Carlos Alberto foi torturado quando tinha 1 ano e 8 meses

El reciente suicidio de un joven torturado por la gestión militar reflotó el tema de la tortura continuada a que militantes y sus familias son sometidos. La Comisión Nacional de la Verdad fue creada para “promover la reconciliación nacional”, el reciente caso muestra que ninguna reconciliación es posible con impunidad.

El asesinato de Carlos Alexandre Azevedo no ocurrió el día 16 de febrero de 2013. Carlos fue torturado psicológicamente por 39 años. Las torturas físicas, en 1974, cuando él tenía sólo un año y ocho meses muestran la faz más horrenda del terrorismo de Estado, a través de su agente el Delegado Fleury, que no dejó de maltratar ni siquiera un bebé.

Carlos Alexandre Azevedo era hijo del periodista Dermi Azevedo y fue detenido en 14 de enero de 1974, en el Departamento de Orden Política y Social de São Paulo. Carlos fue detenido y torturado juntamente con su madre, en São Paulo, y después en São Bernardo do Campo, donde su padre ya estaba detenido.

Tras conseguir libertad, la familia intentó recomenzar la vida. Carlos era técnico de computadoras, pero nunca se recuperó de las torturas y presentaba un cuadro grave de depresión. Cerca de dos años atrás fue reconocido como víctima de la dictadura e indemnizado. Pero el fantasma de las torturas aún lo perseguía. El día 16, él ingirió una gran cantidad de remedios y dio fin al sufrimiento que lo afligía.

En las palabras del padre “Como acontece con los crímenes de la dictadura de 1964/1985, el crimen quedó impune. El suicidio es el límite de su angustia”.

Y Carlos no fue el único niño torturado física y psicológicamente durante el régimen militar. ¿O será que no se puede llamar de tortura los hijos separados de sus padres durante la Guerrilla del Araguaia? ¿No es tortura ver sus padres siendo llevados por militares y seguir esperando su retorno por años? ¿No es tortura no tener el nombre del padre en la partida de nacimiento porque él es un desaparecido político, como ocurrió con la hija del ex diputado goiano José Porfírio de Souza? ¿No es tortura tener que convivir con los recuerdos del dolor y de la “desaparición”?

Por eso no hay posibilidad de perdón, reconciliación o página pasada mientras los torturadores no sean juzgados y condenados.

Empresarios y régimen militar

Un libro de registro de presencias fue encontrado en un centro de represión en São Paulo, en febrero de este año. El libro registra la presencia de empresarios paulistas, entre ellos Geraldo Rezende Matos, de la Federación de las Industrias de São Paulo (Fiesp), y un ex cónsul de los Estados Unidos. Hay por lo menos ocho libros similares, en los que figuran nombres de decenas de empresarios que se reunían con el torturador Sérgio Fleury. Hay indicios de que había un sector específico de articulación entre militares y empresarios paulistas, conectados a la Fiesp.

Clero y régimen militar

Los religiosos que apoyaban el régimen militar también deben tener sus nombres revelados en breve. Ya fueron identificados varios colaboradores como el ex-arzobispo de Belén (PA), d. Alberto Gaudêncio Ramos; d. Geraldo Sigaud, de Diamantina (MG), y d. Antônio de Castro Meyer, de Campos (RJ), uno de los fundadores de la organización de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad, la TFP.
Hay indicios de que en São Paulo habría funcionado una comisaría especial para acoger las denuncias hechas por la Iglesia Católica.

Argentina

El torturador Gonzalo Sánchez, argentino radicado en Brasil, fue detenido en Paraty, el día ocho de febrero. Él está siendo acusado de crímenes de lesa humanidad en la Argentina y estaba viviendo en el Brasil hace once años. En 2005 fue declarado forajido de la justicia argentina. Debe ser extraditado cuando el STF autorizar.

Uruguay

El país que había comenzado a juzgar los criminales del régimen militar retrocedió jurídicamente. La Suprema Corte del Uruguay declaró, en el fin de febrero, la inconstitucionalidad de la ley que permitía los juicios de los torturadores de la gestión militar. Los casos que estaban siendo investigados corren el riesgo de ser concluidos y quedar impunes. El pueblo uruguayo respondió saliendo a las calles, el día 25 de febrero, protestando contra la medida.

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