Traducción: Enrique F. Chiappa

Recientemente, el ministro de planeamiento, Paulo Bernardo, afirmó que el gobierno va a usar la ley para impedir las huelgas de los empleados públicos en 2008.

La cuestión es que, ante la extinción de la CPMF (impuesto sobre transacciones financieras), el gobierno suspendió todas las negociaciones y hasta acuerdos ya firmados de aumento salarial para este año. Es más de que lógico y bastante legítimo que los funcionarios públicos se manifiesten, entrando en huelga, por la defensa de los acuerdos celebrados y del derecho a salarios dignos.

La Confederación Nacional de Trabajadores en el Servicio Público Federal (Condsef), que representa 770 mil funcionarios de la Unión, de 28 sectores, ya afirmó que hay una gran posibilidad de una huelga masiva de funcionarios públicos, ante las declaraciones del ministro de Planeamiento.

La onda de huelgas de 2008 comienza con la convicción de que momentos decisivos se desarrollaran este año, principalmente para los empleados públicos.

Al lado de los campesinos

Cerca de 700 funcionarios del Frigorífico Redención, en Redención, Pará, entraron en huelga en 22 de setiembre. La huelga ocurrió en el mismo período y región en que los campesinos pobres del sur de Pará estaban siendo reprimidos por la operación “Paz en el Campo” y revidando con la liberación y realización de una audiencia pública en la propia Redención.

Pese a no tener el apoyo del sindicato de la categoría, los empleados cruzaron los brazos en protesta por la falta de paga de derechos laborales. El Frigorífico había sido vendido al Grupo Bertin y circulaban en la ciudad rumores de que la empresa no asumiría las cargas laborales dejadas por la antecesora.

Los operarios tenían una lista de reivindicaciones para negociar que incluía: pago del FGTS y de la rescisión contractual con la ex empresa y contratación por el Grupo Bertin, mantenimiento de los empleos por seis meses, ningún descuento por los días parados, distribución de cestas básicas, pago de horas extras, reforma del refectorio, vestuarios y área de salud. En contrapartida, los funcionarios calificados se comprometían a no dejar la empresa en los próximos seis meses. Pero la empresa no quiso negociar con los trabajadores.

En el día 8 de enero, durante la huelga, 200 trabajadores recibieron cartas de dimisión en sus residencias. La empresa alegó insubordinación y abuso en la huelga. La tesis fue aceptada por la Vara del Trabajo de Xinguara. Los trabajadores recurrieron y el caso fue parar en el Tribunal Regional del Trabajo, que concedió decisión favorable a los trabajadores. La empresa va a ser obligada a pagar aviso previo indemnizado, aguinaldo, vacaciones, FGTS, indemnización por no dar el requerimiento del seguro-desempleo, intereses y corrección monetaria.

Abogados en huelga

Cerca de 11 mil abogados públicos de la Unión, defensores públicos, procuradores de la Hacienda Nacional, del Banco Central y de la Seguridad Social iniciaron un movimiento huelguista en 17 de enero.

Los abogados exigen el cumplimiento de un acuerdo que preveía 39 % de aumento salarial, hasta 2009, realizado el año pasado, durante la última paralización de la categoría.

Ahora, la gerencia Lula-FMI afirma que va a cancelar todos los acuerdos de aumento salarial por causa del fin de la cobranza de la CPMF.

La huelga había sido declarada ilegal por la Justicia Federal del Distrito Federal. La decisión consideraba a la abogacía pública como actividad esencial. Sin embargo, en 26 de enero, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, en Porto Alegre, consideró totalmente legal la huelga de los abogados, ya que cumplió todas las exigencias legales, como mantener 30% del funcionalismo activo y comunicar con antecedencia sobre la paralización.

Policías Civiles

La justicia estadual de Alagoas consideró la huelga de los comisarios ilegal, en 11 de enero. La multa, caso la categoría no vuelva al trabajo, es de R$ 5 mil por día. Mismo así, los policías civiles de Alagoas, en huelga a casi seis meses por reajuste salarial, decidieron en el día 22 aumentar la movilización de la categoría. Ellos van a retomar las protestas y manifestaciones, siguiendo el modelo de movilización del año anterior.

En el mismo día, los policías realizaron una manifestación por las calles de la capital, Maceió, con un coche con amplificador, fajas difundiendo sus reivindicaciones.

El gobierno ofreció 36,7% de aumento, dividido en 36 meses, lo que representaría 1,01% al mes. La categoría consideró la propuesta insatisfactoria y continúa paralizada.

Profesores

En huelga a casi dos meses, profesores y estudiantes de las Universidades Estaduales de Ceará (Uece), de Cariri (Urca) y del Valle de Acaraú (Uva) realizaron manifestación y bloquearon una de las principales avenidas de Fortaleza, por cerca de una hora, en el último día 22, en la tentativa de presionar el gobierno a negociar las reivindicaciones de la comunidad académica. El gobernador Cid Gomes no recibió los manifestantes.

Los profesores exigen un Plan de Cargos y Salarios, además de la definición de un piso salarial para la categoría. Los estudiantes reivindican mejoras en la asistencia estudiantil y en la infraestructura de la universidad, además de apoyar los docentes. El gobierno afirma que solamente negocia después del fin de la huelga, mas los profesores prometen no ceder, hasta que no haya una negociación satisfactoria.

Trabajadores de la Fosfértil

Los trabajadores de la Fosfértil, en el complejo industrial de Araucaria, región metropolitana de Curitiba, permanecieron en huelga desde el día 13 de enero hasta el día 23. Ellos reivindican 5% de aumento, además de 4,78% de reposición salarial. Después de dos meses de negociación, el día 14 de enero, la huelga fue deflagrada. Los trabajadores también reivindican el fin del banco de horas y el recibimiento de las horas extras.

La empresa hizo una contrapropuesta, aceptando el valor de reposición, pero ofreciendo apenas 1,98% de aumento real. Después de una paralización de diez días, los trabajadores aceptaron la propuesta de la empresa, además de otras conquistas, como el aumento del auxilio-farmacia.

Durante el período de la huelga, la empresa obligó a los pocos trabajadores que mantuvieron las actividades, a trabajar más de ocho horas por día, quedando muchas veces sin derecho a descanso, trabajando sin interrupciones, motivo por el cual la empresa fue multada por el Ministerio del Trabajo y Empleo con multas que llegan a R$ 25 mil.

Trabajadores de la salud

En el Estado de Bahía, los agentes de combate a las infecciones endémicas, entraron nuevamente en huelga, en el día 15 de enero. Los agentes exigen el pago de salarios atrasados, vale-alimentación y vale-transporte. Es la tercera huelga de la categoría, en tres meses seguidos, y todas por falta de pago.

Los funcionarios de la salud de Alagoas, bloquearon el acceso al principal hospital de urgencias de Maceió, con fajas y reclamos por más de una hora. Los agentes de salud de Alagoas están en huelga a casi seis meses por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Ellos reivindican 40% de aumento salarial y se movilizan a través del Movimiento Unificado de Salud, que reúne sindicatos de enfermeros, sicólogos, nutricionistas, etc.

En Ceará, los cardiólogos que atienden en hospitales públicos y en establecimientos vinculados al Sistema Único de Salud entraron en huelga en el día 17 de enero. Ellos revindican el cumplimiento de un acuerdo hecho con las secretarías de salud de Fortaleza y del estado, que preveía aumento en el pago por las cirugías y la contratación de anestesistas.