Policía Militar mata ocho jóvenes en cinco días
En los últimos días de este mes, el genocidio contra el pueblo pobre que habita las favelas y barrios proletarios de Río de Janeiro ha ganado contornos cada vez más bárbaros, transformándose en una verdadera masacre cotidiana. Todos los días, millones de trabajadores han despertado al sonido de tiros y enfrentado un verdadero caos para entrar y salir de los territorios donde viven. Operaciones policiales pautadas por el total desprecio a la vida de esos trabajadores y sus familias han producido pilas de cuerpos, en su mayoría de jóvenes favelados, que tienen sus vidas y sueños interrumpidos por la saña genocida de las gestiones de turno, encabezados por Witzel y Bolsonaro (tutelado por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas). Diariamente, el informativo es infestado de verborragia de esos charlatanes endosando la masacre y encorajando sus tropas de asesinos a incrementar la violencia contra el pueblo, duela a quién doler.
Sin embargo, en el mes de agosto, el pueblo ensayó su revuelta, bloqueando calles, erigiendo barricadas y rechazando Witzel en eventos oficiales y hasta en compromisos académicos del gerente estadual y declarado enemigo del pueblo. Eso porque, en ese mismo periodo, el asesinato de jóvenes en operaciones policiales se hizo trivial y todo día en Río de Janeiro se contabiliza una nueva víctima. En una semana, al menos ocho personas fueron muertas en diferentes partes de la capital y región metropolitana, causando conmoción e indignación de la población carioca.
El día 9 de agosto, la rebelión popular comenzó a diseñarse después de la muerte del joven Gabriel Pereira Alves, de 18 años. Él esperaba el autobús en una parada al lado del Morro del Borel cuando la policía inició una operación en la favela. Un disparo alcanzó el joven en lleno en la barriga y, aunque socorrido por amigos, el joven no resistió, muriendo antes aún de llegar al hospital. Indignados, habitantes bloquearon la Calle Conde de Bonfim en el local donde el muchacho fue baleado. La Policía Militar (PM) atacó manifestantes con bombas de gas lacrimógeno y efecto moral. Tres días después, una nueva protesta bloqueó varias calles de la Tijuca en repudio a la acción de la policía en el Morro del Borel que resultó en la muerte del joven Gabriel. Él estudiaba en el Colegio Estadual Herbert de Souza y estaba a camino de la escuela cuando fue baleado. Dos días después, en su sepelio, en el Cementerio de la Penitencia, barrio del Caju, el padre del muchacho, Fabrício Alves, desahogó.
“Yo no tengo el derecho de saber cuál fue la arma, ¿cuál fue el proyectil que alcanzó mi hijo. ¿Dónde están nuestros gobernantes? Sólo pido que cuiden de nuestros niños, que pasen a mirar un poco para nuestra comunidad, porque no es posible que todo el mundo que está aquí sea de una mala índole, ellas representan mi hijo. Yo pago mis impuestos, trabajo prácticamente hace 20 años en el mercado, me levanto 6 horas de la mañana, para cuidar de mis hijos. Toda la preocupación que tuve con mi hijo, yo lo llamaba para saber si él ya había llegado del fútbol, con quien él estaba, para cuál fiesta él estaba yendo. Yo siento que esos 20 años están siendo para nada”, lamentó el padre, que cumplía años en el día del asesinato del hijo, al periódico El Globo.
Al día siguiente (11), en Niterói, región metropolitana de Río, el joven Dyogo Coutinho, de 16 años, salía de casa en la Favela de la Grota, para jugar una partida de fútbol, cuando fue sorprendido por la llegada de la policía en uno de los accesos a la favela. De acuerdo con testigos, PM habrían disparado y acertado Dyogo en la barriga. El chico fue socorrido por el abuelo, que es chofer de autobús y utilizó el colectivo que dirige para llevar el nieto al hospital. Infelizmente, el muchacho no resistió a las heridas y murió al final de la tarde. Vecinos también se indignaron y llegaron a incendiar un autobús. Otra vez la policía atacó manifestantes con gas y fue respondida con piedras y botellas. Uno de los PM habría disparado contra manifestantes desarmados, alcanzando el joven Renan da Silva Lima, de 18 años. Baleado en uno de los brazos, él fue llevado para el Hospital Estadual Azevedo Reyes y se encuentra bien.
