Rondônia: 48 campesinos detenidos en Cujubim

Rondônia: 48 campesinos detenidos en Cujubim

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Una mega operación policial prendió injustamente 48 campesinos, incluyendo niños y adolescentes, en el municipio de Cujubim  (RO) el día 17 de julio. Hasta el cierre de esta edición, 39 campesinos permanecían presos preventivamente en Ariquemes. La operación ocurrió en la hacienda Paraíso a mando del comandante-general de la PM, Ênedy Días de Araújo, y del gerente estadual Confúcio Moura/PMDB.

La operación del viejo Estado fue una retaliación a la ocupación de la hacienda Paraíso por los campesinos, ocurrida el día anterior a las prisiones. El pretenso propietario de este latifundio es José Genaro de Andrade, ex-secretario de finanzas de Rondônia. La acción policial contó con la participación de ocho patrullas y cerca de 40 policías fuertemente armados de la Fuerza Táctica y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la PM, apoyados por el helicóptero del Núcleo de Operaciones Aéreas (NOA).

Los campesinos denunciaron que los policías ya llegaron en la hacienda disparando y que actuaron de forma agresiva, agrediendo e intimidando las familias. Informaciones enviadas a la redacción de AND revelan que los campesinos grabaron la acción violenta de la PM, pero sus celulares fueron incautados por los policías.

El monopolio de prensa realizó una odiosa campaña de criminalización y difamación de la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) y de sus militantes, llamándolos de “bandidos” y “terroristas”, además de alegar que la LCP habría tirado en los policías.

En nota, la LCP de Rondônia y Amazônia Occidental desmintió la versión policial vehiculada por el monopolio de prensa, y denunció que los campesinos fueron atacados. Los hechos comprueban la denuncia de la LCP: ausencia de armas incautadas por los policías, de patrulleros marcados con bala o de imágenes que muestren los campesinos armados desmienten la versión “oficial”.

La alegación de que los campesinos estaban armados se basa únicamente en el relato de Silva, de 35 años, ya que ninguna arma fue incautada.

“Todas las acusaciones fueron mil veces recalentadas y vomitadas por la prensa basura, mentirosa, porta voz de la policía y del latifundio. Tales acusaciones son, en verdad, tentativas de atacar la LCP, imputando crímenes, para desmoralizar y aislar el movimiento, colocándolo contra la opinión pública, con el objetivo de incrementar aún más la represión y los asesinatos”, denunció en la nota la LCP.

En el interrogatorio policial obtenido por AND, la LCP es citada varias veces a lo largo del documento de 250 páginas, con el objetivo de criminalizarla, tratándola como una “organización criminal”. Banderas del Movimiento Femenino Popular (MFP) también fueron incautadas y expuestas como artefactos criminales, en un claro ataque político contra los movimientos populares.

Los campesinos prendidos son acusados de “daños a la propiedad particular, robo y organización criminal”. Los niños y los adolescentes fueron alejados de sus responsables y encaminados para el Consejo Tutelar.

El juez Alex Balmant, al solicitar la prisión preventiva de los 39 campesinos (26 hombres y 13 mujeres), demostró el carácter de clase de la judicatura, defendiendo los intereses del latifundio y alegando la “necesidad de garantía de la orden pública”, pues “la prisión se hace urgente y necesaria, siendo motivo determinante e incentivador la nuevas invasiones y estímulo a la impunidad”.

Nuevamente, la policía y la judicatura encuadran campesinos en lucha por el derecho a la tierra en la “ley de organizaciones criminales”, como aconteció recientemente con activistas del MST (ver edición 176 de AND). Cuando se trata de crímenes practicados por latifundistas y sus bandos paramilitares de pistoleros o de agentes de las fuerzas policiales del viejo Estado contra campesinos, indígenas y quilombolas, la policía y la judicatura poco o nada se movilizan. La gran mayoría de los crímenes cometidos contra el pueblo, en el campo y en la ciudad, tiene como resultado la impunidad de los mandantes y de los ejecutores.

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