En el inicio de julio, el brazo nacional del monopolio internacional de los medios de comunicación informó con satisfacción que por el segundo año consecutivo cinco empresas con sede en Brasil figuraban en la lista, divulgada anualmente por la revista yanqui Fortune, de las 500 mayores compañías del mundo. Entraron en la tal lista — tradicional ranking de ostentación de los logros astronómicos de los mayores monopolios del planeta — Petrobras, Vale, Itaúsa (holding que tiene el control accionario de la empresa que se originó de la fusión entre el Itaú y el Unibanco), Bradesco y Banco do Brasil. Por más que los grandes periódicos y las emisoras de la gran burguesía brasileña se esmeren para transformar datos de esta estirpe en motivo para inflar el orgullo nacional, las masas no caen en este tipo de trampa, pues entienden que no hay motivo para el pueblo ufanarse del capital que, además de oprimir aquí dentro, se vanagloria de su actuación predatoria en la vecindad, donde se vale de todo su poder para crecer en el sentido opuesto al de los intereses de los pueblos hermanos de América Latina.
Lo que es peor: sea el capital mixto (caso de la Petrobras), sea el capital privado (principalmente la Vale y las empresas corruptas del monopolio de la construcción civil), estos monopolios en expansión cuentan con los favores del Estado semicolonial, actualmente bajo la gerencia de Luiz Inácio, para clavar sus garras en otros cantos de nuestro continente. Esta gerencia, una más entre las utilizadas por el imperialismo, nutre pretensiones de que el país se consolide como una potencia regional opresora, usa sobre todo el dicho Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) para financiar con empeño cada vez mayor las aventuras expansionistas de un pretenso "sub-imperialismo" brasileño. Como buenos oportunistas, Luiz Inácio y su bando intentan justificar la financiación pública de las ofensivas de las transnacionales "brasileñas" usando el argumento tramposo de que lo hace en nombre de la integración de los pueblos latinoamericanos.
Los datos de la edición de 2008 del ranking de las transnacionales brasileñas editado por la fundación Dom Cabral mostró que el año de 2007 marcó el inicio de una profundización de la expansión internacional subvencionada por el Estado de los grandes monopolios basados en Brasil, confirmando otro refuerzo de una tendencia cuyo gran salto fue dado en 2001, aún bajo la gerencia de Fernando Henrique Cardoso. El nuevo salto de 2007, con aumento exponencial del "flujo de inversiones" en los países vecinos, reflejó la saña de adquisiciones de empresas extranjeras por las transnacionales financiadas por Luiz Inácio, con un aumento de 66 operaciones de este tipo. Compañías como Gerdau, Friboi, Votorantim y las propias Vale y Petrobras desataron su sangría monopolista en países como México, Colombia y Argentina. Los activos externos de las 20 mayores transnacionales brasileñas crecieron 30% en 2007 en relación al año anterior, sobre todo en los sectores de minería, acero, petróleo, gas y de construcción civil. Entre las diez mayores, hay tres constructoras: Camargo Corrêa, Odebrecht y Andrade Gutierrez y, además de ellas, la Votorantim Cimentos.
Mafiosos, como todo monopolio
Son incontables los casos de transnacionales brasileñas haciendo la fiesta a cuesta del sudor y del patrimonio de los pueblos latinoamericanos. La actuación de la "estatal" Petrobras en Bolivia, a de la constructora Queiroz Galvão en Perú, la infame presencia de la Coteminas (del vicepresidente José Alencar) en Haití, y la expansión del imperio de la Vale en Chile y en Guatemala son algunos de ellos.
Un ejemplo reciente del respaldo incondicional que el Estado brasileño da a estas transnacionales en sus ofensivas llevadas a cabo en el exterior fue el grotesco episodio envolviendo el Itamaraty, la constructora Odebrecht y la gerencia de Rafael Corrêa en Ecuador. La constructora ganó la licitación para la construcción de una hidroeléctrica en el país vecino, la de San Francisco, y después realizó una obra de chapuza, llena de fallas grotescas e irresponsables, y todo con dinero tomado prestado por el gobierno ecuatoriano junto al BNDES y repasado a la constructora mafiosa. Después de investigaciones y una auditoria en la obra, se evidenciaron los fraudes y los incumplimientos de la Odebrecht al que había sido contratado, y cuando Rafael Correa (con la buena dosis de demagogia que le es peculiar) expulsó la empresa del país y dijo que no pagaría la deuda con el BNDES, la gerencia de Luiz Inácio llamó el embajador brasileño en Quito de vuelta y dejó bien claro que la constructora mafiosa tenía todo su apoyo.
El caso de la usina hidroeléctrica de Itaipu, construida en la frontera entre Brasil y Paraguay, es típico de este dominio sobre territorios extranjeros regionales que el Estado oligarca brasileño quiere perpetuar y aumentar. Acertado aún bajo las gerencias militares en los dos lados de la frontera y bajo la influencia del general Golbery do Couto e Silva, el Tratado de Itaipu fue firmado en condiciones desfavorables para Paraguay, lo que vendría a ser enmascarado por el nombre-slogan que el proyecto recibió: "Itaipu Binacional".
Las obras de aquella que hasta hoy es la mayor hidroeléctrica del mundo fueron entregadas en bandeja a la contratista brasileña Mendes Júnior, y hoy el excedente de la cota de producción de la usina que corresponde a Paraguay es vendida a precio de banana, irrisorio, para la Eletrobrás. Como los paraguayos usan sólo 5% de la gigantesca porción energética a que tienen derecho, los militares brasileños y el tirano vende patria Augusto Stroessner sabían muy bien que un tratado en estos términos significaría simplemente la usurpación de las riquezas de Paraguay por el subimperialismo verde y amarillo.
La actual gerencia paraguaya llegó a pedir la revisión de este infame contrato, Luiz Inácio resistió, y después el obispo Fernando Lugo acabó aceptando otro acuerdo propuesto por la gerencia brasileña, que prevé autorización para Paraguay vender energía en el mercado brasileño y el pago de tres veces más por la energía que va para la Eletrobrás. Entre Stroessner y Lugo, se salvaron todos los vendidos, pero el patrimonio del pueblo vecino continuará siendo objeto de la rapiña del capital abrigado en Brasil, aunque bajo condiciones aparentemente más suaves.
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