Maria Amélia de Almeida Teles, o Amelinha, como es más conocida, fue prisionera política del régimen militar-fascista. Fue torturada junto a su compañero y delante de sus hijos. Presenció la tortura y asesinato de luchadores del pueblo. Desde entonces, Amelinha, así como tantos otros expresos políticos, torturados, familiares de asesinados y “desaparecidos”, se mantiene inamovible en la lucha para que los torturadores sean identificados y punidos.

En 17 de noviembre, un día antes de la gestión Roussef (PT) sancionar las denominadas “Comisión de la Verdad” y “Ley de Acceso a la Información”, esta mineira de Contagem, nacida en 1944, militante del PCdoB durante los años de 1960/70, nos dio el testimonio firme y sereno de una luchadora que no descansará hasta que se cumpla la justicia reclamada por los que ya murieron y por los que siguen denunciando los criminales (civiles y militares) torturadores del régimen militar-fascista que atormentó nuestro país de los años de 1964 a 1985.

La resistencia

–El movimiento de oposición y resistencia al régimen militar ya venía desarrollándose desde mucho antes del golpe. Queríamos democracia, queríamos el socialismo, una verdadera reforma agraria, luchábamos por derechos. El golpe militar no fue aceptado pacíficamente, naturalmente, como muchas veces se intenta hacer creer. Hubo fuerte oposición desde el inicio.

Militancia

–Fui militante del PCB y, después que ocurrió la ruptura, pasé a militar en el PCdoB. Luego iniciamos la discusión del camino de la lucha en el Brasil. La revolución cubana había triunfado, había la revolución china y luchas en otros países. Decidimos emprender la oposición efectiva a aquel régimen, lo que, para nosotros, también incluía la oposición armada.

Yo y mi compañero (César Augusto Teles) éramos responsables por el trabajo de prensa partidaria. Imprimíamos documentos partidarios, el periódico A Clase Operaria, materiales teóricos y estudios sobre la realidad brasileña. Mi hermana, Criméia (Criméia Alice Schmidt de Almeida), fue para la guerrilla del Araguaia. Ella era elemento de conexión entre la guerrilla y la dirección del partido, el eslabón entre el campo y la ciudad. Ella fue detenida cuando se desplazaba para informar a la dirección del partido de las actividades en el Araguaia.

Tortura y asesinatos

–Inmediatamente después del golpe, yo y mi padre, que era militante, fuimos detenidos. Mi padre fue muy torturado. Todos los días ellos lo transportaban de cuartel en cuartel. Tuvimos mucho trabajo para encontrarlo y, cuando conseguimos, él estaba casi ciego, con el brazo quebrado. En 1972, cuando fui nuevamente presa, presencié la tortura y el asesinato del camarada Carlos Nicolau Danielli, un destacado dirigente del PCdoB, responsable por la prensa del partido. Era él quien dirigía el trabajo con el periódico A Clase Operaria. Fui testigo de su ejemplo de dignidad y firmeza. Fue bárbaramente torturado y no dijo nada.

Los compañeros desaparecidos, torturados, asesinados, fueran o no miembros de la misma organización, convivieron con nosotros, tenemos una conexión política y afectiva.

Asesinatos y desapariciones

Tenemos un número desconocido de desaparecidos y asesinados por el régimen militar y los familiares reclaman su lugar en la historia. Entre esos torturados hay inclusive niños que fueron secuestrados y torturados. Los casos de Argentina y Uruguay son más conocidos, pero hijos de guerrilleros del Araguaia fueron secuestrados y entregados a familias de militares. Tenemos conocimiento de por lo menos siete de esos niños, hoy adultos, que se encuentran en esa situación. Estuve recientemente en Argentina. Allá, según el testimonio de Estela de Carlotto, una de las abuelas de la Plaza de Mayo, que durante décadas luchan por la memoria de los familiares asesinados por el régimen militar en aquel país, 105 niños fueron identificados, pero el total de niños secuestrados desaparecidos se estima entre 400 y 600 casos.

