La aplicación de las medidas de seguridad pública en Latinoamérica refleja el proceso del capitalismo burocrático existente en ellas. Más allá de los discursos de resguardo del orden público, nuestra intención es reflexionar ¿Cuál es la dinámica del capital en la aplicación de las nuevas doctrinas de seguridad pública en Latinoamérica?

Una mirada al contexto citadino latinoamericano, que es el espacio donde se replican las doctrinas de la "Ventana Rota"[1] o de la "Tolerancia Cero"[2] importadas de Nueva York, nos permitirá apreciar tres fenómenos en la escena citadina latinoamericana: el primero, la vertiginosa irrupción del negocio de la seguridad privada que se extiende desde el negocio de la vigilancia y custodia hasta el negocio inmobiliario; un segundo fenómeno es la acentuación de las políticas estatales de criminalización de la pobreza donde no sólo se estigmatiza la condición de pobreza de las personas, sino también su color de piel y su origen nacional; en tanto que se considera como tercer fenómeno al fortalecimiento de los nexos subterráneos entre las fuerzas represivas estatales y el hampa organizada enquistada en barrios pobres de las ciudades; de los tres fenómenos quizás los dos últimos no resultan tan novedosos, sin embargo, sobre todo el último, es una realidad cotidiana ampliamente conocida, pero que por obvias razones suele ser descartada de las reflexiones públicas sobre la nueva doctrina de la seguridad pública.

EL BOOM DEL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Desde la década de 1980, la ecología urbana de las ciudades latinoamericanas se ha visto modificada por grandes inversiones inmobiliarias que se dieron a la tarea de construir barrios cerrados, enclaves de riqueza que acusan una evidente imitación del american lifestyle de Beverly Hills.

En los "ghettos dorados" de Latinoamérica, cualquier seguridad para los cuantiosos bienes patrimoniales de las elites es poca, el derroche económico para edificar viviendas suntuosas se hace sin discreción alguna; de pronto, las elites latinoamericanas experimentan una gran ansiedad por ostentar una vida glamorosa que no escatima esfuerzos por restregar su riqueza a millones de pobres que los rodean.

Los gated communities conforman una arquitectura propia de la "ecología del miedo" como la llama el sociólogo norteamericano Mike Davis; sólo son viables gracias a mecanismos electrónicos de seguridad, a los que se suman la custodia física proporcionada por un ejército de vigilantes privados que multiplican por dos, tres o cinco la cantidad de efectivos policiales a cargo del Estado.

Los vigilantes privados suelen pertenecer a grandes empresas de seguridad, algunas de ellas tienen presencia en varios países de Latinoamérica, como por ejemplo la empresa PROSEGUR con presencia en Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. Estas empresas manejan grandes contingentes de vigilantes privados, a quiénes someten a entrenamiento militar regular y los pertrechan con sofisticados armamentos, indumentarias especiales e implementos de seguridad. Los propietarios de estas empresas están conformados por accionistas que son altos funcionarios policiales o militares, algunos en actividad, otros en retiro. La oferta de servicios no sólo incluye el resguardo físico de viviendas o inmuebles donde están instalados negocios, sino también resguardo físico a personas y traslado de caudales de entidades financieras o productivas.

Esta situación evidencia que la dinámica del capital no perdona y es capaz de crear nuevos fetiches alrededor del sentimiento de miedo e inseguridad experimentada nada más ni nada menos por los "ganadores" en el sistema capitalista, convirtiendo a la seguridad en una mercancía que circula junto a otras.

La vigilancia y la custodia es sólo uno de los vastos productos de la industria de la seguridad [3] , donde se aglomeran otros productos como los sistemas electrónicos de alarma instalados en viviendas o automóviles.

CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

Casi en vecindad, ya sea en las periferias o en las vetustas viejas casonas del centro de las ciudades históricas, viven hacinadas millares de personas en un ambiente de miseria, donde obreros, sub-empleados y desempleados han fijado su lugar de residencia.

