malos tratos, humillaciones y toda clase de abusos practicados por los integrantes de la operación contra aquellas familias de trabajadores. El Núcleo de Abogados del Pueblo publicó informes sobre las atrocidades cometidas contra el pueblo pobre del sur de Pará. En el artículo siguiente “Detalles de la acción represiva…” reproducimos algunos trechos de estos informes.
Recompensa por cabezas
120 mil reales. Los relatos de varios campesinos recogidos por nuestro corresponsal, dicen que este fue el precio fijado por los latifundistas para que sus matones eliminen los dirigentes de la Liga de los Campesinos Pobres. Entre estos está el compañero Luis Lopes, histórico liderazgo campesino de la región y uno de los coordinadores de la LCP (lea entrevista con él en esta edición). Lo que fue obtenido del pueblo pobre, por medio de la violencia, torturas, persecuciones y tormento para millares de familias, se transformó en una subasta macabra, adonde latifundistas dan pujas altas para tratar de eliminar la organización combativa de los campesinos de Pará.
Poco más de un año atrás, la Liga de los Campesinos Pobres realizó su congreso de fundación en el Estado de Pará y abrió una modesta sede en la ciudad de Concepción de Araguaya. Los campesinos organizados en la Liga realizaron durante todo el año decenas de manifestaciones públicas, paseatas, repartición de panfletos y encuentros.
A través de su trabajo serio y persistente, la Liga adquirió la confianza y respeto de los campesinos pobres de la región. Sus actividades y reuniones realizadas son abiertas y públicas, pues corresponden a los intereses de la gigantesca masa de los campesinos pobres que lucha contra el latifundio y contra todo tipo de crímenes practicados por el Estado.
La movilización para la retomada de la Forkilla, principalmente en Redención, fue intensa (vea AND 38 — La lucha campesina se hace oír) y contó con la participación y apoyo de innumeras organizaciones, sindicatos democráticos de toda la región.
Mas, el odio de los latifundistas el temor de la organización de los campesinos pobres, y contra la LCP está bien explicado en el último manifiesto distribuido por la Liga después de la operación de terror en el campo:
“Lo que el latifundio no acepta es la independencia de la Liga de los Campesinos Pobres. Ellos no se conforman de que no seamos una organización del esquema del gobierno, que dependa y sobreviva de dinero público y que por esto pudiese ser chantajeada y controlada.
Los millares de familias que sueñan y luchan por un pedazo de tierra ya distinguen quien es quien en la lucha contra el latifundio. Separan los combativos de los oportunistas y bandidos.”
Bandidos esclavistas
Mientras el pueblo pobre de Pará es albo de persecuciones y todo tipo de violencia por parte del Estado, los campesinos permanecen detenidos, los bandidos esclavistas, los latifundistas y torturadores permanecen en libertad y cometiendo otra serie de crímenes.
Después de la campaña de persecuciones y la operación militar en la Forkilla, surgieron en la ciudad de Redención decenas de outdoors encomendados por latifundistas, agradeciendo a la gobernadora Ana Julia Carepa (PT) por la acción violenta contra los campesinos pobres.
La gobernadora Ana Lúcia Carepa, al contrario de lo que blandían los órganos del monopolio de la imprenta antes de la operación militar en la Forkilla, gobierna para el latifundio y para la gran burguesía. Su campaña marchó remolcada por el populismo de Luiz Inacio y la aplicación de sus políticas de “bolsa-limosna” junto a la población pobre del interior del país, que garantizó su victoria electoral sobre el desgastado PSDB después de 12 años de gerencia en el gobierno del estado.
Mas ella también contó con un importante aliado: el diputado federal Jader Barbalho (PMDB), que además de poseer un estrecho vínculo con los asuntos de la “seguridad pública” del Estado de Pará, es un legítimo representante del latifundio de la región, un auténtico señor feudal, con un extenso prontuario en la justicia por desvío de dinero público, y diversas veces denunciado por beneficiar latifundistas correligionarios que cometían crímenes de explotación de trabajo esclavo.
Defendiendo su legado, la Gobernadora Ana Julia, ordenó la acción militar en la Hacienda Forkilla, cuyas tierras eran reivindicadas como propiedad, y tomadas por el esclavista Jairo Andrade, fundador de la criminal y reaccionaria UDR (Unión Democrática Ruralista).
