En 2009, dos años antes de ser asesinado a mando del latifundio, el cacique guaraní Nizio Gomes de la comunidad Guayviri (MS), mostró en una única frase toda la fuerza de resistencia de su pueblo: “… no paro (de luchar) porque, si yo morir, me mezclo con la tierra de nuevo.” Transformarse en tierra, la misma que abrigó sus antepasados por siglos, es un recado claro de los guaranís sur-matogrossenses a los usurpadores criminales: combatiremos hasta el fin y no seremos vencidos, porque ni la muerte nos tirará de aquí.

El asesinato del cacique, en noviembre de 2011, por hombres contratados por hacenderos (que después de alcanzarlo con tiros llevaron su cuerpo, no encontrado hasta hoy) fue uno de los incluidos en el último Informe de la Violencia contra los Pueblos Indígenas del Brasil, elaborado por el CIMI (Consejo Indigenista Misionario).

Con datos relativos a 2011, el documento informó que 51 indios fueron asesinados en el país en aquel periodo. El mayor número de víctimas, 32, una vez más fue registrado en Mato Grosso. Nada menos que  62,7 % del total de muertos.

Si en el resto del Brasil el latifundio y empresarios del agronegocio no acostumbran ser muy incomodados por sus aliados de la clase dominante (gerencias municipal, estadual y federal; parlamentarios; jueces y otros), en MS la impunidad de la violencia cometida contra indígenas y campesinos pobres llega a ser escandalosa.

Dice un tramo del Informe:

“Al analizar los datos de los asesinatos ocurridos en Mato Grosso do Sul se llega a la constatación de que allá la violencia está insertada dentro de un contexto que no se altera hace décadas.
O sea, las violaciones a los derechos humanos de los indígenas son históricas y reflejan una realidad donde los indígenas son discriminados por la sociedad envolvente; donde las comunidades viven en campamentos al borde de carreteras o confinadas en áreas y reservas diminutas; donde el poder público es sumiso a los intereses de los latifundistas o de los empresarios de la caña de azúcar, alcohol y del ganado y contrarios a los derechos indígenas; donde el órgano indigenista y los demás órganos asistenciales no fueron estructurados para atender las demandas de las comunidades indígenas en lo que concierne a los servicios de salud, educación, actividades productivas, protección y fiscalización de las áreas demarcadas y fundamentalmente para garantizar que los procedimientos de demarcación de tierras en marcha o a ser iniciados transcurran de manera serena y que sean concluidos.”

En otras palabras: el escenario es de abuso repetido y consentido.

Pero la resistencia no cesa…

En 2011 las naciones indígenas siguieron trabando duras luchas por sus tierras, aún enfrentando adversarios poderosos y brutales. Esos embates se esparcieron por el Brasil de norte a sur, envolviendo miles de indios de las más variadas naciones.

En el caso del MS, por ejemplo, afirma el Informe: “Los pueblos indígenas se movilizan y enfrentan el poder público, así como los ocupantes de las tierras que son reivindicadas y reconocidas como de ocupación tradicional, aunque algunas de ellas hayan sido tituladas por el gobierno federal y estadual y entregadas a los actuales “propietarios”.

El documento apuntó que en 2011 fueron registrados 11 casos de conflictos relativos a derechos territoriales: en el Amazonas (1), Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (3), Pará (1), Paraíba (1), Pernambuco (2), Río Grande do Sur (1) y Santa Catarina (1).

El año pasado los pueblos trukás y pipipãs, en Pernambuco, continuaron no aceptando la llamada Transposición del Río São Francisco. Impuesto a costa de maniobras, disfraces y represión por parte de la gerencia Lula, el proyecto está provocando deforestación, disminución de la caza y serios problemas sociales. Todo aquello que el gobierno PT-FMI juró que no acontecería.

En la Paraíba, el pueblo tabajara luchó contra la instalación de una fábrica de cemento (Cerámica Elizabeth) en territorio por ellos reivindicado.

Los ejemplos fueron muchos, y los números reales probablemente suplantarán los registrados por el Informe.

