Traducido por Enrique F. Chiappa

Las huelgas y paralizaciones de trabajadores continúan extendiéndose por todo el país. Movimientos que habían sufrido algún tipo de enfriamiento por promesas, principalmente de la gerencia federal, retomaron vigor con la imposibilidad de realización del acuerdo. Merece destaque la huelga de la Compañía Siderúrgica Paulista — Cosipa, donde confronto entre operarios, policías y grupo paramilitar de la empresa dejó cinco presos y 21 heridos. Operarios denuncian clima de terror en la empresa.

La gerencia FMI-PT empeñada en asegurar que la rapiña imperialista se profundice sobre la nación, presentó en el inicio de este año el proyecto de ley complementar 01/2007, que altera la Ley de Responsabilidad Fiscal, estableciendo que durante diez años, a partir de 2007, el volumen de despensas de la Unión con personal podrá crecer, lo máximo 1,5% al año además de la inflación medida por el IPCA. Esto incluye tanto reajustes salariales como eventuales contrataciones por concurso público, lo que significa que los reajustes salariales quedarán prácticamente prohibidos por fuerza de ley.

Funcionarios de varios sectores de la administración federal incluyeron entre sus reivindicaciones la retirada del proyecto de ley del Congreso, donde tramita juntamente con otra serie de medidas relativas al empacado Plan de Aceleración del Crecimiento. La idea es retirar dinero del presupuesto para pagamiento de personal y desviarlo para la realización de las obras prometidas por el plan.

Batalla en la Cosipa

En 3 de agosto, cerca de seis mil operarios de la Cosipa — Compañía Siderúrgica Paulista, desnacionalizada en 1993, hicieron una gran paralización para protestar contra dos muertes "accidentales" ocurridas en julio dentro de la empresa. Desde la venta de la empresa, 39 operarios ya fueron asesinados. Las largas jornadas con precarias condiciones de seguridad son apuntadas como las causas de esos "accidentes". Mientras que los operarios mueren en la siderurgia, la empresa anunció un lucro líquido de mil cuatrocientos millones de reales, apenas en el primer trimestre, lo que demuestra que la única seguridad en juego, es la del lucro máximo, y no la de los operarios.

Antes, en julio, durante una asamblea de los operarios, la Cosipa infiltró varios provocadores para delatar e intimidar los trabajadores. Después de un breve tumulto, fue decidido que el voto sería secreto y el estado de huelga fue aprobado.

La empresa todavía tentó evitar la paralización entrando con acciones en la justicia, denegadas por los jueces. Sin conseguir evitar la huelga por vía judicial, la directoria de la Cosipa recorrió a métodos terroristas, lo que tuvo gran semejanza con la represión en la Compañía Siderúrgica Nacional, en Volta Redonda, en 1989, cuando trabajadores fueron acecinados.

En la mañana del día 3 de agosto, los operarios bloquearon la autopista Cónego Domenico Rangoni, acceso a la ciudad de Cubatão, San Pablo, y tuvieron que enfrentar, además de la Tropa de Choque de la Policía Militar, un grupo paramilitar que se dice encargado de la seguridad de la empresa. Cinco operarios y dirigentes del sindicato de los metalúrgicos de Santos, fueron agredidos y presos, otros 21 quedaron heridos por las bombas y balas de goma. La misma represión se repitió en los cambios de turno.

En el sábado 4, la policía impidió que los operarios descendiesen de los ómnibus para participar de la asamblea que desidia los rumbos del movimiento, realizada en la entrada de la empresa. En el lunes 6, la Cosipa, junto con la policía, armaron una emboscada para los operarios en huelga, apagando las luces de la estrada que lleva a la empresa. Cuando los operarios comenzaron a descender de los vehículos fueron nuevamente atacados con bombas y balas de goma. Se cuenta que una gran campaña de delación e intimidación fue desencadenada en la Cosipa.

Aceros Villares en setiembre

Cerca de 2 mil operarios de la metalúrgica Aceros Villares entraron en huelga en la mañana del 3 de setiembre. Fue impedida la entrada de camiones, que transportan mercaderías para la empresa. Lo que sería una manifestación en todas las metalúrgicas del Valle de Paraíba, acabó se transformando en huelga en la Villares por que la negociación del reajuste salarial estaba trabada. Mientras que los operarios reivindicaban 10% de reajuste, la empresa ofrecía 5%. Después de tres días de paralización, las presiones elevaron el reajuste para 7%.