Jairo Andrade participó de la trama de la muerte del abogado y ex diputado estadual Paulo Fonteles, ejecutado en 17 de junio de 1987, por su lucha en defensa de los posseiros del sur y sudeste de Pará. Decenas de veces denunciado por la práctica de trabajo esclavo, fue uno de los grandes responsables por el derrumbe de la floresta en la región para transformarla en grandes pastos para la cría de ganado.
La operación militar contra los campesinos pobres de Pará, la mayor después de la represión a la Guerrilla de Araguaya, no tenía como objetivo ni siquiera cumplir la orden de reintegrar la posesión. Mismo así, caso tuviese este fin, ella sería conducida por la Vara de Conflictos Agrarios. Esta operación de guerra fue realizada para cumplir “mandatos de búsqueda y aprehensión”.
Irónicamente, exactamente en el mismo día en que ordenó la operación militar en la hacienda Forquilla, la gobernadora invistió una “Comisión de Erradicación del trabajo esclavo”.
Posseiro* – Aquel que ocupa una tierra sin dueño o cuya propiedad esta siendo discutida.
Detalles de la acción represiva
Informativo de las comisiones del NAP
La llamada ‘Operación Paz en el Campo’ dirigida por la DECA (Delegacía de Conflictos Agrarios del Sur de Pará) bajo la responsabilidad del Comisario Alberone Afonso Miranda Lobato que, de acuerdo con lo noticiado en la imprenta, estaba siendo gestada y ejecutada, en fase de investigación, desde setiembre del corriente año, se destinaría oficialmente a impedir la acción de bandos armados en la región Sur de Pará, mismo que se tengan, hasta el momento, pocas informaciones sobre los detalles de su planeamiento.
El real espíritu de la operación fue de cierta manera anunciado y preparado por la Revista Veja, nº 2033, de 07/11/2007, con la materia “Far west en Pará” de autoría de Leonardo Coutinho, la cual atribuía la violencia en el campo a movimientos de trabajadores rurales, destacándose la Liga de los Campesinos Pobres, y cobraba inmediata represión.
En la operación, no había mandatos de reintegración de posesión a ser cumplidos. Hasta por que, cuando son planeadas acciones policiales para cumplir ordenes judiciales, antes son realizados varios procedimientos relativos a los procesos y de mediación de conflicto, entre ellos la intimación por el oficial de justicia, con plazo para desocupación; reuniones de negociación para búsqueda de solución pacífica y definición del lugar para donde las familias irán; mediación en el lugar del conflicto con la presencia de representantes del Ministerio Público, INCRA, IBAMA, ITERPA y otros. Nada de eso fue hecho.
Participaron de la acción represiva tropas regulares y especiales de la Policía Militar del Estado de Pará, entre ellos la Tropa de Choque Comando de Misiones Especiales (CME); la Policía Civil y el Ejército Brasileño. Gran parte de los (supuestos) policías estaban encapuzados, parte de ellos usaban uniformes con dibujos de calaveras y hacían los tradicionales gritos de intimidación ‘vamos beber sangre’ entre otros.
Los autos de la policía invadieron las áreas campesinas y persiguieron hombres, mujeres y niños, con el objetivo de causarles pánico y terror. Los campesinos fueron gravemente agredidos. Cuando querían agredir alguien especialmente, llamaban el ‘calavera’, siendo conocidos los ‘calaveras’ los más bárbaros y brutales agresores. Los policías participantes de la operación no eran identificados y utilizaban máscaras y camisetas con el símbolo de la calavera.
Las familias enteras fueron desalojadas apenas con las ropas que vestían, y hasta este momento (el informe fue publicado en 1º de diciembre) no les fue permitido retornar al local para retomar sus cosas. Muchas personas desaparecieron y continúan desaparecidas.
Denuncias de torturas
Más de 200 personas fueron presas y torturadas durante la operación. 22 personas entre hombres y mujeres, permanecen detenidas en presidios y comisarías de Redención y Concepción de Araguaya.
Los mandatos de prisión preventiva existentes fueron expedidos con apodos como “Azulón”, “Pie de Hierro”, “Buchada” sin ninguna otra identificación, de manera que cualquiera entre las centenas de familias podía ser encuadrado dentro de los nombres y características del mandato de prisión.