Sobre el asesinato, testigos dijeron que policías estaban escondidos en una callejuela y, así que el Dyogo pasó por los PM cargando una mochila con ropas y una zapatilla, uno de los policías disparó un único tiro en la barriga del joven estudiante y jugador de fútbol. Al abrir la bolsa de Dyogo, uno de los policías habría señalizado negativamente para quien disparó en señal de reprobación. El día del sepelio, más protestas, conmoción y revuelta. El muchacho fue sepultado en el Cementerio San Francisco Xavier, en el barrio de Charitas, a menos de un kilómetro de donde el joven fue asesinado a sangre fría por policías. La hermana menor de Dyogo, Sofia Coutinho, de sólo siete años, hizo un discurso emocionado en la despedida del hermano.
“Que cada persona que esté aquí siempre viva bien, que no pierda nadie así de esa manera. Siempre cuando alguien esté así bien triste, con sus manos y lava el corazón de él”, dijo la niña.
“El policía que tiró en mi nieto dijo que el chico era traficante. Yo quería socorrer mi nieto. Yo le dije: ‘Caramba, mi nieto no es traficante. Mi nieto estaba yendo para Edson Pasos, para el América Fútbol Club, a jugar. Dentro de la mochila debe haber una zapatilla y una sandalia. Pero ya se fue. Ya fue”, dijo el abuelo de Dyogo a vehículos del monopolio de los medios de comunicación.
Indignada, una multitud de amigos y parientes, salió del cementerio y bloqueo las pistas de la Playa de Charitas en el sentido Centro para protestar.
Dos días después (11), en el municipio de Magé, en la región metropolitana de Río, el joven Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, de 19 años, también esperaba el autobús a las márgenes de la Favela Terra Nova, barrio Laguna, donde acontecía desde temprano una operación de la PM. Henrico fue alcanzado en la barriga y socorrido por compañeros. Llevado para el hospital, el joven ya llegó a la unidad sin vida. La PM divulgó nota en la cual acusó Henrico de estar armado y que habría intercambiado tiros con los agentes. Sin embargo, médicos, enfermeros del Hospital Municipal de Magé, parientes y amigos del muchacho que lo socorrieron, dijeron que los policías ni al menos se aproximaron del cuerpo para verificar contra quien habían disparado y siguieron disparando al azar como si nada hubiera acontecido.
La nota de la PM incrementó aún más la indignación del pueblo que cerró varias calles de Magé y siguió en dirección al Palacio Anchieta, sede del ayuntamiento. En el local, manifestantes fueron contenidos por vigilantes y policías. Del lado de fuera, la masa colocó fuego en neumáticos e irguió barricadas. La policía atacó nuevamente, esta vez con bombas de gas lacrimógeno. Según la familia del joven, él estudiaba y trabajaba en una red de supermercados.
“Un niño educado, de bien, los policías ya entran sin respetar hijo de nadie. Eso no existe. Yo no quiero estar en la piel de esa madre. Sólo porque es negro, mochila en la espalda, puede ser blanco, que todo el mundo es bandido. ¿Hasta cuándo va eso?”, preguntó una amiga de la familia al Globo, en el entierro del joven que trabajaba como aprendiz comercial en servicios de venta, en la filial de una gran red de supermercados en Magé.
Menos de 24 horas tras el asesinato de Henrico, tres personas murieron y un bebé de un año y nueve meses fue baleado en una operación de la PM en la comunidad del Quarenta e oito, en Bangu, zona oeste de la capital. Dos de los muertos no tuvieron sus identidades divulgadas y la tercera víctima fatal fue Margareth Teixeira, de 17 años. Ella caminaba por la favela con su hijo en los brazos cuando fue sorprendida por policías. El bebé fue alcanzado en uno de los pies y no corre riesgo de vida. Baleada por lo menos tres veces, dos en el pecho y una en la espalda, Margareth ya llegó al hospital muerta. Ella fue sepultada el día 16, viernes, en el cementerio São Francisco Xavier, en el Caju. Después del velorio, el padre de la joven, Rogério da Costa, de 42 años, hizo duras críticas a Witzel y su política de exterminio.
“Mi hija estaba yendo a buscar Dios. Están arrancando un pedazo de mí y nadie hasta ahora vino a hacer un pedido de disculpa. Quitaron ella de mí con una brutalidad muy grande. Bala perdida es una cosa, dos tiros de raspón a lo sumo. Varios disparos y perforaciones se llaman ejecución. Pido que el gobernador vuelva a ver la estrategia de invadir las comunidades pensando en matar. Hoy fue mi hija, mañana será la hija de otro. Eran dos niños, mi hija está muerta y mi nieto internado. Clamo por justicia. Sólo pregunto al gobernador: ¿hasta cuándo?”, denunció el padre en testimonio al periódico O Globo.
