La expresión "falso positivo" normalmente nos lleva a pensar en alguna enfermedad infectocontagiosa potencialmente letal diagnosticada erróneamente. Así, vemos: hombre procesa hospital tras vivir por años con diagnóstico falso positivo de AIDS, o, mujer aliviada al constatar que su diagnóstico de gripe porcina era un falso positivo. También oímos "falso positivo" sobre el resultado equivocado que puede presentar un examen de embarazo casero. Pero, en la Colombia de Álvaro Uribe, esas palabras son la única forma tolerada de referirse a los asesinatos extrajudiciales promovidos por el terrorismo de Estado.
El cortometraje documentario La pobreza, un "crimen" que se paga con la muerte del periodista colombiano Felipe Zuleta nos cuenta una historia de su país bien diferente de la oficial. Comienza presentándonos la ciudad de Soacha, pegada a la capital Bogotá, con 400 mil habitantes amontonados, viviendo en condiciones precarias, calles de tierra y todo tipo de violencia. Allá viven dos madres cuyos hijos, aunque sin conocerse, tuvieron historias bien parecidas. Ellos, ante la pobreza y falta de oportunidades, decidieron partir en busca de un trabajo que les permitiera mejorar la vida de sus familias. El sueño era poder comprar una casa en un lugar mejor.
Ellos recibieron una propuesta de trabajo, viajaron en agosto de 2008 y no dieron más noticias. Luego las madres recorrieron hospitales y comisarías, pero sin resultado.
En un país donde todos los males son atribuidos a las Farc, ellas oyeron de las autoridades que los guerrilleros los habrían asesinado, y acabaron conformándose con esa respuesta.
Pero, meses después, es encontrada una fosa común con 14 cuerpos a 500 km de Soacha; allí están los hijos desaparecidos. Tras el gobierno ensayar versiones contradictorias, el ministro de la defensa declara que los muertos eran guerrilleros de las Farc caídos en combate contra el ejército. El ejército había entregado los cuerpos a la medicina legal y, como estaban sin documentos, fueron enterrados en la fosa común.
Las madres, atónitas e indignadas, intentaron argumentar. Sin embargo, lejos de reconsiderar, el gobierno en peso – desde los militares hasta el propio Uribe – garantizaron que los muchachos eran guerrilleros.
La prensa habitualmente adopta el discurso oficial, pero esta vez era insostenible. Lógico que no se atrevieron a calificar los militares de asesinos, pero pasan a acusarlos, usando el lenguaje tolerado. Y especulan: ¿serían falsos positivos los jóvenes de Soacha? En Colombia, "falso positivo" es dar cómo exitosa una operación militar del Estado sin ser verdadera. Puede tratarse de la "frustración" de un plan terrorista ficticio, puede culparse la guerrilla por una masacre cometida por los propios militares, etc. o como en este caso asesinar civiles acusándolos de guerrilleros.
Entonces la lucha incansable de las madres llevó a la opinión pública, periodistas, ONG y Procuraduría a forzar una investigación que acabó desvelando la verdadera historia.
El plan macabro de los terroristas que gobiernan Colombia consiste en promover y premiar en dinero los militares que producen más cadáveres para así conseguir aumentar los presupuestos militares y sumar apoyo político mostrando servicio tanto dentro como fuera del país, además de exterminar pobres. Movidos por ese incentivo, militares descaracterizados recorrían favelas y suburbios en busca de jóvenes empobrecidos y les prometían empleo. Los que mordían el anzuelo eran transportados para lejos, asesinados y presentados como guerrilleros de las Farc muertos en enfrentamiento.
En pocos días de investigación, la cantidad de jóvenes asesinados encontrados en fosas comunes superaban el centenar, siendo once de Soacha. Ante las evidencias irrefutables, Uribe admite que "puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas envueltos en asesinatos". 26 militares son destituidos, pero sin alcanzar ningún general, comandante de las fascistas fuerzas armadas ni el ministro de defensa. En vez de punir los responsables, ocurre el blindaje de Uribe y sus secuaces.
Pero el drama de las familias no termina ahí. Lejos de recibir alguna indemnización, pedido de disculpas o explicación oficial del gobierno, son ellas que tienen que ir atrás de los cadáveres. Esta gente pobre es obligada a viajar hasta la fosa común y con las propias manos rescatar los cuerpos de sus entes queridos. Muchas de las madres de Soacha han recibido amenazas de muerte.
En diciembre de 2009 la "justicia" colombiana comenzó a soltar algunos de los militares implicados. El general Mario Montoya, mayor figura alcanzada por el escándalo, renunció, pero fue premiado con el cargo de embajador en la República Dominicana.
En 15 de enero de este año, cuando fue terminada la producción de este documental, se contabilizaban 1.778 jóvenes asesinados por el Estado. Días después venía a público el descubrimiento de otra fosa común en la ciudad de La Macarena con más de 2 mil cuerpos, comprobadamente víctimas del Estado. Ciertamente nuevos cementerios clandestinos serán encontrados, ya que el número de desaparecidos de los últimos años ultrapasa las 50 mil personas.