Los Abogados del Pueblo recogieron declaraciones de decenas de hombres y mujeres torturados. Los relatos de varios de ellos fueron gravados. Tuvimos acceso a algunas grabaciones que relatan el tratamiento bárbaro y las torturas morales y físicas aplicadas por los policías.
Un viejo campesino, después de ser humillado y ofendido por sus agresores, sin identificar los liderazgos del acampamento, fue obligado a ingerir un pote lleno de pimienta con sal y cebolla, causando graves daños al sistema digestivo. Los campesinos también contaron que entre las sesiones de golpes, los policías introducían la cachiporra en el ano de los torturados.
Una mujer cuenta que pidió para que los policías dejasen su madre ir al baño y recibió una patada en las costillas.
Un hombre relata que sufrió ahorcamiento y ahogamiento y que los policías utilizaron una bolsa plástica para asfixiarlo. Este hecho demuestra también para qué sirven, en realidad, películas fascistas como “Tropa de Elite”.
Fueron varias las denuncias de campesinos sobre el tratamiento de los policías de ‘calaveras’ con uso de bolsas plásticas para asfixiar campesinos. Hay denuncias de que por lo menos dos campesinos fueron brutalmente golpeados mientras sostenían una granada sin el seguro, con los torturadores gritando e insultando, diciendo que irían explotar si ellos no alcahueteasen los supuestos liderazgos del acampamento.
— El SBT (Red de TV) filmó todo — cuenta indignado un viejo campesino — pero no divulgó nada. En el primer día apareció algo en los diarios de la Redención, mas cuando el asunto comenzó a propagarse, los policías no permitieron más a la imprenta aproximarse. Y continúa — Quemaron toda mi plantación. ¡No somos bandidos, no hay bandidos en nuestro medio! — protestó.
Los Abogados del Pueblo entrevistaron un grupo de mujeres detenidas; ellas denuncian que están en un presidio masculino, en una celda abarrotada:
— Mi madre tiene 70 años y pasa por una gran vergüenza por que es obligada a ser revisada para hacer la visita que dura apenas 15 minutos. No puede dar ni un abrazo — cuenta una campesina, y otra continúa — Un día de estos mi padre vino a visitarme y yo estaba en la enfermería; ¡ fui esposada a la cama!. Mi padre no aguantó y se sintió mal, tuvo que irse. Es mucha humillación…
Las presas cuentan que durante la acción policial en el acampamento, una mujer grávida fue brutalmente golpeada. Otra grávida abortó por el esfuerzo en la fuga para escapar de la violencia. Su marido preso, escribió cartas pidiéndole que cuide bien del hijo que él no sabe haber perdido. Un policía apretó la barriga de una señora grávida de ocho meses mientras le decía que la haría ‘vomitar el niño por la boca’.
Las mujeres denuncian que varios niños de 19 a 12 años permanecieron durante horas bajo la mira de revólveres mientras eran interrogados sobre sus padres, y otros tantos niños entre 2 y 5 años están traumatizadas debido a los vuelos rasantes de los helicópteros sobre el acampamento.
Una de las personas tuvo la oreja destrozada debido a los incontables golpes dados con pedazos de madera y un machete en la cabeza. Personas fueron amarradas y arrastradas, expuestas públicamente semidesnudas y en fila india.
Los hombres están detenidos en otra cárcel y sufren amenazas constantes, además de negarles cuidados médicos.
Los campesinos golpeados afirman que durante la operación policial, un asesor de la gobernadora estaba en la sede de la Hacienda Forkilla y presenció la tortura de decenas de personas.
De acuerdo con informaciones obtenidas de coordinadores de la LCP, las personas que se encuentran actualmente detenidas no pertenecen a la coordinación del movimiento, son simples trabajadores en busca de un pedazo de tierra.
