En el día 16 de julio, el niño Wesley Gilbert Rodrigues de Andrade, de 11 años, asistía aulas en el Ciep (Centro Integrado de Educación Pública) Rubens Gomes, en Costa Barros, zona norte de Río de Janeiro, cuando fue alcanzado por un tiro en el pecho y murió. En el momento en que el estudiante fue baleado, policías del 9º batallón de la PM (Bangu) hacían una operación al lado de la escuela, en el Morro de la Pedreira, donde cinco personas también murieron.
Según la PM y el monopolio de los medios de comunicación, todos eran traficantes que intercambiaron tiros con la policía. Indignados, habitantes de Costa Barros bloquearon calles, quemaron neumáticos y enfrentaron la policía.
La bala que alcanzó Wesley tenía el mismo calibre de los fusiles usados por la policía en la invasión al Morro de la Pedreira y, por eso, las 30 armas de los agentes que participaron de la operación comenzaron a ser peritadas por el Instituto de Criminalística Carlos Éboli sólo tres días después del asesinato de Wesley.
Cuando el crimen completó un mes, profesores, habitantes de favelas, parientes de víctimas de la violencia policial, demócratas e intelectuales progresistas se reunieron en el terminal Central do Brasil, en el Centro del Río de Janeiro, para protestar. En la ocasión, músicos y actores hicieron presentaciones y centenares de trabajadores que pasan por el local todos los días pudieron conocer la lucha por justicia de la familia y amigos del niño Wesley, así como de otras víctimas de la violencia de este Estado fascista.
Es el caso de José Luís Farías da Silva, habitante de Acari y padre del niño Maicon, muerto por la policía hace 14 años. En la época, el chico tenía dos años y, desde su asesinato, José Luís se hizo una figura conocida en los movimientos sociales que luchan contra la política de exterminio de pobres de las gestiones de turno. Él dice que la indiferencia de la policía con respecto a escuelas y guarderías en favelas y barrios pobres es un problema antiguo.
— Eso que aconteció con Wesley nunca fue novedad. En Acari también existió ese problema. Hace cuatro meses, hubo una operación de la policía que dejó un niño de dos años y un profesor del Ciep Antonio Candeia Filho heridos. Pero no apareció nada en los periódicos — denuncia José Luís.
— En 13 de agosto, la policía civil hizo una operación allá en Acari y la guardería de la comunidad quedó toda agujereada de tiros. Los policías quedaron todo el tiempo escondidos del lado de la guardería, sabiendo que había varios niños en el local. Cuando ellos entraron en Acari, varios tiros que partieron de la dirección de la policía alcanzaron la guardería. A ellos no les importa. En enero, en el mismo local, la policía mató el señor Ébis Peixoto, de 69 años, con nueve tiros. El Ministerio Público dijo que iba a hacer la reconstitución del caso, pero hasta hoy, nada fue hecho — protesta el padre de Maicon.
Márcia Honorato, de la Red de Comunidades y Movimientos Contra la Violencia, concuerda con José Luiz y dice que en las favelas todos son blancos de la policía asesina de Cabral y Beltrame.
— La policía está cumpliendo perfectamente el papel que ella tiene que cumplir: reprimir los pobres. Entonces, es lo mismo para ella si el pobre es estudiante o si no es estudiante. El caso de Wesley no es novedad. Eso acontece todos los días en escuelas localizadas dentro de favelas y los gobernantes no se importan. Para ellos, la vida de nadie de allí vale nada, sea estudiante, profesor, habitante, cualquiera. Todo día muere un Wesley — lamenta Márcia.
Varias organizaciones participaron del acto en la Central do Brasil, entre ellas el SEPE-RJ (Sindicato Estadual de los Profesionales de la Educación), la Red de Comunidades y Movimientos Contra la Violencia, la OAB-RJ (Orden de los Abogados do Brasil), la Pastoral de las Favelas, el Grupo Tortura Nunca Mais, el IDDH (Instituto de Defensores de los Derechos Humanos), el Comité Palestina Libre, la Asociación de Habitantes y amigos de Vigário Geral y el Movimiento Direito Para Quem. Integrantes de todas las organizaciones, reunidos en una audiencia en la Secretaría estadual de Seguridad, exigieron mejores condiciones de trabajo para profesores y el fin de las operaciones policiales en los horarios de aula.
Traducciones: [email protected]
