Indígenas e ribeirinhos ocuparam Belo Monte em maio de 2013

Entre los días 2 y 10 de mayo, cerca de 200 indígenas de los pueblos Munduruku, Juruna, Kayapó, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Parakanã, Arara y ribereños de la región ocuparon el territorio de Belo Monte, uno de los principales locales donde se realizan las obras para la construcción de la Usina Hidroeléctrica Belo Monte, en Victoria del Xingu (PA). Ellos exigían la paralización inmediata de las obras, denunciaban la militarización de su territorio, la destrucción de los recursos naturales provocada por las obras y el incumplimiento de las promesas hechas por el gobierno federal a los indígenas y ribereños durante ocupaciones anteriores.

Esa fue la tercera ocupación en dos meses realizada por indígenas y ribereños en obras de Belo Monte. Y, una vez más, como en todas las otras en que obreros, indígenas o ribereños realizaron huelgas, protestas u ocupaciones, la Fuerza Nacional de Seguridad, que hace meses ocupa el terreno de obras, y la Policía Federal reprimieron los manifestantes.

El día 3 de mayo, segundo día de ocupación, aproximadamente cien policías de la Fuerza Nacional ya sitiaban el campamento indígena.

Reacción se contradice

Según nota publicada por el Consejo Indigenista Missionário (Cimi), en 9 de mayo, un informe elaborado por la jefatura de la Policía Federal en Altamira (PA), apuntaría que “los indígenas estarían amenazando cerca de 3 mil trabajadores, lo que justificaría” una acción de reintegración de posesión en favor del Consorcio Constructor Belo Monte – CCBM.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal – MPF/PA publicó nota demostrando preocupación con la conducción de la reintegración de posesión, “ya que la jefe de la PF en Altamira, responsable por el informe encaminado a la Justicia, es casada con el abogado de Norte Energía S.Felipe Callegaro Pereira Fortes, autor del pedido de reintegración de posesión. En el agravo hecho al TRF1, el abogado llega a citar el informe de la PF, firmado por su esposa“.

Y más: cuando la procuradora del MPF en Altamira, Thais Santi, llegó al terreno de obras para acompañar la acción de reintegración de posesión el día 8, constatando que podría haber un desenlace sangriento, solicitó al Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, en Brasilia, que suspendiera la acción policial, lo que fue atendido por la desembargadora federal Selene de Almeida, que determinó el plazo de 24 horas para que los indígenas se retirasen.

En cuanto a la provocación de que “los indígenas estarían amenazando los trabajadores de la usina“, esta fue respondida por los propios obreros y tuvo gran repercusión en los órganos de prensa locales y páginas en internet en decenas de artículos informando que, en la “mañana del día 3 (de mayo) cerca de dos mil trabajadores aplaudieron de pie un grupo de indígenas que fue a los alojamientos a dialogar con los obreros“.

Para intentar sufocar las noticias procedentes directamente de la ocupación, el día 6, la Fuerza Nacional expulsó, con truculencia, los periodistas y reporteros que acompañaban la ocupación, impidiéndolos de permanecer en el terreno de obras. En nota de protesta, la Federación Nacional de los Periodistas (Fenaj) y el Sindicato de los Periodistas Profesionales en el Estado de Pará denunciaron la truculencia policial y la censura impuesta por las fuerzas de represión, CCBM y gobierno federal.

Ese mismo día, los indígenas realizaron una colectiva de prensa en el área externa del terreno de obras y divulgaron una nueva nota de la cual publicamos tramos:

“El gobierno perdió el juicio”

Gilberto Carvalho (ministro-jefe de la Secretaría-General de la Presidencia de la República) está mintiendo. El gobierno está completamente desesperado. No sabe qué hacer con la gente.

Ustedes prohibieron periodistas y abogados de entrar en la obra, y hasta diputados de su propio partido.

Ustedes mandaron la Fuerza Nacional decir que el gobierno no irá a dialogar con nosotros. Ustedes militarizaron el área de la ocupación, revisan las personas que pasan y ven, nuestra comida, sacan fotos, intimidan y dan órdenes.

Entendemos que es más fácil llamarnos de bandidos, y tratarnos como bandidos. Así el discurso de Gilberto Carvalho puede hacer algún sentido.

Pero nosotros no somos bandidos y ustedes van a tener que convivir con eso. Tenemos el apoyo de la sociedad y hasta de los trabajadores que trabajan para vosotros.

El gobierno está tornándose más violento. En las palabras, en la prensa, y también aquí en las obras con su ejército. Hoy hace seis meses que ustedes asesinaron Adenilson Munduruku [ver AND nº100 – Policías federales invaden aldea y asesinan indígena]. Nosotros sabemos así como ustedes actúan cuando quieren alguna cosa.

“Vamos a continuar la lucha”

Vencido el plazo dado por el TRF de Brasilia, los indígenas decidieron retirarse del terreno de obras. Entonando sus cánticos de lucha, empuñando sus arcos y flechas, se retiraron ya previendo que nuevas y más duras batallas vendrán en un futuro próximo. En un círculo compacto alrededor de los caciques, decenas de indígenas oyeron y respondieron con gritos de guerra a las palabras de protesta de sus liderazgos:

“El gobierno no está respetando los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno nunca respetó el derecho de los pueblos indígenas. Sin oír los caciques, los habitantes, dueños de los territorios indígenas (…) mandando la fuerza nacional, mandando la policía federal, helicópteros volando encima de las aldeas…

Los pueblos indígenas son los primeros habitantes del Brasil, el gobierno Dilma no quiere oírnos. Esperamos casi una semana y (…) el gobierno sólo manda representantes, secretarios… ellos no van a resolver nuestro problema.

Estamos saliendo una vez más indignados. En vez de resolver nuestro problema (el gobierno) manda la Fuerza Nacional, la Policía Federal (…) manda el ejército, para ocupar nuestras tierras, para reprimir movimientos que hacemos para reivindicar nuestros derechos.

Mientras los pueblos están sufriendo, el gobierno está construyendo hidroeléctricas sin (nos) consultar. Estábamos abiertos al diálogo, pero ellos no quisieron dialogar. Encontraron mejor mandar la fuerza nacional. No estamos saliendo de aquí con acuerdo ninguno. Estamos saliendo de aquí como entramos. El gobierno no dio ninguna respuesta concreta. Querían que saliésemos del terreno de las obras para continuar con ese proyecto que es tan bueno para ellos, pero que trae tanto perjuicio para el personal que vive aquí de la región y de otras regiones.

Con certeza (usaron fuerza para retirar los indígenas del lugar), había muchos policías allá. Resolvimos salir de forma pacífica, una vez más. Vamos a continuar la lucha y no vamos a parar. El gobierno no quiere paz, el gobierno quiere guerra con los pueblos indígenas”.