En todo el estado de Rio, el cerco conjunto de las gerencias de turno contra el pueblo pobre continúa a todo vapor. Las embestidas del "choque de orden" de Eduardo Paes siguen demoliendo viviendas en barrios proletarios, reprimiendo trabajadores y recogiendo la población callejera. Al tiempo que Cabral rebaja las favelas a guetos, instalando muros a su rededor, incrementa la represión, alocando batallones de la PM en el interior de las comunidades y eleva el exterminio de sus habitantes a niveles de genocidio, donde ni mujeres y ni niños se salvan. Es bueno recordar que ambos son aliados de Luiz Inácio y que las obras del PAC también han sido motivo de desalojo de habitantes y demoliciones en barrios pobres en Rio de Janeiro.
Demolições realizadas pelo "choque de ordem" da prefeitura do Rio
Como AND viene informando desde el inicio de la nueva gerencia municipal, el ‘choque de orden’ sigue castigando al pueblo pobre en toda la ciudad.
Día 24 de junio, en el mercado São Sebastião, zona norte de la ciudad, trabajadores fueron duramente reprimidos en una nueva operación deflagrada por la secretaría especial de orden pública (Seop). En la ocasión, 25 pequeños establecimientos comerciales fueron destruidos por cuatro palas mecánicas, seis camiones y tres retroexcavadoras. La acción criminal es parte del proyecto de ‘reurbanización y recalificación económica y social’ del mercado São Sebastião, coordinado por el Instituto Pereira Passos y que está abriendo camino para Eduardo Paes y su rastro de destrucción.
Dos días después — por la tercera vez en siete meses — el ‘choque de orden’ fue al Recreio dos Bandeirantes y destruyó otro edificio, aumentando aún más el número de trabajadores que tuvieron sus casas reducidas a polvo en la región. Fue a las 7h de la mañana, cuando cerca de 120 agentes — entre policías civiles y militares y operarios de la Comlurb — llegaron la Calle 2 W, donde el blanco era un edificio de tres pisos con casi todos los departamentos ocupados.
Una semana antes, en operación deflagrada en la favela Rio das Pedras, zona oeste de la ciudad, en la localidad conocida como Curva do Pinheiro la municipalidad destruyó tres edificios, cada uno con seis pisos, dejando decenas de trabajadores en la calle. Desde enero el ‘choque de orden’ ya demolió 10 edificios en Rio das Pedras, lo equivalente a cerca de 300 unidades habitacionales.
El mes de julio las demoliciones continuaron. Día 7, equipos de la municipalidad fueron a la calle Imperatriz Leopoldina en Jacarepaguá y derrumbaron siete edificios, cada uno con dos pisos y cerca de 30 apartamentos. Uno de los habitantes, desesperado, resistió y acabó detenido por desacato a la autoridad.
Según el balance general del ‘choque de orden’, desde el inicio de las operaciones 50 inmuebles ya fueron demolidos por la municipalidad — lo que equivale a cerca de 400 unidades habitacionales — , más de 3 mil habitantes callejeros fueron recogidos, siendo 763 niños, y otros 273 fueron presos, siendo 23 niños. El total de mercancías ‘incautadas’ por la represión a vendedores ambulantes y otros trabajadores pobres también asusta. Fueron 21 toneladas de alimentos perecederos y más de 225 mil productos de géneros variados. Casi 500 trabajadores fueron detenidos, entre comerciantes y cuidadores de coches.
‘Vigilados’ como criminales
Mientras tanto, en los barrios pobres de la zona Sur de la ciudad, nuevas ‘unidades pacificadoras’ son inauguradas por la gerencia estadual, incrementando mes a mes la criminalización de la pobreza y minando puntualmente la organización del pueblo en las favelas.
Ya en funcionamiento en Santa Marta, en la Cidade de Deus y en Batan, día 10 de junio fue la vez de los morros Chapéu Mangueira y Babilônia para que reciban la presencia permanente de la PM con la propuesta de llevar ‘seguridad’ para los habitantes y reprimir el tráfico minorista, pero que en las otras comunidades sólo ha servido para aumentar el miedo y limitar los derechos básicos de los habitantes, que denuncian agresiones, invasiones de domicilios, provocaciones y toques de queda.
En el início de junio, Cabral fue a la favela Santa Marta en la compañía del ex intendente de Nueva York, Rudolph Giuliani, que durante la administración de la ciudad yanqui implementó el programa conocido como ‘tolerancia cero’, que así como la política fascista impuesta por las gerencias de turno en Rio de Janeiro, preveía el combate al crimen por medio de un ataque violento a las capas más pobres de la sociedad, lo que resultó en el asesinato de centenas de trabajadores inocentes por las fuerzas de represión del Estado, a ejemplo de lo que viene aconteciendo aquí.