Cartilla del imperialismo

La tortura, ese crimen hediondo, ya era ampliamente utilizada y fue aplicada desde el comienzo del régimen. No es verdad esa historia de que el golpe comenzó de forma blanda. Había centros de formación para esos torturadores, como la Escuela de las Américas. Había una estrategia de represión dictada desde USA. La tortura, exterminio, secuestro, todo eso siguió esos manuales. Una vez un compañero chileno me dijo que aprendió el término “pau de arara” por causa de un torturador brasileño, que realizó entrenamientos de tortura en aquel país. Brasil exportó eso para varios países de  América latina, pero nunca se ocupó de punir torturadores.

Pruebas, condenas e impunidad

Tenemos incontables relatos, como los reunidos en el Brasil Nunca Más1, un importante trabajo que reunió testimonios de torturados durante las auditorias militares. El Estado brasileño no hace ningún esfuerzo para investigar esas denuncias y elucidar esos crímenes. Son todos testimonios dados a los militares, no hay como contestar, los registros son de ellos mismos. Pero aun así sólo se reconoce que hay desaparecidos y que el Estado es responsable. Eso es muy poco, casi nada.

El Estado brasileño fue condenado dos veces por la misma razón: en 2007 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las desapariciones y asesinatos de guerrilleros del Araguaia fue transitada en juzgado. Aún hay una segunda condena de esa misma Corte por crimen de desaparición forzada, que es imprescriptible. Aun así los criminales no fueron punidos de forma alguna.

Torturadores libres

El aparato de represión contó con muchos agentes del Estado, y ellos están todos ahí, circulando libremente. El coronel Brilhante Ustra, por ejemplo, que me torturó, torturó mi compañero y asesinó Carlos Danielli, vive muy bien, en Brasilia, en la región del lago Paranoá.

El proceso que movemos contra él quedó conocido como el proceso de la familia Teles. En él, pedimos que Carlos Alberto Brillante Ustra, coronel retirado, comandante del Doi-Codi de São Paulo entre septiembre de 1970 y enero de 1974, fuese declarado responsable por el crimen de tortura. En 9 de octubre de 2008, Gustavo Santini Teodoro, juez de la 23ª Vara Civil de São Paulo, acató el proceso alegando que la violación de los derechos humanos es un crimen imprescriptible y declaró Brilhante Ustra como mandante y ejecutor de torturas. Es el primero y único proceso en Brasil, hasta hoy, que declara como torturador un agente del régimen militar.

Ese proceso victorioso es un motivo más para que haya justicia. Es una incoherencia enorme haber esa condena y no haber justicia.

Hay otros procesos en marcha. La familia Merlino, por ejemplo, también mueve una acción contra el Brilhante Ustra responsabilizándolo por el asesinato del periodista Luiz Eduardo da Rocha Merlino.

¿Acuerdo entre gobierno y militares?

En esa altura de la entrevista, citamos Lucía Ribeiro, ex integrante de la guerrilla del Araguaia, que en 14 de julio de 2009 hizo las siguientes declaraciones sobre la gestión PT y el proceso de apertura de los archivos y las investigaciones de los crímenes del régimen militar:

“Yo creo que no (esté empeñado). ¿Lula está ahí hace cuántos años? (…) Todo lo que está aconteciendo es en función de presiones nacional e internacional, de reportajes investigativas y de familiares. Porque el tiempo que la Comisión de Muertos y Desaparecidos, que tiene familiares representados, como es el caso de Diva Santana (presidente de la seccional baiana del Tortura Nunca Más y hermano de la guerrillera Dinaelza), no consigue mucha cosa en el gobierno Lula. Sólo ahora se consiguió la identificación de la X2 (osamentas de Bergson Farías encontradas en Xambioá en 1996, que está hace 13 años en posesión de la Comisión de Muertos y Desaparecidos, del Ministerio de la Justicia); por falta de buena voluntad del conjunto, porque existe en el gobierno Lula acuerdos. En mi evaluación ellos hicieron acuerdo con los militares. (…) Creo que existen intereses excusos de grupos en no tocar en la cuestión, en no identificar. Acuerdos con los militares, yo no sé lo que puede ser, pero eso existe.”

Nosotros intentamos, por varias veces, dialogar con representantes del Estado para que se cumpliera la tarea de la justicia. No fuimos recibidos ni siquiera una vez. Fuimos nosotros que luchamos por justicia, hicimos varios debates, recogemos denuncias, y ningún representante nos oyó.

Sin justicia es farsa

Los primeros a reivindicar una verdadera comisión de la verdad y justicia fueron los familiares de los desaparecidos y asesinados por el régimen militar. En 1979, con la amnistía, no hubo ninguna aclaración sobre los crímenes cometidos contra los opositores del régimen, por eso es por lo que luchamos.