Los barrios periféricos, los tugurios céntricos o periurbanos son el espacio donde habitan quienes participan directamente en el proceso de la producción. En muchos casos, la precaria situación económica de quienes trabajan, los obliga a morar en cercana vecindad con desempleados devenidos en lúmpenes, prostitutas o gente dedicada al micro comercio de sustancias tóxicas.

En cualquier país de Latinoamérica, esta situación sirve de pretexto para que la policía ingrese en las villas miseria, favelas o barriadas, no necesariamente para resguardar la vida e integridad física de los moradores de los barrios más pobres, sino para efectuar incursiones puntuales llamadas "redadas", que tienen como finalidad específica la represión, ya que todo habitante de los arrabales citadinos latinoamericanos es tratado como delincuente, lo sea o no, en una clara criminalización de la pobreza.

La misérrima situación es caldo de cultivo para bandas criminales, pandillas y narcotraficantes que sólo preocupan a los estados burocráticos cada cierto tiempo, para saciar el morbo de cierta prensa especializada en la vida, pasión y milagros del hampa o para dar una señal simbólica de una falsa presencia estatal, allí donde su ineptitud y caducidad le restringió espacios al mundo oficial latinoamericano.

Son múltiples los casos en ciudades como Bogotá, Lima o Caracas, y con mayor incidencia en Medellín, Buenos Aires o Río de Janeiro, donde las fuerzas represivas ultrajaron la dignidad de gente honesta y trabajadora pretextando la búsqueda de delincuentes. En los últimos años, en Río de Janeiro, las redadas policiales estuvieron acompañadas de ejecuciones sumarias y extrajudiciales a pobladores de favelas; procedimiento abusivo no contemplado en la legislación brasileña y reñido con los elementales principios de los derechos humanos.

Otro de los ingredientes de las prácticas represivas cotidianas en Latinoamérica se asocia con criterios discriminatorios basados en los rasgos fenotípicos o el origen nacional de las personas; los mencionados criterios sirven para rotular a las personas con el epíteto de delincuentes, como es frecuente en ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires o La Paz, donde se estigmatiza a ciudadanos de nacionalidad colombiana o peruana. Paradójicamente, en Lima y Bogotá personas con una tez negra son también estigmatizadas como delincuentes.

NEXOS ENTRE FUNCIONARIOS ESTATALES Y EL HAMPA ORGANIZADA

Si lo meten preso sale al otro día,
por que un primo suyo está en la policía.
Fragmento de la canción "Juanito Alimaña"
del cantante salsero Héctor Lavoe.

Dentro del mundo subterráneo de la pobreza, al interior de las cloacas delincuenciales, se movilizan como peces en el agua altos jefes policiales, quienes fingen un combate contra la criminalidad, pero simultáneamente digitan y protegen grandes negocios de las drogas, delincuencia, prostitución y extorsión a todo quien se conduce al "margen de la ley".
Latinoamérica es un espacio donde el capital mundial concentra sus intereses en la explotación de recursos naturales y en el creciente impulso de mercados de consumo, esta situación coexiste paradójicamente con la situación paupérrima de millones de latinoamericanos, cuyo consumo tiene como límite los bajos ingresos obtenidos a través de la precariedad laboral en sus múltiples variantes como el subempleo o la eventualidad laboral.

La contradicción capital-trabajo, en especial con el trabajo precario, engendra un voluminoso ejército de reserva de mano de obra que al no encontrar una salida "óptima" dentro de las reglas del juego del capital, se ve precisado a cimentar un nuevo orden jurídico marginal y no reconocido, que se enfrenta al fetichismo extremo de las mercancías existente en el siglo XXI.

De allí que, la subterraneidad en la que viven millones de latinoamericanos habitantes de las favelas, ranchos o villas miseria, la recreación de inacabables formas de resistencia y ruptura con el capital, convierte a los barrios más pobres como lugares propicios donde se enquistan mafias hábiles en vulnerar los derechos de propiedad intelectual, en romper con las estructuras limitantes de la libre circulación de las mercancías a través del contrabando, donde se quiebra la ilusión capitalista del "contrato social" para respetar la propiedad privada mediante el hurto, el robo y el asalto; así como, trascender los supuestos límites morales, que en apariencia e hipocresía impone al capitalismo a la circulación de ciertas mercancías ilícitas como las drogas, el comercio sexual y las mercancías robadas.