Además de la ‘unidad pacificadora’, en Santa Marta, así como en la Rocinha, muros continúan siendo erguidos en el entorno de la comunidad, aún después de comprobada la estagnación del avance de las construcciones en dirección a la floresta. Según estudio realizado por la ONG Rio Como Vamos, en 1999 las favelas de la zona Sur ocupaban 4.178.368,29 m². En 2004 ocupaban 4.176.716,22. Y 4.175.540,10 en 2008, datos que apuntan una disminución del tamaño de esas comunidades, contrariando el argumento usado por la gerencia estadual para el descenso de barrios pobres a guetos, justamente en las partes ricas de la ciudad, donde también se concentran las acciones del ‘choque de orden’.
Choferes de vans siguen resistiendo
A las 4h de la madrugada del día 23 de junio, choferes de vans de diversas partes del estado del Rio ya estacionaban sus vehículos en la puerta del Palácio Guanabara, sede de la gerencia estadual, para cobrar explicaciones de Sérgio Cabral sobre el pliego de licitación para el transporte complementario, elaborado por el Detro — Departamento de transportes rodoviários — y por la secretaría estadual de transportes.
Según el pliego, el actual número de vans intermunicipales en circulación, sería reducido de las actuales 1,8 mil para 671 vehículos, lo que dejaría cerca de 60% de los conductores que hacen itinerarios intermunicipales sin licencia para trabajar.
Alrededor de las 9h de la mañana, cuando ya había más de mil trabajadores frente al Palácio Guanabara, la tropa de choque de la PM llegó tirando bombas y balas de goma contra los manifestantes que resistieron con piedras y palos. En la ocasión, los conductores fueron duramente criminalizados por el monopólio de los medios de comunicación que llegó a publicar calumnias contradictorias, como una supuesta relación de los trabajadores con los grupos paramilitares llamados de "milícias" en favelas del estado, que de acuerdo con investigaciones de la propia secretaría de seguridad pública, son compuestas en su mayoría por policías, como los que atacaron la manifestación.
— No somos bandidos, somos trabajadores. Cabral no cumplió con las promesas que hizo y aún quiere quitarnos nuestro trabajo, Vinimos ahora para cobrar y fuimos recibidos con violencia por la policía — dijo José Maurício Filho, que hace el itinerario Araruama/Central do Brasil.
En los dos primeros días de julio conductores de vans volvieron a protestar, esta vez en la puerta del Detro, en la calle do Rosário, Centro de la ciudad, ya que en el inicio de la misma semana una gran manifestación que sería realizada en las calles del Centro fue reprimida por la PM con bloqueos alocados en las principales vías de acceso la ciudad, donde choferes de vans eran impedidos de pasar.
Para las próximas semanas, los trabajadores ya anunciaron nuevas protestas y prometen no recular mientras la gerencia estadual no modificar las condiciones previstas en el pliego.
Habitantes del Morro do Estado exigen justicia
El día 28 de julio serán juzgados los 12 policías envueltos en la barbarie conocida como la masacre del Morro do Estado, en la ciudad de Niterói. En la ocasión, día 3 de diciembre de 2005, PMs invadieron la favela, hirieron un niño y mataron otras cinco personas, la mayoría niños. Fueron muertos Wellington Santiago Oliveira Lima, 11, Luciano Rocha Tavares, 12, Edmilson da Conceição, 15, José Maicon dos Santos Fragoso, 16, y Uédison da Conceição Silva, 24 años. Un otro niño de 13 años fue baleado en una de las piernas, pero sobrevivió. Según parte del informe final de una investigación realizada en la época por la Comisión de Derechos Humanos de la Alerj, el entonces presidente de la comisión, Geraldo Moreira afirma que "el grupo trabajó con informaciones concretas. Una de ellas es que sólo había marcas de tiro del lado opuesto al que estaban los PMs. Luego, se concluye que ellos tuvieron participación".
Fernanda Antônio de Oliveira, de 32 años, madre de Wellington Santiago, que hoy tendría 15 años, dice que su mayor esperanza ahora es la condena de los policías acusados de asesinar su hijo.