Al día siguiente, una operación de la PM en la favela del Jacarezinho, zona norte de Río, terminó con un hombre muerto, un anciano y un joven baleado. La víctima fatal no tuvo su identidad divulgada; Jean Peixoto Felix, de 23 años, baleado en el abdomen, sigue internado en el Hospital Salgado Filho (hasta el cierre de esta edición) y su estado de salud es gravísimo; y el barrendero comunitario Jair Oliveira de Farías, de 78 años, baleado en el brazo, se encuentra internado en la misma unidad de salud, sin embargo no corre riesgo de vida.
El día 16/08, el joven tornero mecánico, José Luiz de Oliveira Filho, de 27 años, volvía para casa después de un día de trabajo, cuando fue sorprendido por policías de la Unidad de la Policía Pacificadora (UPP) del Complejo del Lins que invadían el Morro del Gambá disparando al azar. Uno de los tiros habría alcanzado José Luiz que murió antes de llegar al hospital. Enfurecidos, habitantes bloquearon calles que dan acceso al Complejo del Lins e irguieron barricadas en protesta por la acción de la policía.
En 19/08, al ser cuestionado por periodistas sobre la letalidad de las acciones policiales, Witzel dijo que no irá a retroceder en su política de exterminio que, según él, “está apenas comenzando”. El gerente estadual dijo aun, que habitantes de las favelas y barrios pobres que son blancos de operaciones policiales tienen que aprender a protegerse de los tiros, pues las operaciones van a continuar aconteciendo. El día 20, una habitante de la Ciudad de Dios filmó el momento en que un artefacto explosivo, supuestamente una granada, fue tirada desde un helicóptero de la policía civil durante una operación. El día 12 de agosto, más de 1.500 cartas y dibujos fueron reunidos por la ONG Redes de la Marea y entregados a desembargadores del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, junto con una petición solicitando el restablecimiento de la acción civil pública que regula y restringe las operaciones policiales en la Marea.
“No me gusta el helicóptero porque él tira para bajo y las personas mueren”, decía un niño de 10 años en uno de los dibujos mandados a los desembargadores. Sin embargo, al recibir las cartas, el presidente del TJRJ, desembargador Cláudio de Mello Tavares dudó que las cartas hubieran sido escritas por los niños. En entrevista al periódico O Globo, él declaró: “El juez de la causa tiene que analizar si aquellas cartas realmente fueron hechas por los niños, si no fueron encomendadas, si no hay algo por detrás de eso, si realmente es la sociedad de la Marea que está clamando para que eso pare, para que esa violencia pare”.
Según datos del instituto de Seguridad Pública de Río, solamente en los siete primeros meses de 2019, la policía mató 882 personas, el mayor número de los últimos 17 años. Además de eso, según los datos, hubo un aumento porcentual del 42% en el volumen de operaciones, y la letalidad de esas acciones aumentó 46% en relación al mismo periodo del año pasado. En la proporción en que avanza la masacre, crece también la indignación de las masas, con protestas diarias contra esa verdadera masacre orquestada por los gerentes de turno al frente de ese viejo y tambaleante Estado brasileño.
Policías alquilan ‘caveirão’ a traficantes
Policías del 9º Batallón de la PM de Río fueron denunciados por el Ministerio Público Estadual (MPRJ) por asociación al tráfico después que un vehículo blindado de la policía apareció en fotos de traficantes en las redes sociales. En las imágenes, traficantes minoristas de los morros de la Serrinha, Jorge Turco y del Complejo da Pedreira, todos en la zona norte de Río, aparecen portando fusiles al lado de uno de los blindados de la PM, conocido como “caveirão”. Según el MP de Río, los policías recibían dinero de los traficantes para alertar sobre operaciones policiales, rondas de comisarías especializadas y hasta el alquiler de vehículos blindados para ataques a favelas dominadas por facciones rivales.
La jueza Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros, de la Auditoria Militar, acató la denuncia del MPRJ y determinó el alejamiento inmediato de los nueve agentes. Ocho de ellos van a responder por los crímenes de asociación criminal y corrupción pasiva. El noveno agente fue denunciado por asociación al tráfico de drogas. La investigación concluyó aun, que además de esos nueve policías, otros ocho agentes deben ser suspendidos pues, según la jueza, “expusieron a peligro una unidad policial”, haciendo referencia a las imágenes publicadas por los traficantes en las redes sociales.