Esta es la cara oscura y sórdida del capitalismo burocrático, que si bien es contraria al mojigato discurso oficial del libre mercado, debe reconocerse que sin duda es plenamente funcional a este desenvolvimiento del capital, pues lo aceita, reimpulsa y reproduce permanentemente; enriquece a una vasta cadena de policías de todas las graduaciones, así como a funcionarios estatales que alientan cotidianamente la delincuencia, la prostitución y el tráfico de drogas, ya que éstas actividades les reditúan pingües ganancias.

Los "impuestos subterráneos" que tributa el hampa en Latinoamérica en favor de una cadena jerárquica de policías y burócratas, lejos de ser un hecho aislado, es una condición estructural del capitalismo burocrático. De allí que, las incursiones policiales o militares a barrios pobres, estigmatizados como espacios de delincuencia, operan como justificativos ideológicos que encubren prácticas cotidianas de corrupción; también se realizan para frenar la alharaca moralista mediática o no pocas veces son parte de una vendetta para realizar ajustes de cuentas de disputas entre facciones antagónicas al interior de la policía o de las corruptas burocracias latinoamericanas.

Los secuestros a magnates o los millonarios robos en Río de Janeiro, México D.F., São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Cali, Caracas, Santiago o cualquier otra ciudad de Sudamérica suelen efectuarse con una información precisa, eficaz y pormenorizada a la que acceden, sin muchas dificultades, los más entrenados equipos de inteligencia en esta parte del orbe.

Las tácticas empleadas en estos actos delincuenciales coinciden con las reglas básicas de los manuales militares y policiales, incluso no resulta descabellado afirmar que en los atracos existe participación activa de efectivos policiales, pues en cada uno de los países sudamericanos hay suficiente evidencia empírica que demuestra esta aseveración; no en vano, dentro de las políticas de "Tolerancia Cero" aplicadas en la década de 1990 en el Perú, se consideró como agravante la condición de policía en actividad o en retiro de los asaltantes que hayan perpetrado algún robo.

Con frecuencia, los más avezados asaltantes, sicarios o narcotraficantes latinoamericanos entran y salen de las cárceles en un abrir y cerrar de ojos; los mecanismos para librar "el peso de la ley" suelen ser el "padrinazgo" que algún funcionario estatal o burócrata estatal tiene sobre el criminal o el pago subrepticio para que la "justicia se haga de la vista gorda".

Esta situación ha sido denunciada en múltiples oportunidades por gente pobre y honesta, que es la que mayormente habita las favelas, ranchos o villas miseria latinoamericanas; sin embargo, suelen ser emplazadas para que presenten pruebas de los actos corruptos denunciados, como si absurdamente el policía o burócrata corrupto serían tan ingenuos de otorgar factura cada vez que se corrompen.

[1] La doctrina de la "Ventana Rota" fue formulada en Nueva York, la misma es una teoría que plantea solucionar el problema de la violencia urbana, no limitándose a la actividad represiva, sino a través de campañas municipales tales como la revitalización de los espacios urbanos, recojo de basura, entre otras, una suerte de reedición en la aplicación de la teoría de la "guerra de baja intensidad".
[2] La doctrina de "Tolerancia Cero" es la continuación de la doctrina de la "Ventana Rota", también se aplicó en la ciudad de Nueva York, donde se plantea una identificación exhaustiva y "científica" de los lugares en los que con mayor frecuencia se suscitan eventos delictivos y violentos, además de la identificación de los delincuentes, afín de aplicarse medidas represivas y sanciones drásticas de manera selectiva.
[3] Cabe mencionar, que la conversión en mercancía de algunos productos alrededor de la inseguridad no es nueva, las compañías de seguros o brockers ya fueron creadas hace mucho.