A seguir, abordamos algunos casos citados en el documento:

TIERRA INDÍGENA: Murutinga (AM)

NACIÓN: Apurinã, Mura

DESCRIPCIÓN: El ayuntamiento de Autazes, cómplice del latifundio, contrató un antropólogo para contestar el informe de la Funai en el proceso de demarcación de las tierras indígenas de los muras y apurinãs. La situación del proceso de demarcación es vergonzosa, pues viene arrastrándose desde el inicio de los años 1970. Son 41 años de tramoyas contra los indios, sumadas a la maniobra de la gerencia de Autazes  de pagar un antropólogo, en 2011.

Las décadas de demora vienen provocando robos de áreas pertenecientes a los indígenas, cuyo territorio hoy tiene el formato de islas rodeadas de haciendas de rebaños de búfalos. Los Muras viven en pie de guerra. Cada vez que se habla en demarcación “se intensifica la presión de los ganaderos y políticos del municipio”, dice el coordinador de la Funai de Manaus, Odiney Hayden.

TIERRA INDÍGENA: Uirapuru (MT)

NACIÓN: Paresi

DESCRIPCIÓN: Los indios están en pleno enfrentamiento con los latifundistas, que vienen plantando soja en tierras pertenecientes a los paresis, y debidamente legalizadas. Con descaro los hacenderos fingen no saber que aquellas áreas ya fueron hasta homologadas en favor de los indígenas. A su vez, en los bastidores, el latifundio chantajea las “autoridades”, amenazando continuar ocupando el local caso no reciba substanciales indemnizaciones. A propósito: plantío en tierras indígenas es crimen federal.

TIERRA INDÍGENA: Campamentos y aldeas diversas (MS)

NACIÓN: Guarani Kaiowá

DESCRIPCIÓN: Además de conflictos y reanudaciones actuales de territorios (como Arroyo Korá, en Paranhos), el año pasado los guaranis volvieron a movilizarse contra la gigante del azúcar y alcohol Raizen (unión de la transnacional Shell y Cosan ) por estimular el plantío ilegal de caña en áreas indígenas, al comprarla de empresarios y hacenderos invasores, en el municipio de Caarapó . Los indios aparentemente ganaron la primera batalla en junio último, cuando la Raizen  anunció que cesaría las adquisiciones de las plantaciones ilegales. Pero la lucha prosigue: falta desalojar los invasores y obtener la punición de la propia fábrica de la Raizen, que viene contaminando ríos y vegetación de la tierra indígena.

TIERRA INDÍGENA: Tabajara (PB)

NACIÓN: Tabajara

DESCRIPCIÓN: Un área tradicional, reivindicada por los indios, fue ilegalmente vendida para la Cerámica Elizabeth. Los tabajaras se revelaron y, en 9 de noviembre del año pasado, retomaron la tierra.

Días después, vieron la llegada de policías y pensaron que se trataba de una ayuda enviada por la Funai . Se engañaron. Era un desalojo, en favor de la empresa. Cerca de 200 policías de la tropa de choque, caballería, perros, batallón de élite, helicópteros, además de casi un centenar de agentes privados de la empresa, expulsaron los indios de forma violenta.

TIERRA INDÍGENA: Río dos Pardos (SC)

NACIÓN: Xokleng

DESCRIPCIÓN: El año pasado los indios cobraron un posicionamiento de las “autoridades” contra la instalación de una usina hidroeléctrica, cuya represa quedará a sólo 1,5 km de la comunidad de los xoklengs. Las gerencias estadual y federal no dieron respuesta. Entonces el Ministerio Público ajuició acción civil contra la Fundación Estadual del Medio Ambiente (FATMA), la Hidroeléctrica Pardos S/A y el Ibama, requiriendo la suspensión del licenciamiento ambiental para construcción de la PCH Río dos Pardos.

Hay indicios de irregularidades en el licenciamiento, que absurdamente apenas citó la existencia de comunidades indígenas en la región, que serán afectadas por la obra.
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