El Plan Estratégico de Defensa, elaborado por exigencia del imperialismo para garantizar la sumisión de Brasil a la hegemonía del USA y reprimir reacciones del pueblo al pillaje de la riqueza nacional y a la matanza en los campos y barrios pobres, despierta el desprecio, descrédito y decepción, tanto en los medios civiles como en los militares.
La exigencia imperialista de que los países latinoamericanos elaboren un plan estratégico de defensa es otra etapa de la política puesta en práctica después de la "vuelta a los cuarteles, principalmente en Argentina, Brasil y Chile".
Luiz Inácio, para cumplir las determinaciones de la metrópoli, dio la tarea a Nelson Jobim y Mangabeira Unger, dos "paisanos" con poco conocimiento militar, pero hombres de confianza del imperialismo y especialistas cuando se trata de legislación anti pueblo.
Escamoteado bajo una capa de modernización de las fuerzas armadas, incentivos a la industria nacional de equipamientos y armamentos, el Plan Estratégico de Defensa reglamenta la utilización de las Fuerzas Armadas como policía, o sea, en el llamado mantenimiento de la orden, tan cara a la clases dominantes nativas. Ejemplos de cuan siniestra es para el pueblo esa actuación sobran en las áreas en que el Ejército está presente, principalmente en los barrios pobres y favelas de Río de Janeiro.
Estudiosos civiles y militares aseguran que ese plan encuentra inmediatamente obstáculos de naturaleza constitucional. Desde la gerencia Sarney, intencionalmente, Brasil se pierde en la separación entre los conceptos de política "de defensa" y de seguridad "interna". Ellos constituyen, tradicionalmente, dominios distintos: la política de defensa tiene orientación externa y es tarea de las Fuerzas Armadas, mientras la seguridad interna pertinente al área de la policía, conforme observa la profesora Maria Helena Castro Santos, de la ANPOCS (Asociación Nacional de Pos-graduación e Investigación en Ciencias Sociales).
La vieja doctrina
El problema viene del tiempo en que, por determinación imperialista, los países latinoamericanos deberían luchar contra el comunismo dentro de sus fronteras, mientras que USA defendería el hemisferio occidental contra "posibles agresiones del bloque soviético". Bajo esta directriz la Escuela Superior de Guerra elaboró la terrible "Doctrina de Seguridad Nacional", de ella restando aún una idea general: El concepto de seguridad nacional no figura en la Constitución de 1988, cuyo artículo 144 incumbe de la seguridad pública, claramente, a las policías civiles y militares. Sin embargo, el artículo 142 dice que el papel de las Fuerzas Armadas es defender la patria, garantizar los poderes constituidos y, si solicitadas por cualquier uno de ellos, garantizar también la ley y la orden. De esa forma, si es cierto que los militares son preparados para enfrentar amenazas externas, no es menos verdadero que ellos pueden, constitucionalmente, intervenir en el campo interno.
En estas circunstancias, después del consentimiento del Consejo de Defensa Nacional (integrado por el gerente general Luiz Inácio, el vicegerente José de Alencar, los presidentes del Senado y de la Cámara y los comandantes militares) las tropas pueden ser lanzadas contra "nuevas amenaza" como el crimen organizado, el narcotráfico, la revuelta causada por la miseria, la desigualdad de renta, la cuestión ambiental, el movimiento campesino, obrero y estudiantil. En el campo externo, donde la permanencia de la vigilancia yanqui es evidenciada por la resurrección de la IV Flota, la tarea de las fuerzas armadas brasileñas, igualmente policial, es juntarse a la fuerzas de paz de las Naciones Unidas, como ocurre en Haití.
Al anunciar la conclusión de la planificación, el ministro de Largo Plazo, Mangabeira Unger, garantizó que "las Fuerzas Armadas serán las más audaces e inventivas del mundo". Indagado, sin embargo, sobre las reivindicaciones de miles de millones de dólares que Ejército, Marina y Aeronáutica pleitean desesperadamente para ser, al menos, operacionales, silenció.
El Plan de Defensa ya no trata de cuantitativos financieros. Los presupuestos públicos intocables, vinculados a una determinada destinación, llegaron a figurar en los estudios de Jobim y Mangabeira, sugiriéndose que, al menos temporalmente, el presupuesto de la Defensa fuera fijado en 2,5% del PIB anual. Delante de la crisis mundial, Mantega, de la Hacienda, y Paulo Bernardo, de la Planificación, no aprobaron nada, y todas las compras de equipamientos van siendo pospuestas teniendo por pretexto la necesidad de completa transferencia de tecnología.
Otras contradicciones
A propósito de las informaciones palacianas, uno de los más respetados investigadores de la FAB, coronel aviador Marcelo Hecksher, en texto publicado en internet, observa:
"Fuerzas Armadas inventivas y audaces constituyen figura de retórica que no dice nada, pero puede decir mucho, dependiendo de qué considerarse como "inventivas y audaces". Preocupa por ser consenso entre los militares profesionales que no se inventa nada cuando se trata del empleo de una Fuerza Armada. Si ser inventivo para el Mangabeira significa "resolverse con pequeños trucos" para superar deficiencias logísticas, él no necesita preocuparse con ningún plan, una vez que las Fuerzas para mantener un grado mínimo de funcionalidad desde mucho tiempo hacen truquillos."
Para Marcelo Hecksher, "las Fuerzas Armadas no pueden quedar ajenas a esa discusión y a las intenciones del señor Mangabeira, representante de un gobierno cuyos ministros, como el de la Justicia, Tarso Genro, parecen encargados de justificar a todo momento la represión indiscriminada sobre el pueblo, diciendo que "los brasileños deben acostumbrarse a tener sus teléfonos bajo monitorización".
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