Entrevista con Luiz Lopez de Barros, coordinador de la Liga de los Campesinos Pobres de Pará y Tocantins
Luiz — Nací en Itarajá (TO) en 1954 y en 1980 me mudé para Concepción do Araguaia (PA). Inicié mi militancia política por la lucha por los derechos sociales y democráticos en 1982 y a partir de entonces vengo luchando junto con los movimientos sociales y ayudando a impulsar la economía de la región por medio de la movilización y organización de los pequeños productores. Concepción do Araguaia es importante para la lucha de los campesinos por que es uno de los municipios con mayor área de asentamientos de Brasil. Participé de la fundación de más de veinte asociaciones de trabajadores rurales en la región. Participé de asociación de vecinos y en la construcción del PT. Hice parte de diversos movimientos democráticos, siempre confiando que las cosas irían mejorar.
Las personas entraban en la tierra e iban luego trabajando. De acuerdo con la fuerza del movimiento, los trabajadores conseguían legalizar las tierras. Desde el gobierno Fernando Henrique Cardoso, la tierra que fue ocupada por los trabajadores no puede ser dividida por la reforma agraria. Lula prometió acabar con esto pero no cumplió. Mismo con toda la legislación diciendo que no puede, los campesinos, arriesgando sus vidas, quieren entrar en la tierra, cortar los lotes y ya comenzar a producir.
Supimos del desarrollo de las Ligas de los Campesinos en otras regiones del país y decidimos organizarla en nuestra región. Nosotros necesitamos revitalizar el movimiento de lucha campesina en la región. En 2006 realizamos el Congreso de fundación de la Liga de los Campesinos Pobres de Pará y Tocantins. La fundación de la LCP provocó un gran impacto. Los campesinos avanzaron en la lucha, saliendo de los viejos acampamentos y partieron directo para las ocupaciones, dividiendo el terreno, produciendo y desarrollando la región.
Apoyamos el desarrollo de varias áreas tomadas por campesinos (y ya legalizadas) en Tocantins.
Participamos de la lucha en la Hacienda Bradesco, ocupando sus mejores tierras que, con la disculpa de que eran área de reserva, estaban en las manos de protegidos del gobierno. Apoyamos los asentamientos Santa Mariana, San Judas Tadeo y Nazaré. Apoyamos los acampamentos Praiña y Morro Alto. Organizamos la tomada y división de la hacienda Batente y tomamos y dividimos el área que resultó en el Acampamento Gabriel Pimenta, todos en Concepción de Araguaia. En este año movilizamos y tomamos la Hacienda Forkilla en Santa Maria de las Barreiras.
Lo que vemos es lo contrario. Y cuando los campesinos luchan reivindicando sus derechos son perseguidos, golpeados, torturados y asesinados. El derecho democrático de los campesinos no es respetado por las policías estaduales y Policía Federal de la región. Yo mismo recibí amenazas de muerte de parte de los latifundistas que quieren tener derecho en áreas de reforma agraria; ellos colocan pistoleros dentro de las áreas amenazando los liderazgos de la región y principalmente del acampamento. Esto esta sucediendo en el Asentamiento Nazaré, aquí en Concepción de Araguaia. Y este mismo latifundista comandó un grupo de pistoleros que atacó el acampamento en la Hacienda Batente, área tomada por la Liga en 2006. A pesar de las denuncias a la justicia y órganos gubernamentales, el pistolerismo continúa actuando libremente en la región. Los campesinos están siendo albo de persecuciones ahora en la llamada “Operación Paz en el Campo” que todos están llamando de “Terror en el Campo”. Es la gobernadora Ana Julia que dio la orden para todo esto. Trabajadores, mujeres, viejos y niños fueron cobardemente atacados, torturados y expulsados de la Hacienda Forkilla. Varios compañeros continúan presos y todos los coordinadores de la Liga están con orden de prisión.
La cuestión de las amenazas de muerte solamente se resolvería si hubiese investigación y punición de los culpados. En mi caso, sufrí amenazas de la Policía Militar y pistoleros, que trabajan juntos. Mas las personas que escucharon las amenazas tienen miedo de denunciar por que también se sienten amenazadas.
Aquí las amenazas solamente son llevadas en cuenta cuando alguien muere. Fue el caso de los abogados Gabriel Pimiena, Paulo Fonteles y Joao Batista, hermana Dorothy y padre Josino, entre muchos otros.
Y lo peor es que los amenazados no pueden usar armas para defenderse, por que si son descubiertos los prenden. El pistolero o policía que puede ejecutar tiene libertad de andar armado.
Traducción: [email protected]