Ese proyecto de la comisión de la verdad fue aprobado por el gobierno en régimen de urgencia, sin ningún debate con los familiares o con la sociedad civil. Fueron hechos sólo algunos remiendos, para aparentar democracia. El proyecto de 1995, creado durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ya era atrasado. Ese actual es más aún. Nunca hubo voluntad política de esos gobiernos para llevar a fondo esa cuestión.

Esa comisión de la verdad creada por el gobierno es una farsa. Ella sirve para crear una nube. Ella sirve para no tratar de condena ninguna para los torturadores y asesinos. Quieren hacer con que ella pase como si fuese una gran novedad, pero no es. Ella no tiene poder y ni pretende depurar profundamente, no garantiza que habrá justicia. ¿Será que alguien espera que algún militar que sirvió al golpe va a hablar la verdad simplemente porque se le dio la gana?

Nosotros jamás esperamos que un día hubiese amnistía para torturadores. Pero en 29 de abril de 2010, el Supremo Tribunal Federal, con el juicio de la Acción de Descumprimento de Precepto Fundamental – ADPF nº 153, determinó amnistía para los torturadores!

¿Silencio o complicidad?

El resultado de la depuración de las investigaciones conducido por el Estado hasta el momento es ridículo. No podemos aceptar que eso sea tratado como verdad, porque no lo es. Hace 32 años los familiares luchan por justicia. Todos tienen derecho a una sepultura, todos tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos, todos queremos que la justicia sea hecha.

La lucha de los familiares ya conquistó pequeñas victorias que ya van mucho más allá de lo que esa comisión de la verdad instituida por el gobierno propone. Queremos que sea hecho público cada una de las desapariciones, asesinatos y torturas cometidos por el régimen militar y sus agentes. Queremos saber donde están los cuerpos. Queremos que el resultado de esas investigaciones sean encaminadas a la judicatura, para que sea hecha justicia, y no para el Archivo Nacional como propone el gobierno. ¿Qué pretenden con eso? ¿‘Engavetar’ todos los crímenes nuevamente? Mi historia yo misma la cuento, pero y los muertos?  ¡Los muertos no pueden hablar! ¡Esa historia tiene que venir a público!

Llamamiento a los que luchan

La perpetuación de los crímenes es un retroceso inadmisible. Esa es hoy nuestra gran preocupación. Es preciso haber un gran movimiento por justicia y por el fin de la impunidad.

 Hicimos durante años nuestro trabajo, en duras condiciones, a veces con mucha precariedad. Imprimíamos materiales en el mimeógrafo, en un pequeño cuarto, apretados junto con las tintas y una impresora, cerrados para encubrir el sonido. Teníamos que encarar la clandestinidad y, aún así, hacer los materiales llegar a las manos de los militantes y de la población. Es muy bueno saber que existe un proyecto como el de este periódico, que a pesar de actuar en condiciones diferentes de las que nosotros enfrentábamos, se esfuerza con los mismos propósitos y se empeña por un país más justo. Agradezco la oportunidad de hablar para vosotros.

Conciliación por decreto

El 18 de noviembre Dilma Rousseff sancionó la ley que creó la comisión de la verdad y la Ley de Acceso a la Información.

La comisión de la verdad contará con un grupo de 14 funcionarios nombrados por Roussef y tendrá dos años para producir un informe “con conclusiones y recomendaciones” sobre los crímenes cometidos entre 1946 y 1988.

La Ley de Acceso a la Información trata de la quiebra de sigilo eterno de documentos públicos y establece plazo máximo de 50 años para que las informaciones clasificadas por el gobierno como ultras secretas sean mantenidas en secreto. Eso hasta que un próximo gerente de turno la revea.

1 Brasil Nunca Más es un proyecto desarrollado por Don Paulo Evaristo Arns, pastor Jaime Wright y equipo, realizado clandestinamente durante el periodo del régimen militar, que contiene una importante documentación sobre la historia del Brasil. Sistematizó informaciones de más de 1.000.000 de páginas contenidas en 707 procesos del Superior Tribunal Militar revelando la extensión de la represión política en el periodo de 1961 hasta 1979.

Traducciones: [email protected]