La divulgación de los mensajes intercambiados entre el entonces juez Sérgio Moro, hoy Ministro de la Justicia, y procuradores del Ministerio Público Federal (MPF) durante procesos de la Operación “Lava-jato” confirman los análisis del periódico A Nova Democracia desde el surgimiento de esta operación, de que esta era parte de un plan del núcleo del establishment (compuesto por grandes banqueros y dueños de corporaciones del agronegocio, por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas – ACFA –, por la cabeza de los monopolios de prensa y por el selecto grupo de procuradores y de la Policía Federal, entrenados por el FBI) compaginado con los planes del imperialismo yanqui de profundizar la militarización de América Latina. Con eso se puso en marcha un golpe militar contrarrevolucionario preventivo al inevitable levantamiento de las masas, que viene siendo aplicado paso a paso dentro del propio ordenamiento legal.
La Operación “Lava Jato”, puesta en marcha por el imperialismo yanqui y en estrecho contacto con el ACFA, fue planificada delante de la total falencia del sistema político brasileño, cuya falta de credibilidad popular favorece las condiciones para el levante de las masas, como los que acababan de ocurrir en 2013 y encendió la luz roja del peligro de revolución para los guardianes de ese sistema de explotación y opresión. Tal situación, poniendo en riesgo el monopolio del poder de las clases dominantes, debía ser prevenida, y esta fue la función de la ofensiva contrarrevolucionaria desencadenada con la Operación.
Un selecto grupo de procuradores con formación en escuelas yanquis, donde fueron debidamente amaestrados, fue incumbido de poner en práctica la Operación de salvación de la vieja orden amenazada. Aprovechándose del sentimiento anticorrupción de las masas y escondiendo el carácter reaccionario del Estado latifundista-burocrático servil del imperialismo, principalmente yanqui, el objetivo era cortar dentro de las propias clases dominantes locales y del Congreso Nacional, prender viejos caciques experimentados, entrañados en las estructuras de poder del viejo Estado reaccionario, dando una impresión de saneamiento de las instituciones del Estado ya desacreditadas para las masas y presentar para las elecciones de 2018 una “cara nueva”, que no representase el mundo político oficial, que consiguiera aplicar las políticas necesarias para el imperialismo, principalmente yanqui (para lo cual el PT ya no más servía), dando condiciones políticas más favorables para una reestructuración del Estado reaccionario y así salir de la crisis económica, impulsar el capitalismo burocrático y conjurar el peligro de la revolución.
En medio a duras disputas de grupos de poder, se dio inicio a la Operación en 2014, con la investigación de denuncias de corrupción en la Petrobras. Luego, hubo una reacción de esos grupos de poder encabezados por los viejos caciques que, temerosos de perder espacio dentro del aparato del viejo Estado y contrarios a los objetivos de la “Lava Jato”, tomaron la iniciativa de dirigir toda la culpa de la crisis y de la corrupción en el PT, colocando la cabeza de Dilma a premio en el proceso de impeachment, desviándose como blanco de la opinión pública anticorrupción. En este sentido, las pugnas de los grupos de poder y sus artimañas para mantenerse en el aparato del Estado hizo enflaquecer la Operación.
Aprovechándose de la desvergonzada administración petista y su política de “presidencialismo de coalición”, con la entrega de ministerios y estatales a partidos para formación de su base aliada, el MPF, debidamente instrumentalizado por el FBI, fue cumpliendo las directrices de la ofensiva.
Habiendo ocurrido el impeachment de Dilma como maniobra del mundo político oficial, y el PMDB asumiendo la presidencia, la Operación “Lava Jato” concentró como blanco, preferentemente, el PT y sus aliados y su desastrosa actuación en el aparato de Estado (en verdadero contubernio con media docena de contratistas ya viciadas en privatizar acciones del Estado). Así, no fue difícil a los órganos acusadores juntar pruebas de malversación de los recursos de la Unión en acciones espurias.
