Los asesinatos de los campesinos Cláudio Ribeiro da Silva, Maria do Espíritu Santo y Erenilton Pereira dos Santos, en el Pará, y Adelino Ramos, en Rondônia, así como otras decenas de asesinatos de liderazgos populares no informadas por el monopolio de comunicación, demuestran para el pueblo brasileño la enorme diferencia entre el discurso de la gerencia PT-FMI acerca del problema agrario y la real política de criminalización de la lucha en el campo, principalmente de los movimientos combativos e independientes, y hasta de sectores menos domesticados de los movimientos gobiernistas.
La gerencia del oportunismo es desde 2002, ciertamente, el periodo de mayor terror en el campo desde la llamada “redemocratización”. Por detrás de un discurso populista y de prácticas clientelistas objetivando la conformación de los nuevos “corrales electorales” en la población más pobre, se esconde la más odiosa criminalización de la pobreza y de los movimientos populares, especialmente de los revolucionarios.
La llamada “reforma agraria” del viejo Estado es un fracaso retumbante. Llega al punto, inclusive en que el neoliberal Fernando Henrique Cardoso poder vanagloriarse de haber “asentado” más familias que la gestión oportunista de Luiz Inácio. Por otro lado, la violencia contra los campesinos creció exponencialmente, cometida tanto por instituciones estatales como por los latifundistas a través de los viejos procedimientos, el pistolerismo y grupos paramilitares, que pasaron y continúan con libertad total.
Según datos de la CPT, que divulga informes periódicamente, dígase de pasada datos subestimados, 289 campesinos más fueron asesinados durante la gerencia Luiz Inácio, que en la gerencia de Cardoso.
Sólo este número ya revela dos elementos: que la lucha y los conflictos de tierra se agravaron y que no existe la mínima voluntad de la gestión oportunista de contener la violencia en el campo y punir los responsables. Eso porque la política del viejo Estado es la de proteger el latifundio, profundizar el monopolio de la tierra y asegurar el mantenimiento de las arcaicas relaciones de propiedad que se dan en lo agrario, encorajando la reacción latifundista y sus grupos paramilitares. Muy al contrario de lo que viene a decir ahora Dilma y sus ministros, de que van a dar protección a los liderazgos amenazados de muerte en la Amazonía, los hechos, los asesinatos, los cadáveres de los pobres siguen siendo tirados en la cara del país.
Esos informes oficiales son terriblemente subestimados, una vez que casos evidentes acompañados por AND no fueron incluidos. Por ejemplo, en 2007/2008 la mal afamada operación “Paz en el Campo” ordenada por la ex-gobernadora Ana Júlia Carepa – PT fue desencadenada contra los centenares de familias que habían ocupado el latifundio Forkilha, en el sur del Pará. Centenares de campesinos fueron prendidos y bárbaramente torturados con ahogamientos, zurras, introducción de bastones en el ano y simulaciones de ejecución. En la estela de esa operación, 13 liderazgos fueron asesinados a lo largo de 2008, culminando con la ejecución de Luiz Lopes de Barros, histórico dirigente campesino y dirigente de la Liga de los Campesinos Pobres, en junio de 2009. Igualmente, en diciembre de 2009, Elcio Machado y Gilson Gonçalves, miembros de la misma organización citada, fueron secuestrados por un grupo formado por pistoleros y policías a sueldo del latifundista Dilson Caldato, cruelmente torturados teniendo parte de la piel arrancada así como una oreja de cada uno de ellos y por fin ejecutados en Rondônia. Ninguno de esos casos figura en los informes de la CPT, menos aún de la Secretaría de Derechos Humanos o cualquier órgano del Estado.
Eso también revela que existen dos pesos y dos medidas en el tratamiento de los conflictos en el campo. Ninguna sorpresa. Cuando los asesinatos de los liderazgos antes mencionados ocurrieron, ni siquiera una nota de pesar fue emitida por los órganos estatales, ya que esos campesinos no tenían vínculos con el oportunismo y sus “movimientos sociales políticamente correctos”. Por el contrario, luchaban por la destrucción completa y cabal del latifundio, de forma independiente y radical, desenmascarando la farsa de reforma “agraria” de la gestión de turno.
Además de denunciar los crímenes del latifundio y la responsabilidad y complicidad de las autoridades de este Estado genocida es preciso esclarecer la opinión pública sobre el caso Adelino Ramos. Este hace mucho abandonó la lucha combativa, traicionó sus compañeros transformando el Movimiento Campesino Corumbiara (MCC) en una de sus trampas dedicadas al tráfico de lotes en asociación con agentes del Incra de Rondônia. Ha quedado conocido no solamente por su apoyo a la lucha de los campesinos de Santa Elina en la condición de presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Corumbiara, pero también quedó tristemente conocido por robo de madera de sus propios compañeros en el asentamiento Santa Catarina (hoy poblado de Palmares-Theobrama/RO). Conocido por todos los campesinos de aquel estado por sus “métodos democráticos” de hacer amenazas de muerte a quién le contraríe. Embaucador y tramposo, conquistó antipatía y odio por todos campamentos de sin-tierra donde actuó, recibiendo sólo 30 votos en las elecciones para concejal en Candeias del Jamari en 2008 y, por fin, cayendo en las gracias del oportunista y electorero PCdoB.
Por fin, está claro para todos que el problema agrario es un problema nacional, y no de seguridad nacional, como quiere hacer creer la gerencia oportunista enviando contingentes y más contingentes militares para la Amazonia. La solución del problema agrario en el Brasil pasa por la destrucción completa del latifundio y la eliminación de las relaciones semifeudales en el campo. Como estos componen un pilar de sustentación del viejo Estado, es claro que el oportunismo es su cabeza, como guardián de turno de los intereses de las clases explotadoras, no desea y no puede realizar nada que no sea la vieja demagogia.
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