Universidades federales

Los funcionarios técnico-administrativos de las universidades federales volvieron al trabajo después de más de tres meses de una huelga considerada victoriosa. Aunque no hayan conseguido que el gobierno aceptase todas las reivindicaciones, las tensas negociaciones condujeron a un acuerdo con reajuste previsto que varia de 17% a 30%, dependiendo de la clase, en 2008.

Los reajustes están previstos también para 2009 y 2010, y llegan a 89%.

Gobierno reincidente

Los funcionarios del Ministerio de la Cultura, reanudaron en 22 de agosto la huelga suspendida en 30 de julio. En la ocasión los funcionarios suspendieron la paralización para aguardar la prometida propuesta que sería ofrecida por el Ministerio de Planeamiento. Continuando con la tendencia de ofrecer reajustes muy parcelados, el ministro Paulo Bernardo propuso un plan de reajustes hasta 2010, cuando serían atendidas las reivindicaciones salariales del movimiento de 2005, lo que fue considerado como una provocación por los funcionarios.

Incra nuevamente parado

Los funcionarios del Incra reanudaron en 10 de setiembre, la huelga iniciada en mayo y suspendida en 2 de agosto. Reunidos en asambleas en las unidades del Incra diseminadas por el País, los funcionarios decidieron reanudar la paralización. Además del reajuste, ellos reivindican la reestructuración del plan de cargos y salarios, la contratación de funcionarios y la retirada del proyecto de ley que limita por diez años los reajustes de salarios. La propuesta hecha por el Ministerio de Planeamiento durante la suspensión de la huelga no fue acepta por los funcionarios.

Funcionarios enfrentan Cabral

Después de las mega inversiones que las esferas: federal, estadual y municipal hicieron para financiar los Juegos Panamericanos, el gerente estadual para empresas constructoras, Sergio Cabral, entró para la historia al hacer una propuesta, lo mínimo, ridícula, a los trabajadores de educación, salud y "seguridad pública" del estado de Río de Janeiro.

La propuesta de la gerencia estadual era un aumento de 25% divididos en 24 parcelas mensuales, lo que completaría el reajuste apenas en agosto de 2009. Súmese a esto el hecho de que los funcionarios no recibieron reajuste en los últimos diez años — algunas categorías hace doce años.

Otro objetivo de Cabral era congelar las demandas salariales por dos años. Pero la propuesta no fue aceptada. Las categorías declararon huelga al día siguiente de la divulgación de la propuesta, en 14 de agosto. Cabral no quiso negociar con los sindicatos, ordenó pasar a descontar los días parados ya en el segundo día.

Los profesionales de educación, fueron los que demostraron mayor disposición para la huelga, consiguiendo la paralización de 60% de las escuelas, recibiendo apoyo de alumnos y padres. El piso salarial de un profesor en Río de Janeiro es de R$ 430,00, uno de los más bajos de Brasil. El personal de apoyo de las escuelas recibe nominalmente menos de un salario mínimo y el Estado complementa para que alcance R$ 500,00. Existe también una gratificación llamada de Nueva Escuela que no es recibida por más de ocho mil profesionales.

Grandes manifestaciones fueron realizadas casi diariamente, en frente al Palacio Guanabara y delante de la Asamblea Legislativa. En esas ocasiones Cabral no quiso recibir las comisiones de huelguistas.

Una de las principales reivindicaciones de la categoría, es la incorporación del Nueva Escuela al salario, promesa de Sergio Cabral durante la campaña electoral.

La movilización consiguió impedir que la Asamblea Legislativa del Estado aprobase el aumento propuesto. En compensación, un nuevo mensaje del gobernador concediendo apenas 4% de aumento fue aprobado por los diputados para ser aplicado ya en setiembre. La propuesta también no fue acepta y los profesionales continúan en estado de huelga, pero suspendieron la paralización.

Espíritu Santo

En huelga desde el 3 de setiembre, los profesores de Espíritu Santo volvieron al trabajo en 12 de setiembre, de acuerdo con la decisión de la asamblea realizada en el día anterior.