Las prácticas corruptas y espurias expuestas por la Operación, en verdad, son el modus operandi del Estado en un país semifeudal y semicolonial, siempre fueron la característica del Estado brasileño y su capitalismo burocrático, por lo menos desde la fundación de la República. Anteriormente, cuando reveladas y cuestionadas, el Congreso Nacional siempre abría las Comisiones Parlamentarias de Interrogatorio (famosas CPI) que normalmente acababan en nada. Sin embargo, con la “Lava Jato”, según el plan de la ofensiva, la cosa debería ser diferente: se trataba de descartar los personajes más desmoralizados del sistema político putrefacto para mantener la vieja orden, reaccionarizando aún más el Estado, pues se trataba de recuperar la imagen de las viejas instituciones ya tan desacreditadas al punto de, inclusive, atingir contra los intereses del USA en el país por el agotamiento del capitalismo burocrático y por la inminencia de una gran explosión en el levante de masas y el peligro de revolución.
En el transcurso de la Operación, con viajes periódicos a USA, tanto el ex-juez Sérgio Moro como varios miembros del MPF prestaban cuentas y a la vez se instruían sobre nuevas acciones, recibían las directrices. La conversación entre ambos, surgida ahora por el escándalo de la fuga de sus celulares, revela toda la maquinación, aunque aún estén escondidos sus reales jefes, es decir, el imperialismo yanqui a través de sus agencias y el ACFA, que garantizó todo.
Fue esa ofensiva contrarrevolucionaria, bajo la forma del golpe militar paso a paso, que convergió todo el núcleo duro del establishment en esa operación de lavar la fachada de esa vieja democracia y pusieron tanto Moro cuánto Dalagnol y su patota como los “super-héroes brasileños”, facultándoles el derecho de actuar por cima de la ley. Fue así que la orden institucional y legal fue deformada, bajo la máscara de “instituciones sólidas”, como parte del golpe militar.
La fuga, a lo que todo indica, fue realizada con el objetivo de exponer la maquinaria ilegal contra el ex-candidato petista y, consecuentemente, presionar el STF a decidir por la soltura de Luiz Inácio. Sin embargo, la repercusión y sus consecuencias pone más leña en la hoguera en las pugnas en el seno de las clases dominantes, de sus grupos de poder e instituciones.
Durante todo el mes de junio el STF discutirá en varios aspectos las implicancias de estos audios en el caso del petista, pudiendo inclusive soltarlo. Una eventual soltura de él alimentaría la retórica bolsonarista de una reedición del régimen militar para salvar la vieja orden en descomposición. Tal hecho agitaría aún toda su base fascista civil y en las tropas, elevando en estos medios la propaganda de su proyecto corporativo, lo que, por su parte, hace crecer la presión sobre el ACFA, que recela perder el control de la tropa y aún de la opinión pública. Por eso, Villas-Bôas y Mourão, después de la fuga de los audios, trataron de disminuir el episodio y rechazar veladamente la posibilidad de la soltura de Luiz Inácio, diciendo que quién está por detrás de la fuga está atacando e intentando vaciar a “Lava Jato”. La situación hace crecer la crisis militar como centro de la crisis institucional del viejo Estado.
La retórica, difundida por la reacción, de que desenmascarar la ofensiva contrarrevolucionaria y la “Lava Jato” sólo sirve a los corruptos es un embuste y una forma de aceptar que una “Justicia” de clase, dominada e instrumentalizada por el imperialismo, tenga el derecho de dictar las cartas y quebrar lo que resta de nuestra soberanía.
El ACFA, que desde el inicio estuvo en la coordinación de todo y trabaja con varios escenarios de desemboque de la crisis política, de ojo en el proceso electoral, aunque Bolsonaro no fuera su candidato preferido, trató de imponer a Mourão como vice. Y así, el ACFA empalmó el gobierno Bolsonaro llevando Moro junto como Ministro de la Justicia, como ejemplo de “justiciero”. Acontece que la disputa entre derecha (hegemonía en el ACFA) y extrema-derecha (grupo de Bolsonaro) aún tendrá muchos desdoblamientos y revelará más aún cuan reaccionarios, antipueblo y vende-patria son ambos grupos.
La revelación de los chanchullos de la Operación “Lava Jato” confirma el podrecimiento y falencia del viejo Estado reaccionario y que solamente la derrumbada revolucionaria de toda vieja orden y la construcción de una Nueva Democracia puede llevar justicia para las más amplias masas explotadas y oprimidas de nuestro país.
