Mientras la Comisión de la Verdad continúa encajonada, los gorilas de la activa y de piyama siguen colectando firmas para su manifiesto “Alerta a la nación”, pero el pueblo brasileño está respondiendo a la altura. Jóvenes, en varias regiones del país, comenzaron a “escrachar” los militares, y procuradores federales preparan nuevas denuncias contra los torturadores.

São Paulo: manifestantes exibem fotos de desaparecidos políticos

Celso Amorim, el Ministro de la Defensa, escenificó el encuadramiento de los militares que firmaron el manifiesto “Alerta a la Nación”, donde criticaban la Comisión de la Verdad. El Ministro afirmó que todo será hecho dentro de la Ley de la Amnistía, o sea, que los militares de piyama no necesitan perder el sueño, pues en lo que depender de la actual gerencia, continuarán tan impunes cuanto antes. Según sus divulgadores, el manifiesto ya cuenta con más de 2.500 firmas.

Pero quien creyó que la respuesta de Amorim estuvo a la altura, debe haberse asustado con la respuesta popular a los militares de piyama. El día 08/03, el Movimiento Femenino Popular realizó una manifestación por las calles de Río de Janeiro, culminando con un acto público frente al Club Militar. Tinta roja fue lanzada en la fachada del edificio y la calzada ganó la inscripción “Cárcel para los torturadores ya!” Y manifestaciones como esa se esparcieron por el país y prometen continuar quitando el polvo de la historia.

Aquí vive un torturador

Un movimiento llamado “Levante Popular de la Juventud”, esparcido por diversas ciudades, inauguró el “Escrache” en el país. A ejemplo de lo que ocurre en la Argentina, un grupo de jóvenes se dirige a la casa o trabajo de un torturador y señaliza que en aquel local vive un represor.

Las acciones ocurrieron el día 26/03 en varias ciudades. En Porto Alegre, cerca de 100 personas se dirigieron a la Calle Casemiro de Abreu, 619, para informar a los vecinos que allí vive el torturador Carlos Alberto Ponzi, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, de Porto Alegre, durante el régimen militar y fue acusado por la justicia italiana por la desaparición de Lorenzo Ismael Viñas, en Uruguaiana (RS), en 1980.

En Belo Horizonte, 70 personas participaron de la acción realizada frente a la  casa del torturador Ariovaldo da Hora e Silva, en la Calle Biagio Polizzi, 240, apt.302, Barrio da Graça. Además de portar pancartas y carteles, los manifestantes distribuyeron copias de documentos del DOPS conteniendo relatos de las sesiones de tortura con la participación de Ariovaldo.  El torturador llegó a salir a la ventana por algunos segundos, durante el acto.

Cerca de 150 jóvenes protestaron frente a la empresa del ex comisario y torturador David dos Santos Araújo, conocido como Capitán “Lisboa”, en la Zona Sur de São Paulo, Av. Concejal José Diniz, 3700. En 2010, el MPF pidió el alejamiento, pérdida de los cargos y jubilación del delegado por su participación directa en la tortura durante el régimen militar.  Él tuvo participación en el asesinato de Joaquim Elencar de Seixas y en la tortura de Ivan Seixas, hijo de Joaquim.

En el Ceará, 80 manifestantes escracharon el ex-delegado de la Policía Federal José Armando Costa, frente a su oficina de abogacía, en el barrio Aldeota, en Fortaleza. Según relatos de ex-presos políticos, Costa era responsable por los interrogatorios pos-tortura y obligaba las víctimas a firmar testimonios falsos.

En la capital del Pará, Belén, cerca de 80 jóvenes escracharon el edificio del torturador Adriano Bessa Ferreira y entregaron un manifiesto a la población, invitándola a participar de la campaña por la punición de los torturadores. Bessa, además de delatar los militantes, también actuaba en las torturas, después fue presidente de bancos y profesor universitario.

En Curitiba, el escracho fue realizado en el centro de la capital, en la Boca Maldita. Entre los escrachados está el teniente Paulo Avelino Reis, citado como torturador por el Grupo Tortura Nunca Más.

Para conocer la lista con los nombres de los torturadores, basta acceder a la página del Grupo Tortura Nunca Más en internet.

Caso Curió

A pesar del clamor nacional e internacional, la justicia federal de Pará rechazó la denuncia contra el torturador Sebastião Rodrigues de Moura, alias Curió. El coronel de la reserva del ejército es conocido por la represión a los campesinos y a los militantes del PCdoB durante la Guerrilla del Araguaia, que ocurrió en el inicio de la década de 1970.

Belém, PA: manifestantes escracham torturador

La denuncia contra Curió fue presentada por un grupo de cinco procuradores del Ministerio Público Federal (MPF), el día 14/03, y pedía el procesamiento del militar por la desaparición de Maria Célia Corrêa, Hélio Luiz Navarro, Daniel Ribeiro Calhado, Antônio de Pádua Costa y Telma Regina Corrêa. Para los procuradores, los militantes fueron secuestrados por tropas comandadas por Curió entre enero y septiembre de 1974, llevados a bases militares, torturados y después no se supo más del paradero de ellos.

Dos días tras recibir la acción, el juez João César Otoni de Matos entendió que la investigación por la desaparición de medio centenar de personas es un “equívoco”. Para el magistrado la denuncia desconsidera el “gran esfuerzo de reconciliación nacional”. El MPF recurrió de la decisión el día 26 y espera el juicio del recurso.

MPF acusa militares

El Ministerio Público Federal (MPF) de São Paulo debe entrar con acciones, en abril, para investigar la desaparición de, por lo menos, 24 personas, después de ser presas durante la gestión militar. El Coronel Ustra está entre los militares envueltos en el caso y debe ser denunciado.

El MPF de Río de Janeiro creó un grupo de trabajo para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Esos grupos son llamados de “Justicia de Transición” y deben esparcirse por el país. El primero fue creado en 2009, en Río Grande do Sul. La idea  de los procuradores federales es juntar esfuerzos para que los juicios de los torturadores comiencen en breve. Nuevas acciones deben ser ajuiciadas en todo el territorio nacional.

Entienda la tesis del MPF

La tesis del MPF es que según la Ley de la Amnistía, no se puede juzgar los crímenes cometidos durante la gestión militar, pero como los cuerpos de los desaparecidos nunca fueron encontrados, existe un crimen continuado de ocultación de cadáver. Así, los casos necesitan ser investigados y juzgados.

La tesis es la misma sostenida por la Orden de los Abogados del Brasil. Actualmente, la OAB está recurriendo contra el juicio hecho por el Superior Tribunal Federal, en 2010, cuando el tribunal decidió que la Ley de la Amnistía era “amplia, general e irrestricta” y que, por lo tanto, ni militares ni resistentes al régimen militar podrían ser juzgados por los supuestos crímenes cometidos en el periodo.

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