— No pueden restituir la vida de mi hijo, pero pueden punir los responsables. Si hubiera algún criminal, tendrían que prender, no matar. Tenemos que trabajar en el sentido de responsabilizar quién practicó ese acto. Mi hijo nunca quiso saber de armas. Su mayor sueño era ganar una caja de limpiabotas para ayudarme en las cuentas de casa. Uno lucha para dar lo mejor para él y de repente es todo interrumpido por personas que usted nunca vio en la vida. Aquellos tiros todos en un niño de 11 años que no estaba armado— No siento miedo, quien pierde no siente miedo, siente dolor. Comunidad es una realidad bien dolorosa, uno no tiene oportunidad de nada, no tiene oportunidad de continuar nuestra lucha, somos siempre interrumpidos por quienes tienen más — desahoga.
Habitantes del Morro do Estado, juntamente con otras víctimas de la violencia, organizaciones y movimientos que luchan por el derecho de los pueblos, como el Cebraspo — Centro Brasileño de Solidaridad a los Pueblos — se unieron en un comité de movilización, que hasta el día del juicio hará panfleteo y manifestaciones en diversos puntos de Niterói exigiendo justicia para los responsables por esta nueva, entre incontables barbaridades cometidas por el Estado criminal contra el pueblo pobre en las favelas de Rio de Janeiro y de todo Brasil.
PM invade ocupación dejando varios trabajadores heridos y desamparados
Además de las demoliciones, las ‘reintegraciones de posesión’ en ocupaciones de movimientos que luchan por vivienda también son una prioridad del ‘choque de orden’ de Eduardo Paes. En la misma mañana en que destruyó edificios en el Recreio dos Bandeirantes, equipos de la municipalidad, apoyados por la tropa de choque de la PM de Cabral, llegaron a la ocupación de un edificio del INSS en la Avenida Mem de Sá, en el Centro de la ciudad, dando orden para que todos salieran. Los habitantes resistieron, hasta el momento en que policías entraron en el local tirando bombas de gas y usando espray de pimenta, hiriendo mujeres y niños.
Elizabeth Santos Landivau tiene 56 años y cuida de dos nietos huérfanos. Junto con ella, en la ocupación vivían ambulantes, artesanos, mecánicos, obreros y otros trabajadores, tratados como marginales por las gerencias de turno de Paes, Cabral y Luiz Inácio. Según Elizabeth, los habitantes estaban organizados hace 20 meses en un edificio de la calle Gomes Freire y se organizaban para limpieza, divulgación y conexión de agoto y agua, realizaban asambleas semanales y ya poseían hasta una biblioteca. Después de un incendio sospechoso, ellos fueron forzados a ir para la calle, donde permanecieron por casi un mes, partiendo enseguida para el edificio del INSS en la Avenida Mem de Sá, de donde fueron brutalmente desalojados por la PM.
— Estábamos en un edifício de 18 pisos en el número 510 de la Gomes Freire, que se incendió. Éramos 72 personas distribuidas en 37 familias. Entonces la municipalidad usó la cuestión del incendio, muy sospechoso, de hecho, y a través de laudos y del juez, pidió 72 horas para que saliésemos, pero nosotros nos quedamos debajo de la marquesina y con nosotros había un bebé recién nacido de 18 días. Las 72 horas del juez se transformaron en 28 días en que nos quedamos debajo de aquella misma marquesina. Posteriormente nosotros recibimos la información de que había un edificio vacío del INSS en la Mem de Sá y partimos para allá — cuenta ella.
Además de toda la desatención, doña Elizabeth también relata una tentativa del consejo tutelar de confiscar los niños, ya lastimados por las bombas y por el gas de pimenta utilizados por la PM en la reciente desocupación.
— Nosotros estamos tratando con un intendente que no tiene ningún escrúpulo y ni al menos puede ser considerado un ser humano. Uno está aquí en el frío, en la lluvia. Esperando nuevamente la represión de la policía. Yo ya ando con mi visión totalmente debilitada por causa del gas de pimenta. Nos quedamos allá de domingo a la noche hasta el viernes, cuando la policía de choque llegó tirando bombas por las ventanas con todos allá dentro. Hirieron mujeres y niños, muchas personas están parcialmente ciegas, como yo. Pero ya fui a la defensoría pública y presté mi testimonio. Después de todo eso nosotros vinimos para aquí (Calle Pedro Lessa, en el Centro de Río).Ya recibimos reprensión del consejo tutelar diciendo que nuestros niños no pueden quedar en la calle. ¿Y ellas adonde van a quedarse? ¿Nosotros todos vamos a vivir adónde? Ya tiraron nuestras viviendas y ahora están usando eso todo como pretexto para quitarnos nuestros hijos — lamenta.
El día 7 de julio, en la cuarta operación en menos de dos meses, el ‘choque de orden’ expulsó los trabajadores de la calle Pedro Lessa, y por la tercera vez en menos de dos meses los habitantes de la antigua ocupación del número 510 de la calle Gomes Freire no tienen para donde ir.
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