En el mismo día de la deflagración de la huelga, en una demostración que la "justicia" es rápida cuando quiere, el juez Rodrigo Cardoso Freitas, de la Segunda Vara de los Feitos de la Hacienda Pública Estadual de Victoria, declaró la huelga ilegal, atendiendo a la acción de la Procuradoria General del Estado. La punición al sindicato, en caso de que no obedeciese la orden judicial sería una multa de R$ 100 mil diarios. Mismo así, el movimiento — que envolvió 45% de los profesionales, según el sindicato — se extendió hasta el día 11 cuando se realizó la asamblea.

Entre las reivindicaciones de los profesores está la elección de directores de forma más directa (hoy son indicados por el gobierno), reajuste de 32% relativo a las perdidas salariales y a la realización de concurso público.

Alagoas

Estando en huelga por más de 40 días, la Policía Civil de Alagoas reivindica la equiparación salarial con los peritos criminales. El gobierno estadual no acepta la reivindicación con el argumento de no haber recursos para el reajuste. La propuesta del estado es de reajuste de 5%.

En 7 de setiembre, durante el desfile en la capital Maceió, una manifestación ocupó la avenida y provocó tumulto con los militares. El gobernador Teotonio Vilela Filho ordenó la interrupción del desfile y se retiró del local con sus agentes de seguridad.

Los peritos criminales también realizaron paralización el 3 de setiembre reivindicando del estado mejores condiciones de trabajo, ya que según ellos, llegan a comprar materiales con recursos propios para ejercer la función.

Médicos de Piauí

Los médicos de Piauí iniciaron lo que llaman de "operación tortuga" en los hospitales y clínicas del estado. También, según la decisión de la asamblea de la categoría, a partir del 8 de octubre los profesionales dejarán de atender pacientes encaminados por el Instituto de Asistencia y Previdencia de Piauí — Iapep, que no repasa a los médicos los valores de las consultas hace más de 120 días.

Los funcionarios de la Salud de Asagoas también se encuentran en huelga desde el 19 de agosto. La reivindicación es de un reajuste salarial de 80% para la recomposición de pérdidas y revisión del plan de cargos y carreras.

La huelga de los médicos y personal de salud en los estados del Nordeste se diseminó rápidamente, en agosto, a partir de Alagoas. Los movimientos reivindican reajuste salarial (reciben R$ 700 en Alagoas) y mejores condiciones de trabajo, ya que son obligados a trabajar en unidades sin la mínima condición de atender el público.

El monopolio de los medios de comunicación no demoró en responsabilizar los médicos en huelga por algunas muertes de pacientes ocurridas durante el periodo, usando estos hechos para atacar el derecho de huelga y manifestación de los trabajadores y reforzando la ofensiva de la gerencia federal contra los derechos del pueblo. Como si los trabajadores en servicios esenciales solo tuviesen deberes y no derechos.

Y por último.

Los funcionarios de la Empresa de Correos y Telégrafos paralizaron el procesamiento y entrega de cartas en casi todo el territorio nacional. La estimativa de la Federación Nacional de los Trabajadores en Empresas de Correos, Telégrafos y Similares es de que la huelga atingió 23 estados y paralizó 90% de las actividades de los correos.

Los trabajadores reivindican 47,7% de reajuste como reposición de pérdidas, más R$ 200 de aumento linear para todos los funcionarios. Pero la empresa ofrece apenas 3,74% más R$ 50 de aumento linear.

Represalias del Metro de San Pablo

Después de la heroica huelga de dos días realizada por los funcionarios del Metro de la ciudad de San Pablo, la directoria de la empresa anunció la democión de 61 trabajadores (algunos con más de 20 años de actividad) que participaron de la huelga, en un claro acto de persecución política. Según el Metro, los funcionarios habían presentado un desempeño abajo de la media y que la democión luego después de la huelga era una "coincidencia".

El precedente ya había sido verificado en la paralización anterior de la categoría, cuando el gobierno del estado ordenó la democión de otros cinco funcionarios.

La paralización fue decidida en una asamblea en que el sindicato tentaba postergar la huelga. Tanto la dirección del sindicato (Pecedobe y PT) y la "oposición" (Conlutas, PSTU) traicionaron los funcionarios, llamándolos a volver al trabajo, temiendo lo explosivo del movimiento y las amenazas de José Serra.

El hecho es que mientras la gerencia Luiz Inacio tienta restringir el derecho a huelga a través del Congreso, la gerencia estadual de José Serra ya lo hizo por medio de decretos y otras presiones, con la complicidad del sindicato y de la "oposición" oportunistas.

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