Traducción Enrique Chiappa
El motín de la Policía Militar (PM) que se desató en el Ceará (CE) y en João Persona (PB), en Paraíba, en medio al mes de febrero, es revelador de la crisis general de descomposición del viejo Estado. Crisis política-institucional y que avanza en el sentido de la crisis militar, con quiebra de jerarquía y de la unidad de mando. Esa situación de fisura dentro de las instituciones policiales-militares ocurre en todo el país, de forma desigual, con perspectivas a profundizarse, teniendo como elemento impulsador la extrema-derecha, que pretende explotar tales contradicciones objetivando aumentar su influencia.
En por lo menos 12 estados de la Unión hay presión de las patentes subalternas de las policías militares y otras fuerzas policiales por el aumento de salarios. En cinco de estos estados ya ocurrieron actos. Además de CE y PB, la situación avanza en el Espíritu Santo (ES), donde en 2017 un motín fue desatado reivindicando aumento en el salario y puso en apuros todo el estado.
En el ES, en el inicio del mes, más de 1,5 mil personas, de entre agentes y familiares, se reunieron en Victoria presionando por aumento en el rendimiento. El gobierno del reaccionario Renato Casagrande/PSB ya había propuesto un aumento del 35% en el sueldo, a ocurrir gradualmente a lo largo de cuatro años, pero fue rechazado por la corporación, a pesar de la propuesta ser generosa y estar por encima del reajuste dado al restante de los funcionarios públicos del estado.
El propio secretario de gobierno, Tyago Hoffmann, percibiendo la politización ultra reaccionaria de la pauta, afirmó que las entidades representativas de los soldados no deben ser “usadas como masa de maniobra”.
En la PB, los policías militares se reunieron a las decenas en actos por aumento del sueldo. El propio presidente de la Asociación de Defensa de las Prerrogativas de los Delegados de Policía afirmó que hay políticos apoyando sus reivindicaciones, pero no citó nombres.
En el Piauí (PI), Pernambuco y Alagoas el movimiento de militares y policías en general está creciendo, obligando los gobiernos a incrementar sus ganancias. El gobierno provincial del PI aumentó en 50% el bono para quien participa de operaciones especiales, reajuste por encima de la propia inflación. En Sergipe, la Policía Civil paralizó por 24h sus actividades el día 19 de febrero.
Entre los policías militares hay movimientos reivindicatorios también en Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Tocantins y Rondônia.
Extrema-derecha al frente
Especialmente en el CE, queda evidente la politización. Uno de los líderes de aquel movimiento – que, es correcto, tiene raíces económicas y moviliza por eso los militares – es el concejal sargento Ailton que, inclusive, estaba acuartelado en el 3º Batallón de la PM de Sobral, junto a los militares rebelados, cuando el senador Cid Gomes fue atingido por dos tiros. El sargento Ailton es un activo elemento de la extrema-derecha bolsonarista.
Ya el cabo Sabino, ex-diputado y bolsonarista convicto, que comandó el motín ilegal de policías en 2012 en el CE, fue sorprendido pagando mujeres, en dinero vivo, por haber participado del motín. En vídeo, él aparece cercado por un grupo de mujeres que espera él pagar una cuantía en dinero dentro de su coche, frente a la Asamblea Legislativa del CE.
Actuando con modus operandi paramilitar, los policías amotinados del CE están apropiándose individualmente de patrulleros y haciendo rondas, en las cuales mandan los comercios cerrar – acto inconstitucional. Tal situación obligó el fascista Jair Bolsonaro a enviar las Fuerzas Armadas para la región aunque, sin embargo, no hacer cualquier referencia de reprobación al movimiento.
Según el periódico Folha de S. Paulo, ministros del Supremo Tribunal Federal perciben la politización de tales movimientos y demuestran preocupación por la creciente “orientación ideológica” en el aparato militar auxiliar.
Tal proceso de penetración de la extrema-derecha en los medios militares, incluyendo las fuerzas auxiliares, no es nuevo. En julio de 2019 el gurú bolsonarista Olavo de Carvalho ya había anunciado que daría clases gratuitamente para policías militares. En 2017, antes aún de ganar la elección, Bolsonaro y su asesor, Filipe Martins, ya habían apoyado activamente el motín en ES.
